El PP teme que la reforma del 'sí es sí' termine con un acuerdo entre el PSOE y Podemos
La ministra María Jesús Montero admite que confía en la capacidad de llegar a un acuerdo y poder redactar una «propuesta de consenso»
La ministra de Igualdad, Irene Montero; la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press
Los populares no la tienen todas consigo sobre la posibilidad de que la reforma de la ley del solo sí es sí se lleve a cabo con el texto cuya toma en consideración se aprobó en el pleno del Congreso de los Diputados del pasado martes. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE se muestran prudentes a la hora de diseñar la estrategia a seguir, una vez que ya se ha activado la tramitación parlamentaria. El temor radica en la sospecha de que un acuerdo de última hora entre el PSOE y Podemos, o lo que es lo mismo, las dos almas del Gobierno de Pedro Sánchez, cambie el texto de la proposición de ley y haga saltar el apoyo del Partido Popular (PP).
De hecho, los populares esperarán hasta que finalice el plazo de presentación de las enmiendas a la totalidad para ver si podrían redactar enmiendas parciales al texto. Una vez superado este primer examen parlamentario, la Mesa del Congreso del próximo martes dará cuenta del acuerdo del pleno y el texto será remitido a la comisión competente y se abrirá el plazo de presentación de enmiendas que, tal y como subraya el artículo 126.5 del Reglamento del Congreso, podrán ser a la totalidad de texto alternativo o al articulado. En caso de presentarse enmiendas a la totalidad, el texto deberá superar el debate de totalidad ante el Pleno. Posteriormente, la iniciativa continuaría en su caso su tramitación en ponencia y comisión, antes de su remisión al Senado.
El Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo, en líneas generales, con el texto de la proposición de ley, excepto en algún tema menor, pero reconsiderará su apoyo si ésta se modifica sustancialmente, sobre todo en lo que se refiere a la reducción de las penas. Este será el escollo principal a la hora de alejarse de la mayoría que permitió la toma en consideración.
Las sospechas del PP se vieron ayer justificadas tras las declaraciones realizadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en los pasillos del Congreso de los Diputados, al afirmar que confía en la capacidad de ambas formaciones políticas para llegar a un acuerdo y que el entendimiento se pueda concretar en «una propuesta de consenso».
El texto de la proposición de ley contiene un artículo único, cuatro disposiciones transitorias y cuatro disposiciones finales. El artículo único incluye modificaciones de diferentes apartados de los artículos 178, 179, 180 y 181 del Código Penal, que están ubicados dentro del título referido a delitos contra la libertad sexual. Especialmente, en lo que atañe a la duración de las penas privativas de libertad.
El objetivo es «blindar la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual en favor de las víctimas y evitar el efecto no deseado de una posible aplicación de las penas mínimas de los nuevos marcos penales, que son más amplios, para que en casos graves no exista la posibilidad de que se impongan penas bajas». A esta modificación se han visto forzados los socialistas después de la polémica que ha generado la excarcelación de 74 violadores condenados, al aplicarles la reducción de las penas de la ley, y la rebaja que ya afecta a 721 delincuentes sexuales. La resistencia de las ministras Irene Montero e Ione Belarra para admitir el error ha abocado al PSOE a buscar el apoyo del PP, Vox, Ciudadanos, PNV, PdCat, Partido Regionalista de Cantabria y Coalición Canaria.
