El analista económico de 'Tándem' desvincula el dinero de las empresas de Villarejo de su actividad policial

El inspector de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) que se encargó de seguir el rastro del dinero que CENYT, el entramado societario de José Manuel Villarejo, recibía de sus distintos clientes ha declarado este martes, durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por tres piezas separadas de la macrocausa ‘Tándem‘, que no vio que esos fondos guardaran relación alguna con la actividad policial del ahora comisario jubilado.

El testigo ha explicado, a preguntas del fiscal anticorrupción Miguel Serrano, que participó desde el inicio de las pesquisas por ‘Tándem’ llevando a cabo el análisis económico y financiero de CENYT, primero mediante la información obrante en registros mercantiles y en el notariado, y una vez llevados a cabo los registros y las detenciones de noviembre de 2017 examinando los movimientos bancarios.

El investigador ha concretado que su función era estudiar el recorrido del dinero desde que los clientes pagaban para averiguar dónde acababa. En el conjunto de CENYT, formada por más de treinta piezas separadas, han aflorado 23 millones de euros y más de 300 cuentas bancarias, algo «inabarcable».

Por ello, se ha centrado en lo relativo a ‘Iron, ‘Land’ y ‘Pintor’, los proyectos juzgados y por los que CENYT habría cobrado 302.000, 121.000 y 20.000 euros, respectivamente, aunque el testigo ha puesto el foco en las dos primera piezas, dado que en la última se pagó en mano.

«El destino que se le da a estos fondos es lo que nosotros denominamos mantenimiento de la estructura societaria», ha expuesto, señalando que se trata de pagos de nóminas, impuestos, seguridad social, gastos corrientes y también amortizaciones de hipotecas de inmuebles propiedad de CENYT, necesidades de tesorería del grupo empresarial y ampliaciones de capital.

El fiscal ha querido saber si parte del dinero recibido de los clientes de CENYT se empleó en la «actividad policial» del comisario o si en las cuentas revisadas encontró algún pago por dicha actividad, a lo que ha respondido en sentido negativo. «No he visto que haya relación con la actividad profesional del señor Villarejo», ha dicho.

Antonio José García Cabrera, el abogado defensor del comisario, ha ahondado en este asunto para intentar acotar si se trata de un «patrimonio empresarial» o personal y familiar, si bien el testigo ha replicado que «gran parte está a nombre de sociedades cuyo titular real es Villarejo».

Asimismo, ante la insistencia de la defensa de Villarejo, el analista económico ha puntualizado que encontró una cuenta bancaria donde el comisario recibía su nómina policial, algo que le «llamó la atención».

No obstante, ha aclarado que no ha detectado entradas o salidas de otro dinero público, como fondos reservados o similares. «Los gastos se sufragan gracias a los beneficios obtenidos en relación con los pagos de los clientes», ha recalcado.

La ruta del dinero es relevante por cuanto Serrano ya concedió en las primeras sesiones de este triple juicio por ‘Tándem’ que es posible que Villarejo fuera un espía que usara CENYT como tapadera de sus servicios al Estado pero advirtió de que lo «intolerable» es que se llenara los bolsillos con ello.

Otro armario y otra llave

Este inspector también tuvo otra intervención destacada en esta fase embrionaria de la macrocausa. Dirigió el registro llevado a cabo el 3 de noviembre de 2017 en la casa del entonces comisario jefe del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, que se ejecutó de forma simultánea a los realizados en las viviendas y oficinas de Villarejo y su socio Rafael Redondo, en una operación comandada por el investigador principal, Gonzalo Fraga, que ha testificado en sesiones anteriores.

En lo que a su registro respecta, ha ratificado que, aunque la norma establece que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) deben llevarse el material incautado, en esta ocasión declinaron hacerlo –como era «habitual»–, por lo que quedó en sus manos, apenas 24 horas, hasta que el día 4 de noviembre entregó todo lo intervenido en casa de Salamanca a Fraga.

En ese pequeño lapso de tiempo, ha afirmado que guardó lo encontrado en un «armario» ubicado en el despacho que estaba adjudicado a su grupo dentro de la UAI, ambos, «como es lógico», cerrados con llave, sin que se produjera ninguna incidencia en esas horas.

Fue además la persona que dio fe de cómo los demás compañeros entregaban a Fraga los hallazgos realizados en el conjunto de los registros, todos «debidamente precintados y etiquetados». «Son los que son», ha subrayado, respaldando así la cadena de custodia de este material -el sustrato probatorio de ‘Tándem’-, que ha sido profusamente cuestionada por las defensas a lo largo de la instrucción y del juicio.

Las cuentas de García Castaño

Parte del interrogatorio ha versado asimismo sobre los ingresos en efectivo recibidos en sus cuentas bancarias entre 2007 y 2018 por el ex jefe de la UCAO Enrique García Castaño, al que los investigadores apuntan como principal proveedor de los datos policiales de acceso restringido proporcionados a Villarejo para sus negocios privados en CENYT.

El testigo ha hablado de un «extraordinario volumen de ingresos en efectivo» que ascendería a 450.000 euros. «Lo más llamativo», ha remarcado, es que se trata de una media de 3.000 euros mensuales cuando el sueldo policial de García Castaño era de unos 3.700, más otros 2.000 en concepto de «dietas y manutención», conforme a la información recabada del cuerpo de seguridad. «No es compatible», ha concluido, añadiendo que tampoco «cuadran» los ingresos y los gastos.

El abogado de García Castaño, Aitor Castaño, ha puesto sobre la mesa si es posible que García Castaño recibiera fondos reservados por su actividad policial, que le llevaba a viajar por «todo el mundo», con el consecuente gasto. El testigo ha concedido que no sabe si recibía tales fondos, apostillando que por eso en sus informes hay «una coletilla» que dice que desconocen el origen de «esta fuente extra de financiación».

Un vídeo y datos policiales

Este martes, también ha comparecido ante el tribunal presidido por Ángela Murillo el inspector que sustituyó a Fraga al frente de ‘Tándem’ cuando éste tuvo que ausentarse para hacer un curso de ascenso. En su caso, las preguntas del también fiscal anticorrupción César de Rivas se han centrado en ‘Pintor’, donde Villarejo habría espiado al empresario Mateo Martín Navarro y a su abogado y ex juez Francisco Urquía por encargo de los hermanos Fernando y Juan Muñoz Tamara.

Este testigo ha resaltado que, entre la documentación que analizó para esta pieza 6, había un vídeo de Urquía dentro de un baño de un local donde «parecía que estaba consumiendo algo». Según ha descrito, en la secuencia se vería a Juan Manuel León Leiva, uno de los detectives a los que Villarejo habría subcontratado para este trabajo, poniendo y quitando y la cámara, mientras que las conversaciones de WhatsApp revelarían que otras dos, Nuria Morales y Elisa Gabán, eran conscientes.

Ha destacado igualmente que en un chat del que formarían parte todos los implicados en los seguimientos a Martín Navarro y Urquía, incluido un Policía Nacional destinado en Granada que en ese momento decía estar de «baja médica», Morales compartió un documento sobre el empresario «con datos sacados de bases policiales». El inspector ha recordado que, según declaró ella en sede policial, esa información reservada «le fue entregada por Villarejo en CENYT».

También se ha mostrado sorprendido por el hecho de que estos detectives contaban con «balizas» para geolocalizar los coches con los que se desplazaban sus objetivos, dispositivos para los que la propia Policía Nacional necesita autorización judicial, ha enfatizado.