Puigdemont quiere garantías jurídicas para que el PP nunca pueda derogar la amnistía

Carles Puigdemont busca la «irrevocabilidad» de la amnistía, un candado jurídico para que no se pueda ir contra los beneficiados de este perdón judicial si el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo decide derogar la polémica ley al llegar el poder, según desvelan fuentes de Junts a THE OBJECTIVE.

«Queremos garantías que aseguren su irrevocabilidad», subrayan las citadas fuentes sobre la futura ley de amnistía que se está discutiendo entre el PSOE y los partidos independentistas. Una negociación que ha entrado en una fase de «incertidumbre total» ya que existen «muchas presiones internas» dentro de las formaciones, admiten a renglón seguido.

El objetivo de Puigdemont es que aquellos que se beneficien con la extinción de los delitos que entren en el paraguas de la amnistía –Sumar pidió poner el contador a cero desde enero de 2013– «no puedan volver a ser perseguidos» si un Parlamento controlado por el PP decidiese anular la ley con otra norma que la derogase.

«Votos de clausura» entre los negociadores

Nada impide que se anule una amnistía a posteriori, de ahí las «garantías jurídicas» que se están discutiendo en la letra pequeña de la ley en medio de un gran hermetismo y con estrictos «votos de clausura» por parte de los negociadores para que no haya filtraciones. Por el momento, no se conoce ni un borrador.

Puigdemont cree, además, que la amnistía es compatible con el derecho europeo. El entorno del expresidente catalán esgrime una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para justificarla. La resolución determina que las leyes comunitarias no se aplican en caso de amnistía porque solo incumbe a órganos nacionales. También establece que puede ser revocada por los tribunales estatales, como sucedió en Eslovaquia, el precedente al que aluden. El país centroeuropeo recurrió al alivio penal para evitar que los responsables de un secuestro se sentaran en el banquillo.

Los independentistas catalanes buscan un precedente europeo que sirva para avalar la amnistía del procés. Algunos de los ejemplos más recientes son los aplicados en Francia y Portugal en los años ochenta y noventa respectivamente. Los partidos que conforman el Gobierno en funciones también han activado esa fórmula, conscientes de que necesitan los votos de Junts para reeditar la coalición.

Las leyes de este tipo son escasas en Europa. En la mayoría de casos derivan de graves conflictos armados y están avaladas por una importante mayoría política, algo que no sucede en España. El entorno de Puigdemont considera que la justicia comunitaria ya sentó jurisprudencia en estos casos, lo cual legitimaría la amnistía.

En los últimos años, tanto Podemos como ERC han pedido -sin éxito- la anulación de la amnistía de finales de 1977 que afectó a todos los presos con delitos y faltas cometidos con anterioridad a la promulgación de la ley. Las asociaciones de memoria histórica han advertido que aquel perdón judicial aprobado con el cambio de régimen y la Transición ha impedido hasta ahora juzgar delitos del franquismo.

La diferencia ahora es que casi la mitad del Congreso está en contra de la amnistía que Pedro Sánchez negocia con Junts y ERC para sacar adelante su investidura. Si, como se prevé, la ley es recurrida de inmediato al Tribunal Constitucional, podrían pasar varios años hasta su plena aplicación. Un horizonte temporal que complica la negociación.

En este sentido, especialistas consultados por THE OBJECTIVE advierten de que el procedimiento puede ser inconstitucional y que las amnistías son herramientas válidas para pasar de regímenes totalitarios a democracias. «La amnistía supondría reconocer que hay una guerra abierta con Cataluña», advierte Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco.

En su opinión, la fórmula se utiliza para poner fin a conflictos armados, como sucedió en 1977 para superar la Guerra Civil y el franquismo. Aquella ley, que se ha puesto en duda muchas veces en los últimos tiempos, sirvió para hacer tabla rasa a los crímenes cometidos durante cuatro décadas.

La ley de Amnistía de 1977 benefició a dirigentes franquistas, pero también a opositores y terroristas. Luego llegó la Carta Magna y un nuevo marco jurídico. «En ese momento la amnistía tenía sentido porque el ordenamiento jurídico franquista era injusto y suprimía derechos fundamentales», recalca Tajadura. Lo anterior a todo aquello había sido una guerra fratricida y casi 40 años de conflicto latente que cerró la Constitución, a la que el socialista Alfonso Guerra calificó como «un acta de paz».

«Existe un reto por parte de los partidos. Fue un error resolver el ‘procés’ por la vía judicial»

Baldomero Oliver, catedrático de Derecho Constitucional

El término amnistía no aparece en la Constitución, que sí prohíbe expresamente conceder indultos generales. Son dos figuras cercanas, pero diferentes. La amnistía es un instrumento del poder legislativo que sirve para anular responsabilidades jurídicas. No supone perdonar la condena, sino olvidar el hecho delictivo. En cambio, el indulto lo concede el Gobierno y aunque extingue la responsabilidad penal, no elimina la condena.

Baldomero Oliver, por su parte, reconoce la necesidad de dar una solución política a «un problema político» que aún mantiene sus derivas. «Existe un reto por parte de todos los partidos políticos. Fue un error resolver el ‘procés’ por la vía judicial», sostiene este catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada. No obstante, cree que hacerlo a través de una amnistía sería inconstitucional porque vulneraría el artículo 117 de la Constitución, que atribuye a los jueces la función de juzgar.

Oliver asegura que hay expertos que defienden que, al no estar prohibida en la Constitución, la amnistía podría tratarse en el Parlamento, sede de la soberanía popular, pero advierte de lo que significa legislar contra la ley. «Sería reconocer un conflicto, pero también que el movimiento independentista ha fracasado y que el Estado, en su magnanimidad, perdona. Eso serviría para reconocer la plena legitimidad del Estado español».