El PP registra una moción en el Senado para derogar la 'ley del solo sí es sí'

El Partido Popular (PP) ha registrado una moción para su debate en el Senado en el que pide derogar la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’, después de que este martes se hayan producido dos revisiones de sentencias y rebaja de penas de prisión a condenados por abusos sexuales por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

La nueva tipificación de los delitos sexuales que introdujo esta ley orgánica impulsada por Podemos, que entró en vigor el pasado 6 de septiembre, ha supuesto que los tribunales revisen ahora a la baja las sentencias de algunos condenados. Un hecho que llevó a la parte socialista del Gobierno a mostrarse partidaria de «estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal» para corregirlo porque, a juicio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es evidente que el objeto de esta ley no era que se pudieran rebajar las penas por abuso a menores, sino «todo lo contrario».

El PP había preparado un borrador de proposición no de ley, al que tuvo acceso THE OBJECTIVE, con la firma de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, y nueve diputadas populares. En él se pedía modificar el Código Penal para aumentar las penas mínimas de los delitos contra la libertad sexual que modificó la ‘ley de solo sí es sí’. Pero finalmente la iniciativa parlamentaria se ha presentado en la Cámara alta.

El PP pide diferenciar el abuso de la agresión sexual

En el texto del Congreso, el PP exige cambios en dicho Código Penal para «tipificar convenientemente estos hechos delictivos», volviendo a regular el abuso sexual «de forma diferenciada» de la agresión sexual. También se pide reformar la norma para darle «una nueva regulación al delito de acoso callejero», regular «expresamente» el delito de «sextorsión» y volver a recoger la «indemnidad sexual» como bien jurídico protegido.

En el punto que se pide la derogación de la ‘ley de solo sí es sí’, el PP pide impulsar otra ley orgánica que cumpla con los requisitos de los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal y con el punto octavo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La formación de Alberto Núñez Feijóo propone, por último, impulsar «a la mayor brevedad posible» una ley integral y multidisciplinar contra la trata con fines de explotación sexual.

Previamente, en la exposición de motivos, el PP recuerda que el Consejo de Ministros aprobó en julio de 2021 la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual «después de 16 meses de trámites y duras discusiones en el seno del propio Gobierno y enfrentamientos entre varios ministros». En concreto, menciona los choques entre la impulsora de la misma -la titular de Igualdad, Irene Montero– y los entonces ministros Carmen Calvo (Presidencia) y Juan Carlos Campo (Justicia).

«Tanto Calvo como Campo señalaron todo tipo de errores técnicos, y el equipo del segundo de ellos llegó a rectificar hasta un tercio del texto. El informe de Justicia concluía rogando “encarecidamente el estudio” del texto de forma “sosegada”. Tampoco recibió el visto bueno de los ministros de Interior, (Fernando) Grande-Marlaska y Defensa, (Margarita) Robles», subrayan las diputadas populares.

«Es más, tal fue el barullo administrativo que, en agosto de 2020, el Gobierno retiró la petición de estudio de los órganos consultivos que había pedido en julio. Pablo Zapatero, entonces secretario de Estado de Justicia, explicó en una nota que se esperaba a remitir una versión “más acabada del texto”, que incluyese “el criterio y las observaciones de otros ministerios” además del de Igualdad. Los ministerios hablaron de “un malentendido” y de “falta de coordinación”, y desde el equipo de Montero afirmaron que Justicia se había equivocado enviándolo en primer lugar. En octubre, volvieron a enviarlo a los órganos consultivos», rememora el PP.

Previamente, el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de marzo de 2020 «recibió duras críticas por parte de prestigiosos juristas», que indicaron que tenía «un tono ‘sociológico’ y ‘político’ y que carecía de sentido legal». Además, el CGPJ lo rechazó «unánimemente» en febrero de 2021 «por cómo estaba redactado».

El CGPJ, presidido por aquel entonces por Carlos Lesmes, se opuso a los dos asuntos centrales del texto: la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación. «El informe alertaba de que se modificaban “de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia”.

Según ellos, se podría también estar desprotegiendo jurídicamente a la víctima, al no diferenciar entre diferentes delitos. El texto promovido por Igualdad sí que logró el respaldo del Consejo Fiscal, pero propuso una nueva redacción de este punto, cambiando el enfoque del consentimiento «en negativo» por otro «en positivo«.

«Bajo la apariencia de perseguir los nobles objetivos de una justa política reparadora, recibimos en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley maniqueo, con un marcado sesgo ideológico, muy deficiente desde el punto de vista técnico-jurídico, adoleciendo además de una cuestionable constitucionalidad por su afectación directa a derechos y libertades fundamentales garantizados por la Carta Magna», se lamenta el PP.

Después de una «tortuosa» tramitación parlamentaria, el proyecto de ley fue aprobado definitivamente en el pleno del Congreso el pasado 25 agosto «envuelto en polémica». Entre otros motivos, según el PP, «por la fallida penalización del proxenetismo». Una vez que se ha producido su entrada en vigor, la ‘ley de solo sí es sí’ «ha dejado ver rápidamente sus incoherencias jurídicas».

A juicio del PP, lo ocurrido en la Audiencia Provincial de Madrid debe corregirse de inmediato. «Estamos ante delitos deleznables y situaciones delicadas para las víctimas, sobre todo por cuanto pueden afectar a su recuperación definitiva. Esta ley orgánica no ha venido a traer soluciones, sino a agravarla, como el Grupo Parlamentario Popular manifestó en el trámite parlamentario», esgrime la formación de Feijóo antes de alertar de que la norma impulsada por Podemos ha olvidado tipificar convenientemente otros delitos como el de la sextorsión.

«Debe abogarse por un texto que responda a la necesidad de mejorar la proporcionalidad de la respuesta penal frente a las situaciones de violencia sexual que sufren especialmente las mujeres, los menores de edad y las personas con discapacidad. La Ley 10/2022 -del solo sí es sí- no es la respuesta adecuada», sentencia el PP.