La Guardia Civil ordena investigar a los agentes «dispuestos a derramar sangre» por España

El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha ordenado abrir una investigación para identificar a los responsables de la Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) e iniciar el procedimiento disciplinario y, en su caso, penal tras el comunicado en el que han criticado la ley de amnistía incluido en el acuerdo de PSOE y Junts, aludiendo en el mismo a su juramento como militares para «derramar sangre» en defensa de España y la Constitución.

Según ha avanzado eldiario.es y han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, el director ha dado instrucciones este mismo viernes, horas después de difundirse el comunicado, para que la Jefatura de Información identifique a los responsables de la asociación –que actualmente no tiene vocales en el Consejo del Instituto Armado– e «iniciar el procedimiento disciplinario y/o penal que pueda existir por el comunicado».

El pasado 29 de octubre, la Guardia Civil también anunció que había dado la orden a los servicios jurídicos para estudiar posibles consecuencias disciplinarias y legales contra otra asociación, JUCIL –en este caso, la mayoritaria en el Consejo del cuerpo–, por «quebrantar el principio de neutralidad política» al criticar la «felonía» que suponía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendiera la amnistía ante el Comité Federal del PSOE.

Profunda preocupación

Este viernes, APROGC ha expresado su «profunda preocupación» por el pacto entre PSOE y partidos independentistas catalanes en lo relativo a la ley de amnistía en un comunicado en el que recuerdan su juramento «ante la Bandera como militares», por el que están «dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional».

APROGC ha recordado la lealtad de los guardias civiles a la Constitución y a la ley, pero señalando que el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez supone «vaciar de contenido la misión constitucional encomendada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente la policía judicial».

En este sentido, han mostrado su apoyo a los jueces que ejercen de «barrera frente a inspiraciones totalitaristas», por lo que esperan que estos últimos «encuentren el camino para preservar el Estado de Derecho». El comunicado comienza recordando que la Guardia Civil ha sido «siempre un cuerpo obediente» y que rechazan «conspiraciones».

APROGC ha citado el artículo 104 de la Constitución que encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana.

«En segundo lugar, la forma de hacerlo está condicionada por nuestro juramento ante la Bandera como militares que somos: estando dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional», han señalado.

Críticas a los jefes políticos

También han criticado a sus jefes políticos. «Los guardias civiles nos preguntamos cuándo volveremos a tener jefes que se sometan al imperio de la ley en lugar de estudiar sus fisuras», se han preguntado, antes de cuestionar las «purgas políticas de al menos seis coroneles y dos tenientes coroneles, con manifiesto desprecio de la legalidad y la tradición».

La asociación también recela de la ley de amnistía que beneficiaría al expresidente catalán Carles Puigdemont atendiendo al antecedente de la ley de amnistía aprobada en 1977, antes de aprobarse la Constitución.

«La historia evidenció hace 46 años que la amnistía a condenados por terrorismo no hizo más que reafirmar su vocación y aumentó el número de atentados», dicen en alusión a ETA, subrayando que esto «no anima a descartar una nueva crisis de convivencia y quiebra del Código Penal en todas sus posibilidades en Cataluña».

Por este motivo, Desde APROGC confían en el «compromiso y tenacidad del Poder Judicial para mantener su independencia». «Esperamos que encuentre el camino para preservar el Estado de Derecho en aras de garantizar la igualdad ante la ley y su aplicación, especialmente ante quienes sistemática y arbitrariamente demuestran vocación de situarse por encima de todos y la ley», han concluido.