El Gobierno (y no el juez) ordenó al CNI vigilar a los independentistas
El juez solo autoriza escuchas si figura en la Directiva de inteligencia anual ordenada por el Gobierno al CNI
Pedro Sánchez. | Europa Press
Pasan los días desde que The New Yorker revelara la noticia y estoy tremendamente sorprendido. Los políticos que denuncian ardientemente haber sido espiados, sentir que su intimidad ha sido violada, callan sobre la gran pregunta que genera que hayan metido el virus Pegasus en muchos de sus teléfonos.
Cualquier foro es bueno para denunciar al CNI y a sus responsables políticos por haberles metido el virus, en un espionaje «masivo e ilegal». ERC exige que se depuren responsabilidades por «el mayor escándalo de la democracia». Hablan de dimisiones o ceses y califican de igualmente grave si el espionaje fuera ilegal o autorizado judicialmente.
El funcionamiento del servicio de inteligencia lo puedo explicar de una manera sencilla. Todo comienza con una orden procedente del Gobierno en el que se les detalla el plan secreto –Directiva de inteligencia- con las misiones que tienen que cumplir el año siguiente. A ellas deben dedicar sus recursos humanos y técnicos.
La dirección del CNI recibe la directiva y reorganiza su trabajo, encargando las misiones concretas a las divisiones. Muchas de las cuales no cambian de un año para otro, aunque a veces tienen que facilitar informes al Ejecutivo sobre aspectos novedosos.
Cuando una división considera que en sus investigaciones sobre un tema requiere de acciones especiales de intrusión para controlar los teléfonos o hacer registros clandestinos en domicilios, deben pedir una orden al magistrado del Tribunal Supremo adscrito al servicio para que lo autorice.
Según palabras de un alto mandatario: «Los trabajos de la casa no funcionan a golpe de emociones, de sensaciones. Para actuar, el CNI debe tener una motivación, un encargo y una autorización». Si los mandos del CNI se comportan así, no deberían tener jamás ningún problema legal.
De aquí sale la gran afirmación que planteo en el titular y que parece que nadie quiere agarrar por los cuernos. La única que ha metido el dedo en la llaga ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, al contestar a una pregunta en el Parlamento procedente de Mireia Vehí, portavoz de la CUP: «Mire, ya que se rasga usted las vestiduras, yo le pregunto. ¿Qué tiene que hacer un Estado, qué tiene que hacer un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania, o cuando se hackean organismos como el SEPE o teléfonos de ministros?».
Ese es el quid de la cuestión: el Gobierno ordenó al CNI investigar a sus socios de ERC y a otros partidos catalanes no por sus ideas políticas, sino por sus actuaciones para conseguir la independencia. Lo probó el pasado jueves Paz Esteban, la directora del CNI, en su comparecencia parlamentaria. Les enseñó a los portavoces en la comisión de secretos oficiales las 18 órdenes autorizadas por el juez para controlar los móviles del presidente Aragonés y 17 personas más vinculadas al independentismo. Tras la comparecencia de cuatro horas, los representantes de los partidos catalanes no quisieron entrar a ese trapo y prefirieron obviarlo en sus declaraciones posteriores.
De la presencia en el listado de líderes como el vasco Arnaldo Otegi nadie contó nada. No creo que el dirigente abertzale se haya quedado preocupado por la aparición de su nombre, seguro que se lo imaginaba. Es el español que tiene el expediente más gordo en el archivo del CNI.
Tras la motivación tiene que venir el encargo
La motivación es un impulso que surge de los mandos del CNI cuando ven que hay temas graves en los que intervenir y ven informaciones necesarias de investigar. Sin embargo, no valen para nada mientras el Gobierno no les haga oficialmente una petición, normalmente por escrito para que luego no haya dudas. Sin ese encargo, pueden hacer indagaciones no oficiales, pero nunca pedir una autorización al magistrado del Supremo, quien tiene una copia de los encargos del Gobierno, básicos para autorizar o denegar una intervención telefónica como la de Pegasus. Tema que no está en esa lista, asunto en el que los mandos del CNI no pueden proponer acciones.
Desconozco si Margarita Robles conocía antes del escándalo que el CNI estaba utilizando Pegasus, algo probable dado que su uso se destapó hace ya unos cuantos años. Los ministros de Defensa de la democracia han encargado y recibido la información sobre las misiones del servicio de inteligencia, pero no han querido conocer los medios técnicos que utilizan y la forma en que actúan los agentes. Un día el presidente Trump le describió en una entrevista al ministro de Exteriores ruso una operación que le habían contado en la CIA y que había ejecutado el Mosad en Oriente Medio. A pesar de ser el presidente, pasó a no ser confiable y a partir de ese momento el director de la CIA optó por no compartir con él determinados secretos.
La historia jefes políticos-directores del espionaje siempre ha estado dominada por un dime lo que necesito saber y obvia la información que me puede complicar la vida. Existe la leyenda de que en su primera visita a la sede del servicio de inteligencia, los espías, como quien no quiere la cosa, con una grabadora oculta funcionando, le cuentan a su ministro algunas de las operaciones clandestinas que llevan a cabo, con el objetivo de poder tenerles atados si les pillan con las manos en la masa. Una leyenda sin demostrar.
Robles se ha convertido en el objetivo de todos los partidos de izquierdas que hasta el momento no quieren acusar con claridad del espionaje al Gobierno y a su responsable máximo, Pedro Sánchez. Y el presidente a su vez no ha sido capaz de repetirles las palabras de Robles: «¿Qué tiene que hacer el Estado cuando alguien declara la independencia?».
