La posible llegada de Calvo al Consejo de Estado, un escollo para la 'ley trans' de Montero

La eventual llegada de la socialista Carmen Calvo a la presidencia del Consejo de Estado, en sustitución de María Teresa Fernández de la Vega, podría suponer un nuevo escollo para la llamada ‘ley trans’ impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, ya que esta norma aún tiene que pasar el filtro de esta institución.

El Consejo de Estado debe emitir un informe sobre la ‘ley trans’, que no será vinculante para el Gobierno pero que podría dejar muy tocada la norma si el contenido de las conclusiones va en línea con lo expuesto en los últimos meses por Calvo, quien en la actualidad preside la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados y que en una reciente entrevista en El Mundo avisó de que el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de género «puede destrozar la potente legislación de igualdad» que existe en España.

Calvo hizo hincapié a finales de septiembre en Valencia en que esta ley aún no existe y se mostró contraria a que se debata por el trámite de urgencia, como se solicitó hace unos días, al apuntar que el contenido es de gran calado y «requerirá mucha finura de matices en todo para tener más seguridad jurídica». La exvicepresidenta del Gobierno fue secundada por la consejera valenciana de Justicia y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, quien apuntó en el mismo acto que la norma es «un gran error» y «un ataque frontal a los derechos de la mujer».

Podemos critica a Calvo por «su discurso tránsfobo»

Unas palabras que llevaron a la portavoz de Podemos, Isa Serra, a censurar las críticas de Calvo y advertirla de que «es un error volver a torpedear una ley necesaria» que, a su juicio, hace mejor al país. «Es fundamental evitar los discursos tránsfobos que se han visto durante estos meses y que como Gobierno tenemos el compromiso de dejarlos atrás y de aprobar esta ley», insistió la asesora de Montero.

Además, dijo que no le sorprendía la posición de la exvicepresidenta porque en su día «intentó impedir» que el Ejecutivo aprobara esta ley, en tramitación parlamentaria, que garantiza la autodeterminación de género y los derechos de las personas transgénero, defendió Serra.

La candidata a presidir el Consejo de Estado ha admitido en varias ocasiones sus dudas sobre la autodeterminación de género, alineándose de esta forma con las llamadas feministas clásicas. «Me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles; eso tiene que tener unas garantías», señaló Calvo cuando empezó a discutirse la norma en el seno del Ejecutivo.

En este sentido, y sobre la posibilidad de que menores de 16 años puedan cambiar de sexo sin un informe médico, Calvo precisó que la dificultad no es solo la de la edad, sino «el hecho de generar nuevos derechos que tienen que entrar a funcionar con otros existentes».

«No es solo la edad, y los asuntos relativos a los menores tienen que estar particularmente protegidos, pero el problema es que los derechos nunca son absolutos en democracia, siempre tienen límites, todos tienen perfiles de colisión con otros», argumentó la entonces vicepresidenta cuando empezaron las discusiones en el Consejo de Ministros.

Calvo siempre evitó decir que el proyecto de ley que defiende Montero estuviera mal fundamentado, pero reiteró en varias ocasiones en que «se trata de un tema delicado e importante, en el que hay un colectivo que demanda protección y un avance de derechos que hay que entender».

Asimismo, puso en valor la experiencia del PSOE en la aprobación de leyes en materia de igualdad. «Todas las leyes de igualdad que se han hecho en este país las ha hecho el PSOE, todas han sido recurridas por la derecha y todas han pasado la prueba del Tribunal Constitucional, que ha dado por bueno el desarrollo realizado al decir que está bien interpretada la Constitución Española y que jurídicamente se ha hecho bien, porque no se ha incurrido en inconstitucionalidad», señaló en febrero de 2021.

La exvicepresidenta ha sido la primera en aparecer en las quinielas para suceder a De la Vega al frente del Consejo de Estado. Otro nombre que está sobre la mesa es el de la magistrada del Supremo María Luisa Segoviano Astaburuaga, que preside la Sala Cuarta del Alto Tribunal, según El Debate.

Con la crisis de gobierno en julio del año pasado, que provocó la salida de Calvo del Ejecutivo, hubo medios que hablaron de una oferta de Sánchez a su hasta entonces ‘número dos’ para que presidiese el órgano consultivo del Gobierno. Desde Moncloa, sin embargo, negaron que se hubiera producido dicho ofrecimiento e hicieron hincapié en que Calvo se quedaría con su escaño en el Congreso, como así ocurrió finalmente.