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El Gobierno dio 1,3 millones a la asociación presidida por un presunto líder yihadista

El Ejecutivo dio siete ayudas al órgano liderado por Aiman Adlbi, máximo responsable de una red yihadista según la Policía

El Gobierno dio 1,3 millones a la asociación presidida por un presunto líder yihadista

Ilustración de Alejandra Svriz.

La Comisión Islámica de España, cuyo líder Aiman Adlbi está siendo investigado por la Policía por presuntamente ser el máximo responsable de una red que transfirió fondos a milicias yihadistas en Siria, ha captado 1,28 millones en subvenciones del Estado desde 2020. La relación de ayudas, recogidas por el Ministerio de Hacienda, y a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, proceden tanto del Ministerio del Interior como del de Presidencia.

El órgano representativo de las comunidades religiosas islámicas ante la Administración, que nació en 1992, también recibió ayudas del Gobierno de Ceuta. En este caso, han sido cuatro subvenciones directas, que suman 290.000 euros, desde 2020. Mientras, Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide), la otra organización que preside Aiman Adlbi, se hizo con 168.000 euros. La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid ha sido la responsable de las ayudas a esta federación islamista.

Entre los servicios que ofrece la Comisión están defender el derecho a recibir clases de religión islámica en los colegios públicos y ofrecer asistencia religiosa en hospitales y cárceles. Además, está encargada de ofrecer el certificado Halal oficial en España «para acceder a un mercado valorado en 3.000 millones de euros».

Las ayudas a la Comisión Islámica

En total, la fundación islámica, que tiene su sede en la Mezquita Central Abu-Bakr, en el distrito madrileño de Tetuán, se hizo con 11 subvenciones directas en solo cuatro años. Solo el Ministerio de la Presidencia, dependiente de Félix Bolaños en esta época, ha entregado casi 1,2 millones. Estas ayudas, que reciben otras religiones, están reguladas por el Real Decreto 886/2022, de 18 de octubre, que regula la concesión directa de subvenciones a confesiones minoritarias.

Por otro lado, las partidas del departamento de Interior suman 84.000 euros. Estas ayudas tienen como objeto la atención al culto en Centros Penitenciarios. El órgano responsable es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Además de estas asociaciones, hay al menos otros 25 centros y fundaciones que reciben ayudas de las administraciones.

Encuentro con Sánchez

La Comisión Islámica no sólo ha recibido esta cuantiosa cantidad de dinero público, 1.28 millones de euros, por parte del Gobierno de España, sino un tratamiento homologable al de cualquier otra entidad, pese a las graves acusaciones que desde hace seis años se ciernen sobre su presidente. El propio Pedro Sánchez recibió el pasado 23 de octubre en La Moncloa a Mohamed Ajana, secretario de la citada comisión y mano derecha de Aiman Adlbi.

Un encuentro del que también participó el entonces ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y que se enmarcó en una búsqueda por la «paz y la convivencia» en Oriente Medio. Este encuentro cobró relevancia esta semana, cuando El País adelantó que Aiman Adlbi actuó como «máximo responsable» de una trama que transfirió fondos a milicias yihadistas en Siria, según un informe confidencial de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional.

El informe policial

La evidencia de que Adlbi conocía desde hace seis años el circuito de envío de fondos surge tras descubrir un vídeo que compartió por WhatsApp en el que un líder de Jaysh Al Islam, grupo insurgente salafista conectado a Al Qaeda y Daesh, agradece a representantes de Ucide su generosidad tras recibir en febrero de 2018 una donación. Jaysh Al Islam está detrás del secuestro de la abogada y activista en favor de los derechos humanos Razan Zaitouneh, que denunció que el grupo entrenaba a menores huérfanos como francotiradores para cometer asesinatos.

Para enviar fondos a Siria desde España sin levantar sospechas, la red simuló una falsa campaña humanitaria de apadrinamiento de huérfanos a través de la ONG yihadista Al Bashaer. La iniciativa recaudó 300.000 euros entre 2013 y 2021 y el dinero fue a parar a detenidos y viudas de combatientes yihadistas en la región siria de Guta. Pese a conocer desde 2018 esta treta, el principal responsable del islam en España ejecutó un «engaño continuado en el tiempo» al ocultar a los donantes el destino real del dinero, según las pesquisas policiales. 

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