El asesor legal de Neurona «no recuerda» si dio de alta a los empleados que usó para Podemos

El representante legal de la consultora mexicana Neurona, Germán Cobos, ha asegurado este lunes ante el juez que «no recuerda» si se dio de alta ante la Seguridad Social a alguno de los trabajadores contratados para para asesorar a Podemos durante la campaña de las elecciones generales de abril 2019, según informan fuentes jurídicas.

Cobos ha prestado declaración por videoconferencia ante el juez instructor del caso Neurona, Juan José Escalonilla, que investiga a Podemos por un posible delito electoral o de financiación irregular en el contrato por importe de 363.000 euros suscrito entre Unidas Podemos y la consultora mexicana.

Durante su testifical, Cobos ha afirmado «que no recuerda nada y no sabe si Neurona tenía trabajadores dados de alta o si realizó algún pago por ellos a la Seguridad Social» y ha negado que los pagos a la consultora se utilizaran como vía de financiación ilegal para Podemos. «Nos resulta sorprendente que el representante legal, el que tiene que informar a los socios administradores, no recuerde si hizo pagos a la seguridad social pero luego diga que sí conoce los nombres de los empleados», ha afirmado Marta Castro, vicesecretaria de asuntos jurídicos de Vox, tras la declaración de Cobos.

Una declaración que la abogada de Vox, partido que ejerce como acusación popular en el caso, ha calificado como «difusa, inconcreta» y plagada de «respuestas evasivas». Cobos era considerado como uno de los testigos claves del caso. Era el presunto contacto entre la consultora mexicana y el abogado Elías Castejón, administrador de Neurona Comunidad, la mercantil española que facturaba a Unidas Podemos los presuntos trabajos realizados durante la campaña y a través de la cual se habrían efectuado los pagos a la consultora mexicana.

Ratifica que Castejón actuó como testaferro, según Vox

Durante su declaración ante el juez, Castejón explicó que Cobos, actuando en representación de los dueños de Neurona, fue quien contrató sus servicios en calidad de gestor y la persona a la que remitía las facturas por los trabajos realizados por la consultora para Podemos. Durante su declaración ante el magistrado, en calidad de investigado, Elías Castejón dijo que él no tomaba ninguna decisión, pero reconoció que era el administrador societario de Neurona en España.

Se esperaba que el testimonio de Cobos arrojase luz sobre si la contratación de Neurona Comunidad para las elecciones de 2019 correspondía a servicios reales o si, por el contrario, se habría utilizado para un presunto desvío de fondos electorales. Para Vox, según ha afirmado Castro, la testifical prestada este lunes por el representante legal de Neurona demostraría que Castejón habría actuado como «testaferro» y que «los administradores de hecho se encontraban en México» y no en España. La Fiscalía, que ya había solicitado en varias ocasiones el archivo de la causa, no se ha presentado en la toma de declaración de Cobos.

Se aplaza la declaración de otro testigo

Estaba previsto que este mismo lunes el juez Escalonilla tomara declaración a un segundo testigo, Waldemar Aguado Butanda -quien en marzo de 2019 recibió la primera copia del contrato que se investiga y estuvo a cargo de realizar 48 diseños gráficos para la campaña-.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, sin embargo, la testifical se ha aplazado después de que las defensas quisieran preguntarle por una documentación que el Juzgado no ha sabido localizar al momento. Las mismas fuentes han indicado que aún no hay fecha fijada para que se celebre el interrogatorio.

Ambas citaciones han tenido lugar después de que el pasado noviembre la Audiencia Provincial de Madrid estimara dos recursos, el que presentó la defensa del administrador de Neurona en España -al que se adhirió Podemos- y el que interpuso la acusación popular ejercida por Vox, y ordenara al juez instructor que practicase la testifical que había denegado.

Aunque en un primer momento -en diciembre de 2020- el juez dio el visto bueno a la petición de Vox de llamar a declarar a los dos trabajadores, en junio de 2021 concluyó -al igual que la Fiscalía- que no hacía falta librar la comisión rogatoria a México al considerar que lo que podrían decir esos dos testigos ya había quedado acreditado por las personas que habían declarado en Madrid.

Tras la resolución de la Audiencia Provincial, emitió un nuevo auto en el que pedía auxilio a las autoridades judiciales mexicanas para celebrar el interrogatorio a los dos trabajadores de la consultora y preguntarles por el contrato acordado con la formación ‘morada’.