El ERE de Podemos enciende el partido ante la sospecha de que hay dinero oculto en la caja

Los trabajadores de Podemos afectados por el ERE activado tras el batacazo de las últimas elecciones autonómicas y municipales siguen sin creerse la versión oficial de su propio partido. La formación morada argumentó en sendas reuniones internas la necesidad de reorganizar internamente el partido tras la pérdida de centenares de miles de euros en subvenciones. Al quedar fuera de muchos plenos municipales y autonómicos, Podemos deberá emplear sus ahorros para devolver el dinero de los microcréditos (al menos de los que quieren recuperarlo, puesto que el donante puede renunciar a ello).

La decepción electoral se mezcla a la sospecha de algunos de los trabajadores afectados, en total más de 40 despidos y decenas de reducciones salariales, sobre las maniobras de la dirección. La sensación compartida entre algunas fuentes consultadas atañe al temor de un sustancial doble juego de la ejecutiva, en el marco de una negociación secreta con Yolanda Díaz y Sumar, para que Podemos se vacíe por dentro y lo que queda de dinero vaya a manos de un reducido grupo de dirigentes, todos afines a los actuales mandos del partido. «Pablo es Podemos y Podemos es Pablo», era una de las frases célebres en el partido, pronunciado y defendido por Jorge Verstrynge, y el «temor» compartido entre algunos afectados y otros miembros y cuadros todavía en activo es que ahora tan solo hace falta sustituir el nombre de Iglesias al de Irene Montero.

Existe malestar en lo que queda de Podemos por cómo se gestionó la negociación con Yolanda Díaz antes de las generales. Las fuentes consultadas sostienen que en muchas reuniones y comunicaciones con la dirección se había lanzado el mensaje de que estuvieran preparados para un conflicto sin cuarteles con la dirigente gallega, a la que estas bases siguen calificando de «traidora». Sin embargo, en menos de una semana vieron cómo Irene Montero y sus afines cedieron a sus diktat por miedo a afrontar en solitario un ciclo electoral, a cambio de garantizarse la entrada en el Congreso para las aliadas y amigas íntima de Montero: Ione Belarra, Isa Serra y Lilith Verstrynge.

Dudas sobre la difícil situación económica

De ahí que más miembros de Podemos describen la idea de un partido que se ha convertido en instrumento para garantizar a este núcleo durísimo de Montero supervivencia política y económica, con el caso de los ERE ahora de colofón. A ese respecto, según ha podido saber este diario, existen muchas dudas internas sobre la actuación de la cúpula. En primer lugar, la escasa información trasladada a las partes afectadas, como publicó el EPE. Y en segundo lugar sobre la real situación de dificultad económica del partido, que justificaría el despido colectivo.

Este diario publicó en sendas informaciones que la formación morada tenía más dinero de lo que algunos de sus altos cargos iba trasladando de manera más o menos oficial a sus interlocutores (públicos y privados). Aunque el partido calcula pérdidas tan solo este año de 600.000 euros por el pinchazo electoral, las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE sostienen que a lo largo de estos últimos ejercicios Podemos ha ido sumando muchos activos.

La obligación para todos los trabajadores, cuadros y dirigentes de donar parte de su sueldo permitió, por ejemplo, que Podemos llegara a ganar alrededor de cinco millones de euros anuales durante sus mejores años, según fuentes conocedoras de aquellas cuentas oficiales. Con los años la representación de los morados fue menguando, pero de aquí a sostener que el partido está cerca de la bancarrota, según deslizan algunos miembros en activo del partido, tiene escasa credibilidad, avisan las fuentes consultadas.

El papel de Inspección de Trabajo

Para que un ERE tenga plena vigencia y legalidad hace falta que Podemos describa una «objeción económica» que lo justifique, sostienen las fuentes internas consultadas. Esto significa que el partido político debe notificar a la Inspección de Trabajo que sus escasos recursos financieros obligan a tomar la dolorosa decisión del despido colectivo. Los trabajadores afectados y otros miembros del partido en activo, sin embargo, creen que existen más de una duda razonable sobre el presunto malestar financiero de Podemos.

Señalan directamente a los altos cargos de la Inspección de Trabajo, que temen estar colaborando y ayudando a la gerente de Podemos, Rocío Val, en una sustancial operación de maquillaje para silenciar la polémica. Las fuentes consultadas mencionan a la directora del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Carmen Collado Rosique, que vinculan al dirigente morado Héctor Illueca. Esta sindicalista feminista cercana a Comisiones Obreras es muy conocida en los entornos de Podemos, donde recuerdan que estuvo muy cerca incluso de liderar la candidatura municipal de Moncada, en Valencia.

De ahí que el temor interno atañe a que la amistad y cercanía facilite a Podemos ejecutar una operación que justifique su ERE sin tener luz y taquígrafos. Y que todo eso se gestione en una extraña operación de intercambio de favores entre Podemos y Sumar, puesto que Illueca ahora es un dirigente cercano a Yolanda Díaz, a cambio de algo que las fuentes consultadas dicen desconocer.

Intercambio de favores con Díaz

Además de los años de donaciones de los cargos y las subvenciones públicas, las fuentes consultadas recuerdan que el partido es propietario de una sede en Madrid valorada en más de un millón de euros. Este activo, al igual que el dinero de las cuentas corrientes, están controlados estrictamente por la dirección nacional, que las fuentes consultadas aseguran no debatió el ERE ni cómo sortear sus presuntas dificultades económicas.

En definitiva, cuadros y miembros de Podemos sospechan que la formación haya decidido concentrar todos los recursos y puestos de trabajo (básicamente los del Congreso) para salvar a lo que queda del núcleo de afines a Irene Montero. Y que ese vaciamiento les ha convertido en víctimas colaterales de una operación cuyo objetivo consiste en garantizar la supervivencia de Montero y sus aliadas, y con la grave connivencia de la Inspección de Trabajo en un extraño intercambio de favores con la propia Yolanda Díaz, que sigue al menos formalmente ejerciendo de principal defensora de los intereses de los trabajadores en España en calidad de ministra del ramo.