Vox se abre a pactar de nuevo con el PP en Andalucía a pesar de sus «incumplimientos»

Vox prepara su asalto en Andalucía. Insuflados por el tirón de su candidata, Macarena Olona, lanza el mensaje de que sale a ganar la Junta. Las expectativas internas son más comedidas. El objetivo es entrar en el Gobierno regional. Los dirigentes de la formación verde se abren a pactar de nuevo con el PP a pesar de que «incumpliera» la mitad de los 37 puntos que conformaban el acuerdo de investidura. «Teníamos un pacto que no se cumplió. ¿Qué ha cambiado? Va a cambiar todo el panorama», asegura Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política de Vox. La intención es retomar el camino iniciado hace cuatro años y «que el cambio sea auténtico».

Las elecciones de diciembre de 2018 supusieron la irrupción de Vox. Los de Santiago Abascal consiguieron entrar por primera vez en una Cámara regional al conseguir 12 de los 109 escaños en liza. Los comicios los ganó el PSOE, que no obtuvo apoyos suficientes y tuvo que abandonar el Palacio de San Telmo después de 37 años ininterrumpidos en el poder. Su testigo lo tomó un Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos que necesitó el apoyo de la formación verde para la investidura. La estabilidad de la que se jactaba Juan Manuel Moreno escondía, en realidad, un camino repleto de desencuentros y vaivenes políticos.

La puntilla de Vox

La puntilla a la legislatura la dio Vox en noviembre, cuando cerró la puerta a pactar los presupuestos regionales. Un viraje, ya que los de Abascal habían apoyado las cuentas en los tres cursos anteriores. La ruptura se había consumado unos meses antes, en mayo. La formación verde decidió abstenerse en la enmienda a la totalidad que presentó Adelante Andalucía a la Ley de Sostenibilidad Urbanística (conocida como ley del suelo) y que frenó su tramitación. Semanas antes la habían calificado como «uno de los proyectos clave».

La posición de Vox permitió a la coalición de izquierda frenar lo que consideraba «el regreso al ladrillo y al urbanismo salvaje». La ley buscaba «atraer inversión» y reactivar los planes urbanísticos varados en cientos de municipios. La formación verde infringió un duro golpe al Gobierno de coalición, aunque el que avisa no es traidor. Su voto solo constató la amenaza que había lanzado unos días antes, cuando la Junta mostró su disposición a acoger a 13 menores inmigrantes, tal y como solicitó el Gobierno central tras la avalancha de Ceuta, en la que accedieron 8.000 migrantes, entre ellos unos 1.500 menores de edad.

Vox se negó a acoger a los menores con el argumento de que habían llegado tras «una invasión» promovida por Marruecos. Su portavoz, Manuel Gavira, acusó a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, de Ciudadanos, de realizar un efecto llamada al declarar en sede parlamentaria que esperaba a esos niños. Los dirigentes regionales de Vox consultados por THE OBJECTIVE culpan a la formación naranja de las discrepancias y confían en que, sin su participación, sea posible llegar a un acuerdo con el PP tras las autonómicas del 19 de junio. «Es la antesala a un pacto nacional», subrayan.

«Teníamos un acuerdo de investidura que no se cumplió. A partir de ahí, ¿qué ha cambiado? Va a cambiar todo, el panorama», ha afirmado Buxadé en la tradicional rueda de prensa de los lunes. En su opinión, hay una cosa «muy importante» en estos comicios y es que «no hay miedo al socialismo». «Nadie plantea que ganen las izquierda», insiste el vicepresidente de Acción Política de Vox. El también eurodiputado asegura que están centrados en que Andalucía «tenga esa senda de prosperidad y libertad que debió tener desde diciembre de 2018 y que se cercenó porque hubo un Gobierno que no se atrevió a hacer un cambio verdadero».

«La punta del iceberg»

Rotos todos los puentes, Gavira y sus compañeros comenzaron a presionar a Moreno para que adelantara las elecciones. Tras varios meses jugando al gato y al ratón, lo hizo el 25 de abril. En los casi tres años que se entendieron las derechas se pactaron tres presupuestos y 27 decretos. Vox había amagado en varias ocasiones con romper el acuerdo de investidura. La penúltima vez acabó con un pacto para una reforma fiscal. La crisis de los menores migrantes decidió a la formación verde a no apoyar ninguna iniciativa del Ejecutivo regional, salvo aquellas firmadas en el acuerdo de investidura un lejano 9 de enero de 2019.

«La acogida de menas es solo la punta es solo la punta del iceberg», reconoció Gavira en esRadio tras desmarcarse del acuerdo. El portavoz parlamentario aseguró que hacerse cargo de los 13 menores inmigrantes era uno más de los puntos que estaba incumpliendo el Gobierno de coalición. El portavoz adjunto, Rodrigo Alonso, redobló las críticas días más tarde al afirmar que PP y Ciudadanos «solamente han cumplido en todos estos años el 55% de lo pactado». Alonso incluso hizo llegar a Juan Bravo, consejero de Hacienda, un dossier con todos los incumplimientos.

La formación verde esgrimió que se habían quebrantado 19 de los 37 puntos que conformaban el acuerdo de investidura. Entre ellos, el punto uno, que hacía referencia a crear empleo de calidad. Otro de los puntos incumplidos es el número seis del documento, que recoge eliminar todos los organismos superfluos y suprimir la administración paralela. Vox acusa al Gobierno regional de no hacer nada contra la corrupción y de «pretender taparla y ocultarla». El propio Alonso denunció en diciembre «una pinza entre PP y PSOE» para mantener a un condenado de los ERE en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Vox asegura que la coalición de gobierno mantiene «los mismos chiringuitos ideológicos» y que los presupuestos contenían «las mismas carencias» en inversiones para la sanidad, la educación y la dependencia que los de la etapa socialista. Entre los puntos que no cumplieron PP y Ciudadanos, insistió la formación verde, está el punto nueve del acuerdo de investidura, que alude a la eliminación de convocatoria de subvenciones a personas físicas y jurídicas que no cumpla «evidentes fines de utilidad pública y social». Los populares afirman que estas se realizan ya por concurrencia pública.

El pin parental

La formación verde denunció varios incumplimientos más. Por ejemplo, en materia educativa. Los de Abascal querían implantar el llamado pin parental, una herramienta para que los padres puedan vetar contenidos en las aulas. Garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo formativo de sus hijos estaba incluido en el punto 13 del acuerdo. Tampoco se cumplió, insisten, el punto 16 para fomentar medidas de conciliación entre la vida laboral y familiar, a pesar de que Moreno anunció un plan específico.

Especialmente beligerante se mostró Vox con el incumplimiento de los puntos 27, 28 y 29, que incluye medidas en materia migratoria y el apoyo material y humano a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En otros casos, como el Plan Andaluz de Adopción, la integración de embajadas comerciales de Andalucía o facilitar el uso de una tarjeta sanitaria única en todas las regiones, el PP alegó que se tratan de competencias nacionales en las que no tiene margen de maniobra.