La mayor asociación de jueces exige la dimisión de Irene Montero

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayor asociación de jueces, ha exigido la dimisión de Irene Montero a raíz de las críticas que la ministra de Igualdad ha lanzado al Poder Judicial tras las rebajas en las condenas a agresores sexuales que se han dado gracias a la ley del solo es sí es sí (impulsada por el Ministerio de Igualdad).

En un comunicado, la APM «expresa su más enérgico rechazo a las descalificaciones vertidas contra los jueces por la ministra Irene Montero y otros responsables políticos con ocasión del proceso de revisión de determinadas condenas por delitos contra la libertad sexual, como consecuencia de la vigencia de la LO 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual».

«En un Estado de Derecho es perfectamente admisible la crítica a las resoluciones judiciales», indica la APM, que sigue «aunque sería recomendable que, si tales críticas provienen de otro poder del Estado, se produjeran dentro de la ponderación y la prudencia que demandan las más elementales normas de respeto institucional», señala la asociación.

Prosigue la Asociación Profesional de la Magistratura asegurando en el texto que «la acusación de que existe un prejuicio generalizado en el Poder Judicial contra las mujeres, además de carecer del más mínimo rigor y sustento real, resulta ofensiva y
produce una alarma innecesaria y devastadora en la confianza de quienes son o han sido víctimas de estos delitos, devaluando los estándares de calidad democrática que, en toda la Unión Europea, reclama el valor Estado de Derecho».

Frente a las palabras de la ministra de Igualdad, la APM manifiesta que «los jueces y juezas en España estamos firmemente comprometidos con la protección de las víctimas y, de igual modo, con las garantías de quienes están sometidos a un proceso penal». En referencia a ese compromiso del que hablan, afirman que «comporta el diligente cumplimiento de las obligaciones que resultan de la aplicación de la ley que soberanamente ha sido aprobada por nuestras cámaras legislativas, en cuanto a prestar a unos y otros la necesaria tutela efectiva».

Así, prosigue en el documento la asociación mayoritaria de jueces que «acudir a descalificaciones generalizadas con fundamento en pretendidos prejuicios y estereotipos, en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a interpretaciones que puedan resolverse, por imperativo de los básicos principios penales, en favor del reo, resulta una actuación totalmente reprobable por falsa y por injusta; sobre todo, teniendo en cuenta que tal afirmación se desmiente con la evidencia constatable de la labor cotidiana de los Juzgados y Tribunales que persiguen con determinación y denuedo las conductas criminales que integran estos delitos contra la libertad sexual».

«Las últimas declaraciones efectuadas por la ministra de Igualdad, Irene Montero, se suman a sus ataques constantes a los jueces y juezas de este país y resultan intolerables e inadmisibles en una democracia, por ello, desde la Asociación Profesional de la
Magistratura exigimos su inmediata dimisión», finaliza la APM en su texto.

Polémicas declaraciones de Irene Montero sobre los jueces

Tras las rebajas en las penas a algunos condenados por agresión sexual gracias a la nueva ley del solo sí es sí, Irene Montero aseguró que estas se habían dado a que hay jueces que «no están cumpliendo la ley» por «machismo» y abogó por reforzar la formación en igualdad en el sistema judicial.

Y es que estas declaraciones también han llevado al Consejo General del Poder Judicial a lanzar una queja pública contra la ministra de Igualdad, tildándolas de «intolerables ataques».

«Esta Comisión Permanente expresa su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos, que se contraponen con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual», asegura en un comunicado el órgano de Gobierno de los jueces, que considera que «este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección».