Piden a Batet aplicar el protocolo para el acoso sexual a dos diputados de PSOE y Podemos

14 de octubre de 2022. La diputada de Vox en el Congreso de los Diputados Carla Toscano sube al atril en el contexto de la tramitación de la ley del sólo sí es sí. Desde la tribuna, la representante de los de Santiago Abascal por Madrid ironizó sobre las miradas que le dirigían Rafael Simancas (PSOE) y Txema Guijarro (Unidas Podemos): «Señor Simancas, señor Guijarro, ¿me están mirando? Es que a lo mejor no me gusta cómo me miran. Si fuera otro tipo de mujer, les podría denunciar por acoso y violación y habría que creerme porque soy mujer, porque yo lo valgo».

La intervención, aunque soliviantó a los diputados del Gobierno, quedó reflejada como anécdota en el Diario de Sesiones. Hasta el pasado 23 de enero. En esa fecha, según ha podido comprobar THE OBJECTIVE, la Alianza Contra la Corrupción remitió un escrito a la Presidencia de la Cámara Baja, que ostenta Meritxell Batet, para pedirle «la aplicación inmediata y urgente del Protocolo para el acoso sexual del Congreso de los Diputados para la Sra. Toscano de oficio por los servicios de la Cámara».

Dicho protocolo existe como parte del I Plan de Igualdad de las Cortes Generales, y fue aprobado a finales de septiembre de 2021. De acuerdo con él, sólo pueden ser sancionados los funcionarios o el personal laboral (trabajadores de la Secretaría General, letrados, ujieres o personal sanitario), pero no los diputados o senadores, ni tampoco los empleados de los grupos parlamentarios o el resto del personal eventual.

La denuncia

Pese a esto, la citada alianza pidió «que se comunique en su caso a su grupo parlamentario la iniciación del protocolo y los hechos acaecidos en el pleno del 14 de octubre, y que se les pida testimonio de si han podido observar este tipo de comportamientos sexistas y otros por esos mismos diputados en otros momentos de la legislatura».

«Muchas veces las propias víctimas no son conscientes de que lo son y esto ayudaría a depurar responsabilidades y prevenir conductas», arguye el escrito al que ha tenido acceso este medio, que señala cómo Carla Toscano, «cuyas convicciones no le permiten denunciar», «se halla en una situación de indefensión aprendida, como respuesta adaptativa a la presión que este tipo de actitudes estructurales le hacen pasar en su trabajo por parte de estos represores».

Y es que desde la Alianza Contra la Corrupción entienden que el silencio de los presentes en el momento de la insinuación de la representante de Vox se debe, en última instancia, a «una actitud machista de justificación de lo ocurrido, de permisividad de tipo machista-estructural dentro de los grupos parlamentarios y la propia Cámara, lo cual pudiera constituir incluso un delito de prevaricación omisiva y puede derivar en otro tipo de responsabilidades a los responsables conforme a la propia normativa aprobada por el Congreso de los Diputados y en vigor hoy en día».

Por último, y con tono solemne, señala que en caso de no tomarse medidas contra los diputados del Gobierno se demostraría «que el problema de los abusos sexuales nunca se va a parar, porque por un lado a la ciudadanía le están diciendo que no haga una cosa, y, por otro lado, los máximos representantes de la nación están haciendo lo contrario». También, en su argumentario, se procedería a «subestimar el comportamiento de estos señores simplemente por ser hombres y diputados, y subestimar el daño recibido por la señora Toscano», así como a «revictimizar a las víctimas de los delitos sexuales».

La inmunidad de los diputados

La intervención de Carla Toscano fue, a todas luces, irónica. La diputada de Vox subió al estrado luciendo una camiseta con el lema Not me too (en contra del movimiento Me Too) y atacó a los «talibanes del feminismo». Su referencia a Rafael Simancas y Txema Guijarro fue recibida con risas por parte de la bancada de Santiago Abascal. Por eso este medio ha considerado pertinente preguntar a la Alianza Contra la Corrupción si la denuncia ha sido escrita con una segunda intención. Y así es.

Su presidente, Jaime González, confiesa que pretendía evidenciar cómo «los diputados están por encima del bien y del mal y promulgan leyes que ellos mismos no se aplica». Así lo ratifica la respuesta que le han dado desde la Dirección de Asistencia Técnico-Parlamentaria del Congreso: «Por lo dispuesto en el Protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo y frente a otras formas de acoso y violencia en las Cortes Generales, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie A, núm. 66 de 29 de septiembre de 2021, de ninguna manera resultaría de aplicación para el supuesto descrito».