La delincuencia crece... y se transforma: radiografía de la seguridad en España

Las cifras actuales de delitos en España son las más altas de toda su historia. La tasa de delincuencia supera ya los 1.800 por cada 100.000 habitantes. La percepción de seguridad se está deteriorando. En 2017 solo un 8,7% de los españoles declaraba haber sufrido un problema de delincuencia, violencia o vandalismo en su entorno, según Eurostat. Ese porcentaje se situaba tres puntos por debajo de la media de la Unión Europea. En 2020, último año del que disponemos ese dato, ese porcentaje había crecido al 14,1 y estaba cuatro puntos y medio por encima de la media europea.  

El último informe elaborado por la Universidad Francisco de Vitoria y Prosegur Research sobre el panorama de la seguridad en España señala que tras el paréntesis de la pandemia de la covid-19 las cifras de criminalidad han superado los niveles prepandemia y la delincuencia se hace cada vez más violenta. Así, si comparamos los datos de delitos denunciados en 2019 con el mismo periodo del 2023 el crecimiento de la delincuencia en España supera el 11%.

La delincuencia no solo crece, también se transforma. Hay dos tendencias que se sostienen desde hace tiempo y que hemos visto consolidarse en el último año. Por un lado, el crecimiento acelerado de la ciberdelincuencia. En los últimos seis años las estafas informáticas se han multiplicado por cinco y en el momento actual siguen creciendo a un ritmo del 20% anual. Hoy uno de cada cuatro delitos que se denuncian en España es un delito cibernético. La segunda tendencia es el aumento de la violencia en nuestra sociedad. Los delitos violentos aumentaron en 2022 un 20% respecto al año anterior y en el primer semestre de este año el crecimiento ha sido de un 5% adicional. En especial los delitos de lesiones han crecido casi un 40% desde 2019 y las agresiones sexuales de todo tipo lo han hecho en un 32%. Estas cifras muestran un rebrote de la violencia en nuestra sociedad y merecen una reflexión.

El entorno internacional en el que nos encontramos no favorece tampoco el sentimiento de seguridad y está dinamizando algunos fenómenos de criminalidad trasnacional. La proliferación de conflictos cada vez de mayor escala, como la invasión rusa de Ucrania o la guerra contra Hamás en Oriente Medio, entre otros muchos, provocan un aumento de la violencia global, generan millones de refugiados, favorecen el tráfico de armas y dificultan la cooperación internacional para hacer frente a amenazas globales como el terrorismo o el crimen organizado.

Algunos Estados están utilizando además la criminalidad organizada como arma estratégica. Así, es cada vez más frecuente identificar grupos de ciberdelincuentes al servicio de países que pretenden agredir a terceros, grupos armados que ejecutan operaciones a las órdenes de determinados gobiernos o potencias que utilizan redes de financiación ilegales o rutas de comercio clandestino para sortear las sanciones económicas. En otros casos, observamos cómo algunos regímenes mantienen relaciones de connivencia con el narcotráfico, cómo el crimen organizado desplaza al Estado en determinados territorios o cómo la corrupción mina los sistemas democráticos.

La posición geoestratégica de España la hace especialmente vulnerable a este deterioro de la seguridad a escala global. Así, la llegada de inmigrantes irregulares a nuestro país bate récords superando ampliamente las 50.000 entradas en este año, con un crecimiento del 75% respecto a 2022. La inmensa mayoría de esos inmigrantes vienen por vía marítima, lo que supone la pérdida de cientos de vidas humanas en esas travesías. El 70% de esos inmigrantes irregulares llegan a las Islas Canarias partiendo de las costas de África Occidental. Por su parte, la llegada de cocaína procedente de Latinoamérica se ha incrementado también un 17% en 2022, superando las 58 toneladas incautadas. La sobreproducción de esta droga en países como Colombia o Perú y la tendencia a orientarse cada vez más al mercado europeo hace que la presencia de los carteles sudamericanos en España sea cada vez más relevante. Finalmente, la creciente inestabilidad en el Sahel y el aumento de la tensión en Oriente Medio puede llevar aparejada a medio plazo un incremento de la amenaza del terrorismo en Europa.

