Un subdirector general de Moncloa torpedea un manifiesto de 150 economistas del Estado
Julio Poyo-Guerrero sigue desaconsejando un comunicado corporativo, pero se abre a una votación entre los asociados
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, interviene durante una rueda de prensa tras registrar la ley de amnistía,. | Europa Press
Jueces, policías, asociaciones profesionales, abogados del Estado, inspectores de Hacienda, fiscales y empresarios, entre otros colectivos, han presentado diferentes manifiestos contra la ley de amnistía tras los pactos del PSOE con ERC, Junts y PNV, que permitirán esta semana la investidura de Pedro Sánchez.
Aseguran que los acuerdos rompen los principios constitucionales de legalidad e igualdad, una posición que también defiende un alto porcentaje de técnicos comerciales y economistas del Estado. Sin embargo, este colectivo se ha quedado sin voz al negarse la directiva de su asociación a pronunciarse de forma corporativa. Tras un cruce de correos y propuestas, los responsables de la asociación siguen considerando inapropiado el comunicado, pero se han abierto a una votación.
La Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado está presidida por un subdirector general de Moncloa, Julio Poyo-Guerrero, que ha sido quien ha obstaculizado el manifiesto contra la ley de amnistía. Otros cuerpos superiores de la Administración como los Abogados del Estado o Inspectores de Hacienda sí han podido hacerlo sin problema alguno.
Técnicos y economistas del Estado
THE OBJECTIVE ha tenido acceso al correo dirigido por el Consejo Directivo de la Atcee a los miembros de la asociación el pasado viernes. En él se informa que «la Atcee no va a emitir de momento comunicado alguno sobre el acuerdo (…) nos parece prematuro juzgar los efectos del acuerdo sobre nuestro colectivo, pues éstos son aún inciertos. Continuaremos analizando los riesgos para los intereses profesionales de los TCEE (…), ante la falta de concreción del acuerdo en los asuntos de nuestra competencia».
El mismo viernes día 10, un grupo de 96 técnicos comerciales y economistas del Estado se dirigió a Poyo-Guerrero. Consideraban que «hay fundamentos muy sólidos para defender que la proposición de ley de amnistía compromete y afecta muy seriamente al núcleo de nuestro ejercicio profesional y a los deberes y principios éticos y de conducta que se nos exigen como empleados públicos tal y como quedan recogidos en la Constitución y en el capítulo VI del Estatuto Básico del Empleado público». Con esta premisa, proponían al Consejo Directivo «que se organice una votación telemática entre los asociados para que podamos decidir el posicionamiento que como colectivo debemos adoptar».
Entre los firmantes de la carta dirigida a Poyo-Guerrero, que es subdirector general en la Secretaría de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno, figuraban conocidos profesionales de este cuerpo.
La respuesta de la directiva
El sábado día 11 ya fueron 133 los firmantes de un nuevo escrito contra la amnistía al presidente de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado proponiéndole el texto de un comunicado para someter a votación de todos los asociados antes del 14 de noviembre. Poyo-Guerrero respondió ayer, por correo, ratificando su postura, pero abierto a que vote entre todo el colectivo la propuesta.
«El Consejo Directivo se reafirma de nuevo mayoritariamente en que su visión de la Atcee como una asociación profesional desaconseja la emisión de un comunicado de la Atcee sobre el pacto entre partidos en este momento. De nuevo consideramos que, tras analizarlo incluso durante el fin de semana con expertos jurídicos en la materia, no hay una ligazón directa entre el pacto entre PSOE y Junts, no sólo con nuestro quehacer diario como TCEE, sino especialmente con ninguno de los fines de nuestra Asociación, tal y como están definidos en los distintos apartados del artículo 4 de nuestros estatutos, que hemos analizado en detalle», señala.
«Es también cierto que a nadie en el Consejo Directivo escapa la relevancia de que un planteamiento alternativo haya sido firmado por más de 150 compañeros. A día de hoy, este número supone casi un 25% de los asociados con derecho a voto de nuestro Cuerpo (hay 71 asociados jubilados sin derecho a voto), por lo que el Consejo Directivo ha acordado por unanimidad atender vuestra petición de abrir una votación entre todo el colectivo sobre el texto propuesto», asegura.
Postura de los economistas del Estado
Los técnicos comerciales y economistas del Estado aseguran, según el documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que la ley de amnistía socavaría los principios de igualdad ante la ley y de separación de poderes. Además, supone un riesgo para la prevalencia del Estado de Derecho, «piedra angular del funcionamiento de la Administración General del Estado y del desempeño de nuestro ejercicio profesional como funcionarios».
Consideran además que desprotegería a los empleados públicos frente a la arbitrariedad en la actuación del poder político y debilitaría la reputación institucional de nuestro Estado. «Los funcionarios de la Administración General podemos cumplir con imparcialidad e independencia con nuestros deberes y obligaciones, así como ejercer nuestros derechos gracias única y exclusivamente a la garantía que ofrece el respeto por el ordenamiento jurídico y a un correcto funcionamiento de las instituciones del Estado», aseguran.
