El personal laboral de la representación española ante la UE reclama mejoras salariales

El personal laboral de la Representación Permanente de España ante la UE ha iniciado esta semana movilizaciones para reclamar una mejora salarial conforme estipula la legislación belga, a la que deberían estar sujetos al no ser funcionarios y trabajar en Bélgica, pero que el Estado español no les reconoce.

Desde esta semana han convocado movilizaciones todos los lunes y jueves a las 10.15 horas en la entrada de la Representación Permanente (REPER) de España ante la UE, «a la espera de recibir una respuesta a nuestros problemas», explican en un comunicado tras llevar a cabo la primera de estas movilizaciones el martes.

Según exponen, la REPER en Bruselas cuenta, al margen de los funcionarios, con unos 90 trabajadores laborales, los cuales son contratados locales y por tanto están sujetos a la legislación belga en materia laboral.

Como resultado de ello, están sujetos desde 2018 a la Comisión Paritaria (CP) 337 si bien el Estado español «se niega a reconocer» dicho órgano, el cual confiere a los trabajadores laborales una serie de derechos, lo cual les deja «ante un auténtico vacío jurídico», según denuncian. «No se nos aplica la ley española, pero por otra parte se niegan también a reconocer la legislación belga«, lamentan.

Al igual que el resto del personal laboral en el exterior, denuncian que tienen congelado su salario desde 2009, «lo que ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo de alrededor del 30% (salvo una revisión salarial del 3,22% en 2019)».

No obstante, llaman la atención de que conforme a la legislación belga el CP 337 contempla el derecho a la indexación salarial anual, es decir cuando la inflación sobrepasa determinados niveles, automáticamente se incrementa el salario, sin necesidad de concertación previa entre Administración, trabajadores y sindicatos.

Según aclaran, conforme a ello desde 2018 les habría correspondido una subida salarial de más del 10,4 por ciento, algo que no se ha producido.

Por otra parte, en virtud de la legislación belga, el personal laboral en Bruselas tiene derecho a ser reintegrado en los gastos de transporte desde su domicilio al lugar de trabajo. Según precisan, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha procedido ya al pago en nómina de dicho transporte, pero no así en los otros siete ministerios que tienen personal contratado en la REPER de Bruselas. En este punto, el personal laboral indica que «empiezan a verse actuaciones que nos hacen pensar que este asunto se solucionará paulatinamente«.

Varios avisos a España

En su comunicado, recuerdan que desde 2018 la legislación belga estipula que todo el personal laboral local de las embajadas en el país está sujeto a la CP 337 y que la Comisión de Buenas Prácticas (CBO) belga remitió ese mismo año una nota a la REPER «en la que se instaba al estado español a respetar la ley belga en materia laboral«.

Según el personal laboral, posteriormente la CBO ha remitido comunicaciones sucesivas exigiendo expresamente a España el abono de las subidas salariales que se han reconocido desde 2018 pero «no han recibido respuesta alguna».

Como resultado de todo ello, denuncian, «no podemos recurrir a la inspección laboral española porque estamos sujetos a legislación belga» y tampoco pueden «recurrir a la inspección laboral belga porque las embajadas gozan de inmunidad diplomática y no cabe inspección alguna por parte de Estados terceros».

Tampoco sirve de nada, añaden, «judicializar el problema (aunque se haya intentado) porque los litigios se eternizan, ya sea ante tribunales españoles o belgas», de ahí su decisión de llevar a cabo movilizaciones dos veces por semana.