Según el Índice Global de Crimen Organizado, España es el segundo país de la Unión Europea, después de Italia, con mayor penetración de grupos de delincuencia organizada con tendencia además a incrementar esa presencia. El perfil más frecuente en los grupos de crimen organizado identificados en España es multinacional, con actividad criminal fuera de nuestras fronteras, creciente policriminalidad y con un tiempo de actividad delictiva inferior a los tres años.

Vía principal de la entrada de drogas a Europa

Nuestro país sigue siendo vía principal de entrada de cocaína y hachís hacia Europa, aunque otros puertos europeos están cobrando preeminencia en lo que se refiere al tráfico de cocaína. En el caso del hachís, la creciente presión policial en el Campo de Gibraltar ha llevado a una diversificación criminal de las organizaciones. España se ha convertido a su vez en el principal productor de cannabis de Europa mediante plantaciones tanto en exterior como interior. La presencia de drogas sintéticas en manos de organizaciones italianas, francesas y holandesas va en aumento.

También la delincuencia organizada se está transformando en nuestro país. Observamos en primer lugar una tendencia hacia un crimen organizado más tecnológico. Organizaciones criminales que anteriormente se especializaban en delitos contra la propiedad o el patrimonio de forma física se han reconvertido a la ciberdelincuencia. Se extiende cada vez más el uso de criptomonedas, asociado principalmente al tráfico de drogas y los delitos patrimoniales. Las organizaciones utilizan las criptomonedas para blanquear el dinero obtenido de su actividad ilícita. Destaca a su vez el uso de comunicaciones encriptadas, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea

Una segunda tendencia es la instauración de fórmulas de crimen como servicio. Así, hay organizaciones especializadas en ofrecer servicios tecnológicos o financieros a los grupos criminales. Las organizaciones criminales siguen así un modelo de una organización empresarial en el que las redes criminales son dirigidas por un grupo reducido de personas que disponen de personal operativo que ejecuta sus instrucciones, apoyados por expertos técnicos, legales, financieros, falsificadores, entre otros profesionales, que actúan como proveedores externos de servicios a la organización. 

Por último, nos encontramos con una delincuencia más violenta en España, incluyendo el aumento del empleo de armas en la actuación de los grupos de delincuencia organizada.  Los denominados «vuelcos» o robos de alijos de droga a grupos rivales es una actividad cada vez más frecuente. La delincuencia basada en clanes endogámicos (balcánicos, caucásicos o africanos) resulta especialmente violenta. La figura del sicario comienza también a ser cada vez más recurrente en nuestro país. Este aumento de la violencia se ve reflejado en que los homicidios y asesinatos consumados estén aumentando en este año un 10%, los asesinatos en grado de tentativa un 20% y los secuestros más del 60%.

Respecto a las tendencias de futuro, es inquietante la creciente simbiosis entre el crimen organizado y la corrupción. Cada vez un mayor número de grupos criminales incluye la corrupción como forma de infiltrarse y socavar la respuesta del Estado a su actividad delictiva. Hay en segundo término un proceso de ‘legalización’ del crimen organizado. Se ha detectado que más del 80% de las redes criminales usan estructuras de negocios legalmente creadas para conseguir sus fines. Por último, existe un sistema financiero paralelo que evita la trazabilidad de las operaciones financieras del crimen como parte de una economía criminal sumergida.

En relación con la amenaza terrorista, hemos de destacar que en el año 2022 no hubo ningún atentado en España. En los últimos cinco años el número de víctimas ha oscilado entre una o ninguna. Esta baja incidencia de atentados en nuestro país se explica, por un lado, por la pérdida de capacidad de las grandes organizaciones terroristas yihadistas, como Daesh o Al-Qaeda, consecuencia en buena media de la lucha internacional contra el terrorismo y por otro por la gran eficacia de las fuerzas de seguridad españolas en la detección y detención de terroristas en nuestro territorio.

Para los próximos años vemos, sin embargo, un riesgo de que la amenaza terrorista aumente. Por un lado, la extensión del islamismo por el Sahel y África Occidental puede recomponer la capacidad futura de organizar atentados. En este sentido, las referencias a Ceuta, Melilla, Al Ándalus y últimamente Canarias en las redes yihadistas internacionales va en aumento. Por otro lado, el conflicto en Oriente Medio puede favorecer la radicalización de elementos en las comunidades musulmanas europeas, como ya estamos viendo en algunas capitales.

