Madres de chicas con disforia creen que la 'ley trans' omite a quien quiere frenar su transición

La Asociación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada (AMANDA) ha denunciado que la nueva ‘ley trans’, aprobada hace una semana en el Congreso, promueve el uso de fármacos y la cirugía, no tiene en cuenta a los desistidores que quieren destransicionar, y promueve el «contagio social».

Para la entidad, la norma está redactada «de espaldas a la realidad» y «olvida el fenómeno de la disforia de género de inicio rápido (DGIR)» que, según ha señalado, «ha supuesto un aumento de las peticiones a las unidades de tratamiento de la identidad de género de varios miles por ciento, no sólo en España, sino en todo el mundo desarrollado».

Desde AMANDA advierten de que existe un perfil de este aumento: adolescentes (chicas en un 80%), que jamás dieron muestra alguna de discordancia con su sexo biológico durante la infancia; generalmente entre los 11 y 17 años; neurodivergentes (con altas capacidades, autismo, TDA) y/o con una problemática emocional o de salud mental previa (ansiedad, depresión, TCA, antecedentes de abuso sexual, bullying).

Del mismo modo, señala que la ley se olvida de los desistidores y destransicionadores. En ambos casos, alertan de la carga emocional y psicológica que conlleva y, en el caso de los destransicionadores, apuntan a las consecuencias «irreversibles» de su paso por el proceso.

«El incremento exponencial del número de personas en estas circunstancias en nuestra sociedad, alertado por los profesionales de las Unidades de Tratamiento de la Identidad de Género y profesionales de reputación internacional en el campo de la salud mental, hace imprescindible que se legisle teniendo en cuenta estas realidades», han explicado desde la entidad.

Los fármacos y la cirugía

A través de un comunicado, recogido por Europa Press, AMANDA advierte de que el texto aprobado impide la terapia exploratoria y se promueve el uso de fármacos y cirugía a partir de los 16 años, o antes si hay consentimiento paterno. A su juicio, el médico está obligado a atender la demanda que se le hace sin aplicar su propio criterio profesional.

Además, apunta que, según este texto, cualquier acercamiento al malestar de los menores que busque el origen de éste se prohíbe, pues se considera terapia de conversión cualquier terapia psicológica o psiquiátrica que no sea afirmativa, y una infracción muy grave.

En este sentido, explica que la ley habla de asistencia integral sin especificar, pero no incluye tratamientos psicológicos y psiquiátricos para los casos que lo requieran.

Del mismo modo, creen que promueve la aplicación de tratamientos de forma experimental. «Tanto los bloqueadores de la pubertad como la hormonación cruzada para el tratamiento de las personas transexuales no están recogidos en las indicaciones terapéuticas de los medicamentos utilizados y, en algunos casos, están expresamente contraindicados», ha señalado AMANDA, para indicar que estos «deberían poder aplicarse en situaciones muy especiales, basándose en ensayos clínicos e informes».

Sin embargo, según denuncia la entidad, la ‘ley trans’ «no recoge el consentimiento informado a tratamientos experimentales o fuera de la indicación aprobada» por lo que, según ha explicado, «un menor, por muy maduro que sea, nunca tendrá ni la preparación técnica ni los conocimientos necesarios para poder realizar su propio autodiagnóstico y decidir su tratamiento, menos aun cuando nos se está refiriendo a tratamientos experimentales e irreversibles».

La ‘ley trans’, un peligro

Entre las denuncias de AMANDA también se incluye el peligro en el que, a su juicio, está la patria potestad con esta ley. Según alerta, si los padres no quieren enfrentarse a la posible pérdida de la patria potestad de sus hijos, se ven abocados a autorizar todos los tratamientos médico-quirúrgicos que estos reclamen.

Además, señala que se promueve el contagio social al obligar a adoptar en los centros educativos una postura afirmativa indubitada y de abrir el correspondiente protocolo de atención al alumno que se declare trans. También se obliga a la inclusión de contenidos de diversidad sexual y de género en todos los aspectos básicos del currículo y en todos los niveles.

Y, finalmente, AMANDA denuncia que esta ley permite cambiar el sexo registral «en un plazo rápido» y «sin informes», sin contemplar «la valoración de la madurez del menor ni la etiología del deseo de cambio de sexo registral».

«Es decir, la Ley establece un modelo rígido, inflexible y afirmativo de acompañamiento y apoyo a la toma de decisión adoptada, que parte del principio de no patologización, prohibiendo que madres, padres, tutores o facultativos puedan cuestionar la decisión de autodeterminación, a la que se llega mediante un autodiagnóstico», ha concluido.