PNV y PSE rechazan la creación de una oficina de anticorrupción en el País Vasco

El PNV, PSE-EE y Vox han rechazado este jueves la creación de una oficina de buenas prácticas y anticorrupción planteada en el Parlamento que reclamaba contar en la Comunidad Autónoma Vasca con un órgano «independiente específico para la prevención, la detección y la investigación de prácticas irregulares», y que «garantice el anonimato de las personas denunciantes».

EH Bildu ha vuelto a llevar a la Cámara una proposición de ley para la creación de una oficina de buenas prácticas y anticorrupción, ya que considera que «los casos de fraude y corrupción que se han venido acumulando en estos últimos años, han puesto de manifiesto que los mecanismos existentes en la actualidad para hacer frente a ese tipo de prácticas no son suficientes».

La toma en consideración de la proposición de ley ha sido rechazada con el voto contrario de los grupos en el Gobierno –PNV y PSE– y Vox, la abstención de PP+Cs y el apoyo de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU.

El Consejo del Gobierno Vasco manifestó el pasado 7 de febrero su criterio desfavorable a la toma en consideración de esta proposición de ley de EH Bildu, afirmando que ya existe en País Vasco «un extenso entramado jurídico e institucional que vela por la integridad, el impulso de la transparencia y la prevención, y el combate de la corrupción en las administraciones públicas», y consideraba que «el modelo de control» que se plantea «tiene un sentido más represivo que preventivo».

En el debate, el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona ha defendido que la ley presentada «ofrece las suficientes garantías para dar un importante paso en la lucha contra las malas prácticas, vengan de donde vengan» y ha señalado que la oficina propuesta «no está limitada solamente a las actuaciones de las administraciones e instituciones», antes de recordar que organismos como el propuesto por EH Bildu ya existen en Navarra y en otras comunidades.

En este sentido, ha criticado que el dictamen emitido por el Gobierno Vasco cita los órganos de control y fiscalización internos de la Administración General –la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas– y ha señalado que estos órganos «se limitan a los contratos, a la contratación, y a que sea aplicada la Ley de Contratos del Sector Público» y fiscalizan «ejercicios contables a posteriori, siendo esto una pequeña parte de actuaciones o de irregularidades que se puedan detectar en ese ámbito».

También ha criticado el caso de doce exaltos cargos del Gobierno «que tenían que haber notificado su paso a una empresa privada, y que no han hecho y el registro ni lo ha detectado aunque hayan sido publicados algunos nombramientos». «Que ustedes pongan esto como ejemplo de que ya tenemos organismos y mecanismos eficientes en este país, en este momento, también queda en entredicho que realmente sea un organismo muy eficaz a la hora de detectar ciertas prácticas», ha insistido.

Estarrona ha rechazado el argumento del Gobierno hablando de «duplicidad de órganos en caso de crearse esta oficina», ya que ha defendido que «no se puede duplicar lo que no existe». «Los órganos que cita el Gobierno Vasco no tienen ni funciones ni competencias que le dotamos a través de esta ley a la oficina», ha asegurado.

El parlamentario de PNV Jon Andoni Atutxa ha recordado que en junio del año 2021, EH Bildu llevó a la Cámara una iniciativa similar y ha acusado a la coalición de «importarle más la oportunidad política que la supuesta gravedad de los males a corregir» porque «para EH Bildu todo es corrupción de algún tipo, porque mezclan interesadamente el plano ético, el administrativo e incluso el plano judicial o penal». «Lo meten todo en la batidora», ha criticado.

Asimismo, se ha reafirmado «con rotundidad» en todos los recursos de los que cuenta el País Vasco «para promover la integridad, impulsar la transparencia y combatir la corrupción, recursos que siguen plenamente vigentes y activos» y ha señalado que el Gobierno Vasco aboga por «un modelo preventivo».

«Vamos a votar en contra de la toma en consideración porque entendemos que su propuesta de control no es correcta», ha explicado antes de subrayar que el Gobierno va a «seguir añadiendo elementos al ordenamiento vasco para mejorar la protección del denunciante» y «en sintonía con las directrices de la Unión Europea».

El parlamentario de PSE Ekain Rico ha criticado que EH Bildu proponga la creación de un nuevo órgano «partiendo de un discurso de invalidez e incluso de extensión de una sombra de sospecha y de connivencia sobre el conjunto de los órganos e instituciones que ahora tienen encomendado el control de la actuación de las administraciones públicas».

«No compartimos tampoco que este debate se quiera plantear como una especie de lucha entre dos posiciones contrapuestas, donde quienes apoyen la toma en consideración para crear este nuevo órgano son quienes pretenden luchar contra la corrupción y los demás no», ha defendido antes de defender que en la lucha contra la corrupción «estamos absolutamente todos».

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, cree que la iniciativa de EH Bildu se presenta «partiendo de una premisa equivocada» al considerar que «un órgano cuyos responsables serán nombrados y designados por una mayoría liderada por el PNV, pueda ser independiente», ya que «ser nombrado por el PNV y ser independiente son dos cuestiones absolutamente incompatibles». «Es simplemente poner a los corruptos a cuidar de su propia corrupción», ha asegurado.

Explicación de voto

En el turno de explicación de voto, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Gustavo Angulo ha lamentado que «en los últimos años en el País Vasco se ha avanzado poco a la hora de atajar el mal de la corrupción» y cree que «con las herramientas actuales, en País Vasco se han tardado 13 años en resolver el mayor caso de corrupción destapado hasta la fecha, donde, además, la persona denunciante ha sido una de las que peor parada ha salido». «En el País Vasco, evidentemente, hay corrupción», ha afirmado.

Tras reconocer que «la corrupción en País Vasco es un fenómeno complejo, que adopta múltiples formas, es escurridiza y se renueva constantemente», ha señalado que «junto con la corrupción clásica, lo que también se lleva es el amiguismo, el clientelismo y las puertas giratorias». «Hoy teníamos la oportunidad para avanzar en el camino de la transparencia, para dotarnos de otra herramienta que sí necesitamos y que explore todas las vías de corrupción posibles acorde a los nuevos tiempos, pero no ha sido posible», ha subrayado.

Por último, el parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo ha afirmado que en la lucha contra la corrupción, todos los grupos de la Cámara están de acuerdo pero encuentran «matices» en los mecanismos para hacer efectiva esta lucha.

Según ha explicado, «en principio», su grupo «no es partidario de crear nuevos órganos administrativos para que controlen a la propia Administración», ya que cree que este tipo de cuestiones se pueden llevar a cabo «de la mano de una serie de medidas que todavía hay margen para adoptar». «Lo que es necesario son normas de calidad, órganos de control externo y personas independientes al frente», ha reclamado.