Puigdemont cuestiona el uso de confidentes por parte de la Policía... pero la UE se lo aclara

La actividad del europarlamentario Carles Puigdemont se deja notar en el Parlamento Europeo. De forma habitual, el expresidente catalán huido y líder de Junts pregunta a la Comisión Europea sobre temas dispares. Empleados domésticos o Nagorno Karabaj, pasando por la represión en China o las tarifas aéreas, han sido objeto de sus cuestiones. Sin embargo, nunca olvida sacar a la luz la actuación del Estado español en diversos asuntos conflictivos.

Una de sus últimas preguntas escritas, que ya cuenta con respuesta, tenía como objeto afear las actuaciones policiales, pero los responsables europeos le han enviado una respuesta que posiblemente no esperaba. El pasado junio preguntaba, según ha constatado THE OBJECTIVE, sobre la impunidad legal para las personas que se infiltran en organizaciones criminales y mafias del narcotráfico, así como de los funcionarios policiales que supervisan la actuación de estas últimas. Solo hace unos días la Comisión ha respondido.

Puigdemont cita la Guía de buenas prácticas en materia de drogas, elaborada por la Red de Fiscales Antidrogas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Destaca que España y Portugal son los únicos Estados miembros de la Unión que forman parte de esta asociación.

Puigdemont y la ‘patente de corso’

El líder independentista hace mención a la sección que explica que cuando la legislación nacional lo permite, en una investigación judicial, el fiscal puede designar informantes encubiertos junto a un funcionario policial que actúe como oficial de control del informante. Una concesión que el expresidente interpreta como patente de corso, una carta blanca para actuar en el caso de infiltrados y agentes frente a investigados.

«Esto plantea dudas sobre la transparencia, la rendición de cuentas y los posibles riesgos para los derechos de los imputados en cuestión», asegura Puigdemont. Posiblemente con el objetivo de resucitar la polémica que suscitó la infiltración policial en una organización de la izquierda independentista en Gerona. Una cuestión por la que llegó a acusar al Estado «de actuar de manera antidemocrática»

Pese a todo, la Comisión ha defendido las actuaciones del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. «La lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas es una prioridad para la Comisión», señala. «Lo es por el aumento sin precedentes de la disponibilidad de drogas ilegales en Europa y las consecuencias dramáticas que ello entraña», destaca.

«La guía mencionada no refleja los puntos de vista de la Comisión», asegura. «La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la que es parte la UE, obliga a los Estados parte a adoptar medidas que alienten a las personas que participen o hayan participado en grupos delictivos a proporcionar información a las autoridades», continúa la representante de la Comisión.

Delincuencia organizada

El artículo 26 de la Convención, la Decisión Marco del Consejo, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, permite a los Estados miembros reducir las sanciones de las personas acusadas que decidan colaborar. Además, la directiva relativa a la orden europea de investigación (OEI) permite a las autoridades judiciales solicitar la asistencia de otro Estado miembro a la hora de realizar investigaciones encubiertas en otros Estados miembros.

«La colaboración por parte de las personas acusadas y la realización de operaciones encubiertas están, en principio, reguladas por el Derecho nacional, pero deben respetar los límites desarrollados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su jurisprudencia. También deben respetarse las garantías procesales establecidas a escala nacional y de la UE, en particular la presunción de inocencia y los derechos de la defensa consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE», concluye.