Castilla y León reprocha que Ribera les ataque: «Nulo rigor, deslealtad y premisas falsas»

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha remitido una carta a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en respuesta a una misiva de la ministra, en la que le explica que acusar a Castilla y León de que el cierre de colegios e infraestructuras sanitarias en los últimos 10 años es el causante de la despoblación es una afirmación «de nulo rigor técnico, de deslealtad institucional sin precedentes y que además se basa sobre una premisa totalmente falsa».

Así lo recoge la carta remitida por Suárez-Quiñones a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, quien previamente había remitido una misiva al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para reprocharle que implante la «antítesis de medidas demográficas» en la Comunidad, además de que en el Congreso aseguró que se estaba dando una reversión de la tendencia de despoblación en todo el país salvo en Castilla y León, donde las cosas «van fatal» ya que el cierre de consultorios médicos y servicios educativos «está incentivando el abandono rural».

Ante las críticas de la vicepresidenta, el consejero de Medio Ambiente le ha remitido una carta con una extensión de doce folios en el que desmonta con datos las declaraciones de Teresa Ribera, de quien espera una «rectificación pública» por el ataque «injustificado y desleal a las actuaciones de Junta de Castilla y León» para preservar el medio rural de la región.

Y es que, a lo largo de doce folios, Suárez-Quiñones le explica que Castilla y León es la única comunidad que tiene aulas escolares abiertas en los pueblos con sólo 3 y 4 alumnos; es la única que ha puesto en funcionamiento la figura del CEO (Centro de Educación Obligatoria) para que los alumnos del mundo rural puedan estudiar de modo ininterrumpido hasta los 16 años y cuenta con la red de Centros Rurales Agrupados (183) más extensa de España, para llegar a todos los rincones del territorio.

Asimismo, el consejero defiende el sistema educativo de Castilla y León «como el más equitativo ya que no hay diferencia de rendimiento del alumnado rural del urbano».

«En resumen, nuestras políticas en educación lejos de ser un ejemplo negativo para la lucha del reto demográfico, como las presentaste, son un ejemplo positivo y únicas en España», recoge la carta del consejero de Medio Ambiente.

Sobre los datos sanitarios, Juan Carlos Suárez-Quiñones acusa a teresa Ribera de «una completa falta de rigor en cuanto al conocimiento de la situación» de Castilla y León porque el Gobierno central «conoce sobradamente que las dificultades en atención primaria se dan en la totalidad del Sistema Nacional de Salud».

El consejero recuerda que el presupuesto de la Junta en Sanidad para este año «es el más alto de la historia» con 4.753 millones de euros, y supone casi el 37 por ciento del presupuesto total de la Comunidad, además de que se ha dotado a la Atención Primaria de más de 1.538 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 8,38 por ciento.

En este sentido, a Suárez-Quiñones le llama la atención «la falta de apoyo» del Gobierno central, ya que el actual sistema de financiación no tiene en cuenta la dispersión y la baja densidad poblacional lo que «y coloca a los castellanoleoneses en una situación de inequidad» lo que lleva a la Junta a «realizar un gran esfuerzo económico y de recursos humanos y materiales para garantizar una Atención Primaria de calidad en las zonas rurales».

En la carta, el consejero le explica a la ministra que Castilla y Léon es al Comunidad con más médicos de Atención Primaria por cada 1.000 habitantes, y la segunda con más enfermeras de AP, así como la región con menor ratio de tarjetas por profesional de medicina familiar.

«Desde Castilla y León sí se está actuando en nuestro ámbito competencial, ya que se está impulsando un amplio conjunto de medidas para dotar el sistema de salud público de los profesionales necesarios y para mejorar sus condiciones de trabajo», continúa la carta del consejero.

Juan Carlos Suárez-Quiñones asegura en la misiva que «en el ámbito rural de Castilla y León no se reduce la población porque se presten menos servicios sanitarios, ya que se han reforzado y modernizado, con más dotación presupuestaria y mayor dotación de recursos materiales» además de que la Junta se ha comprometido en esta legislatura «a mantener y potenciar el modelo de asistencia rural, garantizando el mantenimiento de la atención presencial en todo el territorio».

Igualmente, el consejero le replica a la vicepresidenta y ministra que no se lucha contra la despoblación retirando la gestión del lobo a las comunidades autónomas» e impidiendo su adecuado control»; con la «demonización» que el Gobierno de España hace a productos del medio rural, como la carne o el azúcar o tratando de cerrar actividades económicas «clave» del medio rural como la estación de esquí de Navacerrada, o el «cierre precipitado, y sin suficientes alternativas, de minas y centrales térmicas».

«Estos son solo unos pocos ejemplos de acciones, entre otras muchas, del gobierno que integras que, estas sí, son ejemplo de ataque al medio rural y al reto demográfico», escribe Suárez-Quiñones.

Y es que, además, el consejero le ha recordado a la ministra Ribera que entre 2001 y 2018 han perdido población el 63 por ciento de los municipios, y el 49 por ciento han perdido más del 10 por ciento, y de ellos, los municipios con mayor descenso de población están en Asturias y en Castilla-la Mancha.

«Como sabes, estos cambios demográficos no se circunscriben a zonas concretas, sino que responden a una transformación social y demográfica que afecta a toda Europa. Evidentemente la despoblación no es un problema exclusivamente rural, pero el medio rural sí fue determinante en los procesos migratorios que se aceleraron a mediados del siglo pasado», recoge la carta del consejero a la vicepresidenta, en la que Suárez-Quiñones asegura que no es un problema que afecta sólo a Castilla y León «por mucho» que lo publicite la ministra con una manifestaciones que ha realizado «dos veces de forma pública», y que la Junta considera «improcedentes, innecesarias, injustas y, sobre todo, equivocadas».