Oltra descarga en una subordinada la responsabilidad por los abusos de su exmarido

Las siete horas de comparencia de Mónica Oltra dieron para mucho. La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana insistió en que no dio instrucciones para encubrir los abusos de su exmarido ni ordenó ninguna investigación paralela. Descargó la responsabilidad en una subordinada, la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, que «se ocupa en exclusiva» de todo lo que tiene que ver con esas competencias. Así lo recoge la declaración escrita a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. La dirigente de Compromís también se escudó en una enfermedad de su hijo para justificar que no intervino en el caso.

Oltra declaró este lunes ante el juez como acusada de encubrir los abusos sexuales cometidos por su exmarido, condenado a cinco años de prisión. Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando la joven, que entonces tenía 14 años, se encontraba en un centro de la Generalitat. El juez instructor imputó a la también consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas al apreciar «una serie de indicios plurales» para obstaculizar la investigación. Antes tuvo que salvar el escollo de su aforamiento, que perdió cuando abandonó todas sus responsabilidades en junio.

En la declaración escrita, un documento de 34 páginas, Oltra descarga la responsabilidad de toda investigación en Rosa Molero, directora general de Infancia y Adolescencia. La exvicepresidenta valenciana atribuye a esta subordinada la idea de iniciar un expediente informativo sobre el asunto de los abusos sexuales el 8 de agosto de 2017, cuatro días después de que Oltra conociera la citación judicial de su exmarido. En su opinión, esta decisión obedecía a «la necesidad de tener un relato de los hechos que se habían sucedido de las actuaciones de la consejería».

La emoción de Oltra

Contrasta con las declaraciones que realizó ante los medios de comunicación cuando aún no estaba investigada. Entonces, la propia Oltra admitió que fue ella la que dio la orden de iniciar ese expediente, declaración que rectificó en un escrito posterior para evitar la imputación. Atribuye sus palabras ante los periodistas a un «estallido emocional», según recoge la declaración escrita. Las respuestas no han sido grabadas en soporte audiovisual, como es habitual, para evitar posibles filtraciones a la prensa.

«Tuve conocimiento de la existencia del expediente cuando tuve que dar cuenta a las Cortes. Lo hice después de la primera sentencia. Debía ser a principios de 2020, antes de la pandemia, porque luego la actividad se paró», admitió Oltra al juez instructor, Vicente Ríos. La dirigente de Compromís insistió en varias ocasiones en que nunca dio instrucciones para encubrir los abusos de su exmarido y que tampoco ordenó una investigación paralela.

El expediente, aseguró la declarante, se abrió por decisión de Molero. Ella misma indicó en su día haber actuado de motu proprio. Esta experimentada psicóloga fue nombrada directora general de Infancia y Adolescencia en agosto de 2016 a propuesta de Oltra. Antes de esa fecha, ambas cuestiones dependían de la dirección general de Autonomía Personal. Observaron que concentraba «muchísimas competencias» y decidieron hacer un cambio de estructura en el segundo y tercer escalón del Gobierno.

Molero asumió desde entonces la protección y la promoción de la infancia «en exclusiva». La directora general de Infancia y Adolescencia es una de las 13 funcionarias imputadas junto a Oltra por encubrimiento y desprotección a la menor, que en las últimas semanas ha denunciado que los promotores de la acusación popular la presionaron para denunciar los hechos. «Siento que me han utilizado y luego me han dejado tirada», afirmó la víctima hace tres semanas en una entrevista con Levante-EMV.

«He comparecido varias veces por este tema en 2020 y 2021. He reconocido el error de no haber creado la dirección general de Infancia y Adolescencia desde el inicio», esgrimió Oltra. La cartera se creó «a la vista de las necesidades que había en el ámbito de la infancia, que precisaba de un órgano exclusivo. A toro pasado es fácil decirlo, pero cuando en 2015 asumimos la responsabilidad, nosotros lo desconocíamos», afirmó la exvicepresidenta valenciana, según indica la página 11 de su declaración.

«Oltra se cocinó en su propio jugo», sostiene la periodista Cristina Seguí, una de las personas que ejerce la acusación popular. En su opinión, la exvicepresidenta valenciana utilizó una consejería con 2.100 millones de euros de presupuesto «para encubrir los abusos a una menor bajo su tutela y preparar todo un esquema institucional de persecución y descrédito». Seguí afirma que ese escenario queda constatado porque la dirigente de Compromís «no puso nunca un abogado de la Generalitat a la víctima, como está obligada a hacer». La explicación del plural mayestático que desgranó ante la prensa le parece una excusa.

«Una cacería política»

La titular de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas sostuvo ante el juez que habló en esos término por la tensión emocional ante lo que consideraba «una cacería política de la extrema derecha». E insistió: «Fue mi manera de desahogarme». Oltra admite que sus preocupaciones aquellos días eran «que mi hijo no se muriera y por tanto yo no tuve intervención ni decisión alguna sobre este tema». Se refería al expediente que abrió el departamento que lideraba a su exmarido, con el que compartió casa hasta finales de agosto de 2017, cuando ya había sido citado a declarar.

Oltra garantizó al juez que no dio orden de instruir el expediente «parajudicial» que acabó desacreditando a la menor. Su declaración deja una laguna sobre qué conocimiento del caso tuvieron su jefe de gabinete, Miquel Real, y el entonces subsecretario, Francesc Gamero, ambos cargos de confianza y militantes de Compromís.  «Yo no estaba operativa, porque lo que le había pasado al niño era muy grave», reconoció la declarante.

«Sí que sé que el subsecretario había trasladado a la Dirección Territorial la total colaboración con la Fiscalía. Y sé que en un momento dado mi jefe de gabinete me dijo céntrate únicamente en el niño que las actuaciones técnicas se estaban llevando a cabo y que las actuaciones estaban en manos de quien tenía que estar», declaró la exvicepresidenta valenciana ante el juez instructor.

En ese momento, agosto de 2017, seis meses después de una denuncia de que tampoco tuvo conocimiento, estaba centrada en la enfermedad que padecía uno de sus dos hijos. El chico sufrió una peritonitis con riesgo de sepsis. «Todo lo demás pasó a un segundo plano», manifestó Oltra, que estuvo la primera mitad de aquel agosto en el hospital La Fe y la segunda ejerciendo como presidenta regional en funciones, ya que Ximo Puig estaba de vacaciones.

La dirigente de Compromís escurrió asuntos tan sensibles como el motivo por el que se permitió a su exmarido volver al centro Niño Jesús, donde prestaba servicio y tuvieron lugar los abusos. «La guarda la tiene el propio centro. Lo lógico sería que el primero que lo sepa llame a la policía». La exvicepresidenta valenciana aseguró que, en el momento de enterarse de lo que sucedía, no sabía quién se encargaba de qué en la consejería: «En la territorial de Valencia hay mil personas trabajando».

Oltra también se excusó en que se había formado en Derecho y que no poseía la capacidad para valorar lo que estaba sucediendo con la niña tutelada por la Generalitat. «No soy psicóloga y no sé cómo hay que evaluar a una menor». La declarante aseguró que las acciones las llevaron a cabo los funcionarios, que «actuaron de buena fe según su leal saber y entender». La periodista Cristina Seguí lamenta que ni Oltra ni su sucesora, Aitana Mas, sigan sin personarse en el Tribunal Supremo en la causa de los abusos.