Mari Mar Blanco se une al caso contra los jefes de ETA que ordenaron matar a su hermano

Mari Mar Blanco se suma como acusación particular a la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los exjefes de ETA que ordenaron el secuestro y asesinato de su hermano Miguel Ángel. La hermana del concejal del PP en Ermua, cuyo atentado en 1997 supuso un antes y un después en la lucha contra la banda terrorista, ha decidido personarse en el caso por el que el juez Manuel García Castellón ha imputado a tres históricos dirigentes etarras que copaban la cúpula de ETA en el momento de los hechos.

En un escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la hermana de Miguel Ángel Blanco ha remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 un escrito en el que solicita que se la tenga por personada como acusación particular para poder tener acceso a todas las diligencias practicadas en la causa y poder participar en el procedimiento. Una investigación abierta a raíz de la querella interpuesta por Dignidad y Justicia (DyJ), y en la que también se encuentran la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Partido Popular como acusación popular.

El paso adelante de Mari Mar Blanco refuerza y podría dar un nuevo impulso a la causa. A diferencia de la acusación popular, la acusación particular tiene una relación más estrecha y personal con los delitos investigados al afectarle directamente. Se sitúa un peldaño por encima en cuanto a legitimación.

Para ello, la hermana de Miguel Ángel Blanco ha elegido como letrado a Miguel Ángel Rodríguez Arias, que dirige también la acusación popular de DyJ y que ha sido el impulsor de la estrategia jurídica que ha permitido abrir en los últimos meses hasta siete causas para investigar la responsabilidad de los jefes de ETA en distintos atentados perpetrados. Desde Miguel Ángel Blanco a la T-4, pasando por el asesinato del juez José Francisco de Querol o el ataque con coche bomba que mató a una niña de seis años en Santa Pola en 2002, entre otros.

Imputados por el caso Miguel Ángel Blanco

La personación de Mari Mar Blanco se produjo un día antes de que el juez García Castellón dictase este jueves un auto para prohibir salir de España al exjefe de ETA Mikel Albisu, alias ‘Mikel Antza’. Este último y la también dirigente de la banda María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, estaban citados para declarar ante el magistrado instructor en calidad de investigados. Sin embargo, se han negado a responder a las preguntas de las acusaciones, del juez y de la Fiscalía.

Por ello, y «ante la gravedad de los hechos investigados y las elevadas penas de prisión con que se reprimen», el juez ha decidido retirar el pasaporte a ‘Mikel Antza’ y le obliga a comparecer cada quince días ante el juzgado más próximo a su domicilio. ‘Anboto’, que se encuentra en prisión, tampoco ha querido declarar por videoconferencia. José Javier Arizcuren Ruiz, alias ‘Kantauri’, también está imputado como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

A las puertas de la Audiencia Nacional, una abogada de los etarras ha justificado su negativa a declarar ante el juez y ha tachado de «venganza» la «cascada» de procedimientos que se han reabierto en los últimos meses en la Audiencia Nacional contra varias de las antiguas cúpulas de ETA. La abogada ha insistido en que la reapertura de estos casos «no tienen base ni en la legislación ni en la jurisprudencia».

La «tenaza» jurídica contra los jefes de ETA

A pesar de lo que afirma la defensa de los exlíderes de la banda terrorista, los jueces han avalado en los últimos meses la tesis impulsada por el abogado de Mari Mar Blanco y DyJ, Miguel Ángel Rodríguez Arias, para investigar a los exjefes de ETA por los delitos de «autoría mediata por dominio de la organización» y «comisión por omisión». Ambos están contemplados en el artículo 28 del Código Penal y han sido avalados por el Tribunal Supremo desde hace más de una década.

El Parlamento Europeo respaldó el pasado mes de marzo la vía de la «autoría mediata» para que los miembros de la dirección de ETA en el momento en que se cometieron los distintos atentados puedan ser procesados como los instigadores y conocedores de la orden. También avaló la «comisión por omisión» para casos como el de Miguel Ángel Blanco, ya que durante las 48 horas en las que estuvo secuestrado los líderes de la banda terrorista pudieron haber dado la orden de frenar su asesinato y no lo hicieron.

Las conclusiones recogidas en el reciente y extenso informe elaborado por la Guardia Civil sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco han supuesto otro espaldarazo al procesamiento de los jefes de ETA por autoría mediata de la organización y/o comisión por omisión. Una suerte de «tenaza» jurídica que podría permitir que los exresponsables de ETA sean juzgados, bien por haber sido quienes dieron la orden de cometer un atentado (autoría mediata) o bien por no haber ordenado detener asesinatos en marcha, como en el caso de Miguel Ángel Blanco.

Piden imputar a ‘Iñaki de Rentería’

Tras recibir ese informe del Instituto Armado, el juez Manuel García Castellón decidió citar como investigados a ‘Mikel Antza’, ‘Anboto’ y ‘Kantauri’ por delitos de secuestro y asesinato terrorista por el caso del concejal de Ermua en julio de 1997. En el caso de ‘Kantauri’, el juez respaldó la petición de la Fiscalía de emitir una nueva Orden Europea de Detención (OED) para interrogarle por estos hechos al haber sido denegada una anterior por Francia por defectos formales.

El magistrado también considera responsable de los hechos a Ignacio de Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería‘. Si bien consideró que en el caso de este último los delitos habrían prescrito, tanto DyJ como el PP presentaron sendos recursos la semana pasada para pedir al magistrado la imputación de ‘Iñaki de Rentería’, a quien la Guardia Civil identificó como el máximo responsable de la banda y del aparto militar de ETA en el momento del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.