Es previsible además un incremento de la violencia política como consecuencia de la tendencia a una creciente polarización social. De los 16 atentados terroristas contabilizados por Europol en la Unión Europea en 2022, 13 habían sido cometidos por organizaciones de extrema izquierda, dos de origen yihadista y uno de extrema derecha. En España, la mayoría de los ataques provienen también de la extrema izquierda y comienzan a ser también más frecuentes el uso de la violencia por parte de movimientos ecologistas radicales. Sin embargo, la situación política y la emergencia de grupos de extrema derecha en Europa puede llevar también a una mayor violencia protagonizada por radicales de este extremo del espectro político. En este sentido, destaca el fuerte crecimiento de los delitos racistas en nuestro país en los últimos años. 

Un fenómeno al que debemos prestar atención es al asentamiento de bandas juveniles en muchos casos compuestas por menores. El surgimiento de estas bandas se produce esencialmente en las grandes ciudades. Su actividad explica el aumento detectado tanto en el tráfico de drogas, como en los robos con violencia, las riñas tumultuarias, la ocupación ilegal de viviendas y los actos de vandalismo como pintadas o daños al mobiliario urbano. La peligrosidad de estas bandas se está incrementando por el creciente número de armas de fuego requisadas y por el hecho de que los conflictos entre ellas resultan cada vez más violentos, terminando en varios casos con homicidios. Hacer frente a este inquietante desafío al conjunto de nuestra seguridad requiere una respuesta integral desde el ámbito de la educación, la asistencia social, la legislación de menores y la respuesta policial.

Por su parte, la ciberdelincuencia continúa creciendo a un ritmo superior al 20%. Las estafas informáticas se han multiplicado por tres en los últimos cinco años y continúa la tendencia alcista de los ataques tipo ransomware. En 2022 ha habido un incremento del número de ataques que han comprometido cadenas de suministro y se espera que esta tendencia continúe en el futuro. Se observa una mejora técnica de los ciberataques, lo que dificulta su detección al implementar medidas de seguridad que permiten ocultar su origen. Se ha incrementado notablemente el riesgo de sufrir ciber sabotajes, presumiblemente encubiertos como cibercrimen (ransomware), ciberactivismo (ataques de denegación de servicio) contra infraestructuras críticas nacionales, particularmente las relacionadas con el sector energético y ciber espionaje a través de amenazas persistentes avanzadas (APT). 

Adquieren también relevancia los ciberdelitos contra las personas, especialmente de odio y discriminación hacia determinados colectivos, los delitos contra la libertad sexual de los menores y los delitos que afectan a la intimidad personal, en especial aquellos que consisten en la difusión no autorizada de imágenes o en la realización de conductas de acoso (ciberbullying), por ejemplo, sobre menores de edad y parejas o exparejas.

Está creciendo el uso de grupos cibercriminales o ciberactivistas por parte de Servicios de Inteligencia, lo que les permite ocultar la autoría y enmascarar el objetivo real del ataque. Algunos de estos grupos se centran en el ransomware o en la negación de servicio. Igualmente, se prevé un incremento de los ciberataques destructivos a redes de actores estatales contra infraestructuras críticas de países rivales, tanto en el ámbito de las tecnologías de la información como en el de las tecnologías operativas. 

Finalmente, señalar el crecimiento de la delincuencia ecológica en todo el mundo. Los delitos medioambientales son la tercera actividad criminal más lucrativa tras el tráfico de drogas y las falsificaciones. En España los delitos medioambientales siguen creciendo a un ritmo anual del 10% y superan ya ampliamente las seis mil denuncias. Por su parte, las infracciones administrativas relacionadas con el medio ambiente están por encima de las cien mil y tuvieron en 2022 un crecimiento del 77% respecto al año anterior, destacando las veinte mil denuncias referentes a residuos y vertidos.

A pesar de este crecimiento generalizado de la delincuencia, de la inquietante amenaza del crimen organizado y del aumento de la percepción de inseguridad en los ciudadanos, la realidad es que España sigue siendo uno de los países más seguros del mundo, en buena medida gracias a la eficacia de nuestras fuerzas de seguridad y a la respuesta de nuestro sistema judicial y penitenciario. Sin embargo, conservar estos niveles de seguridad exigirá no solo aumentar los recursos para hacer frente a todo el conjunto de desafíos descritos, sino también reformas legislativas profundas y políticas de seguridad innovadoras.