Puigdemont estudia ausentarse del pleno en Estrasburgo por miedo a ser detenido

Carles Puigdemont valora si desplazarse a Estrasburgo este lunes para acudir al pleno que se celebra en la sede francesa de la Eurocámara ante el temor a que las autoridades francesas lo detengan y entreguen a España después de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) le haya retirado su inmunidad parlamentaria. La estrecha colaboración policial que existe entre ambos países, así como la posibilidad de que el juez Pablo Llarena active la euroorden -que operaría de forma inmediata-, son elementos a tener en cuenta para evitar pisar Francia.

La defensa de Carles Puigdemont elevó una petición a los servicios jurídicos del Parlamento Europeo después de que la Justicia europea retirara la inmunidad con el fin de conocer si podía ejercer sus derechos como eurodiputado en las sesiones plenarias que se celebran en Estrasburgo la próxima semana, y ante la incertidumbre que provoca que, hasta ahora, no haya ninguna orden de detención y entrega por parte del Tribunal Supremo. Fuentes de la defensa explican a THE OBJECTIVE que este tipo de respuestas de los servicios jurídicos suelen llegar «a última hora», lo que dificulta que tomen una decisión hasta el mismo lunes.

A diferencia de Bélgica o Alemania, los sucesivos gobiernos de España tienen una relación muy fluida con las autoridades francesas en asuntos relacionados con el narcotráfico, como ha sido el plan OCON Sur de Fernando Grande-Marlaska, o el convenio de Málaga entre ambos países contra la inmigración irregular que se rubricó en 2002.

Aunque estos asuntos poco tienen que ver con la situación de Puigdemont, su defensa no quiere asumir riesgos en un territorio donde las pulsiones nacionalistas que hay en Iparralde u Occitania en favor, respectivamente, del nacionalismo vasco y catalán, no son bienvenidas. Y entre dos países donde las euroórdenes funcionan de forma recíproca y diaria sin escollos.

¿Devolución sin euroorden?

Aunque el convenio de Málaga que hay en vigor entre ambos países se centra en devolver a ciudadanos que se encuentren en situación irregular por cuestiones migratorias, se trata de un sistema de ‘devolución en caliente’ que se activa cuando uno de los dos Estados reclama a un ciudadano. Este sistema opera al margen del mecanismo de confianza mutua que representan las euroórdenes. Aunque, sobre el papel, el equipo de abogados de Puigdemont considera que debe haber una «causa real» para entregarlo en virtud de este acuerdo bilateral, prefieren pecar de prudencia.

Toda la línea judicial de Puigdemont se ha basado en denunciar ante las instancias europeas la «persecución del Estado español» a los independentistas. En consecuencia, siempre ha elegido bien qué países visitar y cuáles no cuando todavía estaban activas las euroórdenes y no se le habían otorgado medidas cautelares que preservaban su inmunidad en todos los países europeos salvo España. Por este motivo, uno de los países que visitó en primer momento fue Alemania, y en concreto, la región de Schleswig-Holstein, para librar un pulso contra el Estado y tener grandes opciones de salir como vencedor. En cambio, evitó pisar Francia por este convenio entre ambos países que facilita la readmisión de ciudadanos reclamados.

No cruzar el río Rin

La situación a la que se enfrentan Puigdemont y el resto de eurodiputados de Junts, Clara Ponsatí y Toni Comín, no es nueva. Tras la configuración de la Eurocámara en los comicios de 2019, los tres dirigentes nacionalistas evitaron cruzar el río Rin que une Alemania y Francia por el riesgo de ser entregados a España.

Era el 2 de julio de 2019 y el entonces presidente de la Cámara comunitaria, Antonio Tajani, decidió no darles las credenciales de eurodiputados en observancia a la legalidad española. En aquel momento, el TGUE tampoco les confirió medidas cautelares para poder desplazarse libremente hasta la ciudad francesa y optaron por quedarse a la frontera de Alemania con Francia. No fue hasta diciembre de aquel año cuando, gracias a la ‘doctrina Junqueras’ dictada por el tribunal europeo de segunda instancia, el TJUE, se les restableció la inmunidad de forma cautelar.

La resolución C-502/19 del TJUE, de diciembre de 2029, relativa a la situación procesal de Oriol Junqueras, propició que se pudiese tramitar el acta de parlamentario de Puigdemont en enero de 2020. El fallo estipulaba que la inmunidad de los diputados electos en la Cámara europea se adquiere en el momento de ser elegidos. Sin necesidad de desplazarse a España para firmar el acta. 

Esta resolución judicial cambió completamente el escenario, y la llegada del presidente David Sassoli al frente de la Eurocámara, representó para los tres eurodiputados poder ser admitidos pese a no presentar sus credenciales ante la Junta Electoral Central. Una decisión a la que el Gobierno de Pedro Sánchez no se opuso al descartar presentar recurso en el plazo de 60 días que tenía ante la decisión del TJUE.