83.000 millones de razones para ser irresponsable: la quita que premia el despilfarro
Equivale al 6% del PIB español y a la cuarta parte de toda la deuda autonómica acumulada en régimen común
Comunidades autónomas más endeudadas.
Ochenta y tres mil millones de euros. Es el importe que el Estado español va a asumir de las deudas de las comunidades autónomas según el decreto-ley aprobado en diciembre de 2025, que en junio de 2026 sigue en tramitación parlamentaria. Para hacerse una idea de la magnitud, equivale al 6% del PIB español y a la cuarta parte de toda la deuda autonómica acumulada en régimen común. El Estado, que lleva sin presupuestos propios desde 2023 y cuya deuda ronda el 100% del PIB, va a cargar sobre los hombros del contribuyente nacional las facturas de las comunidades que gastaron más de lo que ingresaban, premiando al irresponsable para trasladárselo a quien no lo fue.
La operación no es nueva en su lógica. España ya realizó una primera gran mutualización de deuda regional en 2012 con el Fondo de Liquidez Autonómica. Lo que diferencia esta ocasión es el volumen, el contexto —presentado como elemento de negociación parlamentaria— y una coyuntura fiscal en la que el margen del Estado central para asumir compromisos adicionales es prácticamente nulo. Los 83.252 millones no se financiarán con superávit, sino con más deuda nacional.
Las comunidades que más se benefician son, en proporción, las que más gastaron por encima de sus ingresos durante la última década: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha son las que en 2026 no pueden emitir deuda en los mercados por su excesivo endeudamiento. Son también las principales destinatarias del alivio. El ahorro de intereses para el conjunto de las comunidades beneficiadas se estima entre 6.600 y 6.700 millones de euros anuales, según datos del propio Gobierno remitidos a la Comisión Europea.
Aquí reside el problema de fondo. La teoría económica denomina riesgo moral a la circunstancia por la que quien incurre en el gasto no sufre las consecuencias de la deuda que genera. Y, en esa situación, los incentivos para la disciplina desaparecen. La condonación premia exactamente a quien más se endeudó e ignora a quien gestionó mejor sus cuentas. La lección que el sistema de financiación autonómica lleva décadas transmitiendo es que gastar más equivale a recibir más tarde. Esta operación lo confirma a escala histórica y con cifras récord.
Los ciudadanos no saben a qué comunidad pertenecen los intereses que el Estado pagará durante los próximos decenios por ese importe. La ley orgánica que articula la operación está en el Congreso sin fecha confirmada de aprobación, con reservas de Junts (que entiende que el diseño beneficia más a comunidades que no deberían) y sin debate sustantivo sobre el modelo de fondo. La deuda total del conjunto de las Administraciones públicas roza el 100% del PIB, según el Banco de España. A ese nivel, cada compromiso nuevo tiene un coste que alguien —fundamentalmente las futuras generaciones— acabará pagando.
El Gobierno anunció este lunes el cuadro macroeconómico de los Presupuestos de 2027. Antes de hablar de qué nuevos gastos puede permitirse el Estado, sería oportuno preguntarse cuántos gastos ajenos está asumiendo ya. En un país donde el Gobierno se niega a deflactar el IRPF por un coste de 2.300 millones de euros anuales, el mismo Gobierno acaba de comprometerse a asumir intereses de deuda regional por un importe tres veces mayor por motivos exclusivamente de supervivencia política, sin debate real y sin que los contribuyentes de las comunidades que no necesitan el rescate hayan sido consultados.
La disciplina fiscal solo funciona si quien la incumple asume las consecuencias. Ochenta y tres mil millones de euros demuestran que ese principio no aplica en España. La irresponsabilidad tiene premio. Los mercados lo saben y las comunidades también. La pregunta es si el contribuyente nacional, que pagará la factura, es consciente de ello.