Oltra asegura al juez que no dio instrucciones para encubrir los abusos de su exmarido

La Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas no ocultó abusos a menores ni dio instrucciones para hacerlo. Con esa contundencia se ha mostrado este lunes ante el juez Mónica Oltra, responsable de esa cartera hasta junio. La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana ha declarado como acusada de encubrir los abusos sexuales que cometió su exmarido, condenado a cinco años de prisión, contra una menor tutelada. Según fuentes jurídicas, la dirigente de Compromís ha insistido en que no intervenía en las decisiones técnicas de la consejería. La defensa espera que se archive el caso, lo que permitiría su vuelta a la política.

Oltra tenía prisas por declarar. Ha llegado a los juzgados 30 minutos antes de la cita, fijada a las 9.30 horas. Lo ha hecho acompañada por sus abogados y numerosos ciudadanos que la aplaudían a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Entre los asistentes se encontraban varios compañeros, como el parlamentario regional Carles Esteve, los concejales Pilar Soriano y Giuseppe Grezzi y la secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Isaura Navarro.

La dirigente de Compromís ha afirmado que acudía a declarar «tranquila y serena». Una sensación que ha demostrado ante el juez Vicente Ríos, según ha podido conocer THE OBJECTIVE. Oltra ha dado su versión de los hechos al magistrado, que ha decidido no grabar la comparecencia, como es habitual, para evitar posibles filtraciones a la prensa. Se ha mostrado firme y ha insistido en que no dio «en ningún momento» instrucciones para encubrir los abusos sexuales cometidos por su exmarido y que tampoco intervenía en las decisiones técnicas de la consejería. «Los técnicos trabajan con saber y lealtad», ha asegurado.

La causa contra Oltra

Oltra ha negado que ordenara un informe paralelo una vez judicializado el caso para tratar de desacreditar a la menor. La exvicepresidenta valenciana debe aclarar cuándo tuvo conocimiento de los abusos y los motivos por los que no se notificó a la fiscalía hasta pasados unos meses. Compromís confía en que la causa se archive cuanto antes y disponer de la dirigente en las elecciones de mayo. La dirigente responderá a las preguntas del juez y de la fiscalía, pero no de la acusación particular, entre la que se encuentra Vox. El juez ha hecho dos recesos, el segundo para comer. Oltra proseguirá su declaración a las 17.00 horas.

En su favor, el argumento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que reconocieron que «no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada». Sin embargo, apuntaron la posible concurrencia de «indicios plurales, que en principio hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin, tanto por la persona a quien directamente beneficiarían como por la propia relación que presentan con la evolución del proceso penal que trataron de obstaculizar».

En la causa, además de Oltra, hay otros 13 investigados. Todos ellos son altos cargos que trabajan en la Consejería de Igualdad y que están señalados por la gestión del caso de los abusos a una menor tutelada por la Generalitat desde los cuatro a los 18 años. La citación de la exvicepresidenta, que se dio a conocer en julio, se produce después de que el procedimiento haya regresado al Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, órgano que originó la investigación, tras la pérdida de aforamiento de Oltra.

El juez instructor ya detectó indicios de delito «racionales, serios y fundados» en la forma de obrar de la exvicepresidenta valenciana, pero se tuvo que inhibir en favor del TSJCV. Este tribunal decidió imputar a Oltra al apreciar «una serie de indicios plurales» que hacían sospechar la posible existencia de un concierto entre la exvicepresidenta y diversos funcionarios para «proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada».

Unos días más tarde, Oltra renunciaba a todos sus cargos públicos, incluido el acta de diputada, con lo que perdió el aforamiento. Su lugar en el gobierno valenciano lo ocupó Aitana Mas. La justicia investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió una menor tutelada, de entonces 14 años, en un centro de la Generalitat a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017. El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV, aunque pendiente del recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo.

Restar credibilidad a la menor

La Generalitat llegó a poner en entredicho hasta seis pronunciamientos judiciales desde que en febrero de 2017 la víctima relatara los abusos. Tras la condena, la menor denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa. El juez abrió una nueva investigación que derivó en la imputación de Oltra. Este cuestionó desde el principio que se intentara restar credibilidad a la menor y que los psicólogos no abordaran con ella el tema de los abusos, que ni siquiera le preguntaron directamente por ello.

El magistrado también puso de manifiesto que el departamento que dirigía Oltra decidiera, «inexplicablemente», no derivar a la joven al Servicio de Atención Psicológica especializado para valorar a víctimas de abusos sexuales. Con este «nulo bagaje» se dio por cerrado el tema y se repuso al educador en su puesto de trabajo. La fiscalía coincidió con el instructor y puso de relevancia que se había realizado una investigación «superficial» en la que se percibía «ocultamiento» de los hechos.

Compromís, partido de Oltra, ha denunciado el «acoso de libro» que, a su juicio, ha perpetrado la extrema derecha contra la exvicepresidenta valenciana. En las últimas semanas ha aflorado el enfrentamiento que mantiene la joven que denunció los hechos con los promotores de la acusación, el abogado José Luis Roberto, presidente de España 2000, y Cristina Seguí, tertuliana y fundadora de Vox.

«Siento que me han utilizado y luego me han dejado tirada», afirmó la víctima en una entrevista con Levante-EMV publicada a finales de agosto. La Guardia Civil la busca tras una denuncia por las condiciones en las que se encuentran sus dos hijos. La joven teme que los niños acaben como ella. Ahora se enfrenta a varios meses de prisión por una estafa, ya que vendió un sofá mediante internet y falsificó, junto a otras dos personas, facturas para dar credibilidad a la compra.