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Vox pide que los diputados de ERC y Junts no cobren hasta que prometan bien la Constitución

La formación que preside Santiago Abascal presenta en el Congreso una batería de medidas contra los separatistas

Vox pide que los diputados de ERC y Junts no cobren hasta que prometan bien la Constitución

El líder de Vox, Santiago Abascal, durante la Sesión Constitutiva de la XV Legislatura en el Congreso de los Diputados. | Europa Press

Apenas han transcurrido once días desde el arranque de la XV legislatura y Vox ya empieza a evidenciar cuál será su papel en el Congreso de los Diputados: ejercer de azote de los grupos separatistas. Si la semana pasada el partido presidido por Santiago Abascal ya pidió a la Mesa que se retirara el acta a los diputados de ERC y Junts por considerar que utilizaron fórmulas que «desvirtúan el sentido del acatamiento», este lunes ha anunciado que presentará una batería de medidas contra estos grupos. Entre ellas, destaca la que solicita que se les retire el sueldo hasta que presten «promesas válidas» a la Carta Magna.

La formación de derecha dura denuncia en un extenso comunicado que «entre los grupos que van a quedar constituidos estarán los de los separatistas de ERC y Junts, que, pese a no haber obtenido los votos y los diputados suficientes para tener grupo propio —15 diputados, un 15% de los votos en la circunscripción que se presenten o un 5% a nivel nacional—, contarán con la ayuda de PSOE y Sumar mediante la cesión de varios de sus diputados» para poder constituirse.

Ante esta «fraudulenta fórmula» empleada por PSOE y Sumar para ganarse el beneplácito de sus futuribles socios, Vox presentará, «en caso de consumarse la citada irregularidad», una batería de escritos a la Mesa de la Cámara Baja en los que denuncia que tanto ERC como Junts «no cumplen los requisitos» para obtener grupo propio, tal y como recoge el artículo 23.1 del Reglamento de la Cámara. Así, Vox exigirá a la Mesa que no dé por constituidos como grupos parlamentarios los correspondientes a ERC y Junts por actuar «en flagrante contravención al art. 23.2 del reglamento del Congreso, que deja claro que en ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado Diputados que pertenezcan a un mismo partido».

Además, el GP de Vox pedirá retirar, en caso de ser finalmente constituidos esos grupos, toda subvención económica, por suponer «un derroche de dinero público de todos los españoles y que va a parar a manos de los enemigos de España».

El comunicado incide, además, en lo expuesto por la nueva portavoz de la formación, Pepa Millán, en la sesión constitutiva: «No puede darse por válida la promesa o juramento en una lengua distinta del castellano, entre otras cosas, porque hay muchos diputados que no entienden cuál ha sido la formulación y no se sabe si están acatando la Constitución o la están atacando».

Con estas declaraciones, Millán hacía referencia a las fórmulas empleadas por los representantes de Junts, ERC, Bildu y Sumar para jurar la Constitución. Estas promesas se pronunciaron en catalán, en euskera y en valenciano y se basaron en «el mandato del 1 de octubre», «la consecución de la República Catalana», «la República Vasca» y «el País Valenciano». Entre otras muy variopintas.

Vox critica su «blanqueamiento»

Permitir que esos representantes que no cumplieron los requisitos del Reglamento hayan recibido su condición plena de diputados supone «el blanqueamiento de formaciones políticas que persiguen la ruptura del orden constitución y la destrucción de esas mismas instituciones», denuncian los de Abascal.

Por otra parte, en el escrito se detallan los beneficios que recibirían los separatistas catalanes al obtener grupo parlamentario propio, entre los que se encuentran: presencia en todas las comisiones, en la Junta de Portavoces y en la Diputación Permanente; la ampliación de posibilidad de plantear iniciativas; la participación en futuros debates electorales; los beneficios económicos en forma de subvención fija mensual tanto por número de diputados como por grupo propio.

Pese a todo, la denuncia de Vox tiene pocos visos de prosperar, en virtud de los establecido por el Tribunal Constitucional. El órgano de garantías rechazó en junio de este año un recurso presentado por el PP contra estas formas de acatamiento, avalando de manera indirecta las fórmulas usadas por los separatistas para asumir el escaño. Cabe subrayar, eso sí, que el Constitucional no entró en la fórmula de acatamiento, sino que afirmó que los recurrentes no ven afectados sus derechos fundamentales, siendo esa es la razón principal por la que se desestimó el recurso.

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