Mañueco descarta el adelanto electoral en Castilla y León y aguantará con Vox

Alfonso Fernández Mañueco no adelantará elecciones en Castilla y León para que caigan el 18 de febrero coincidiendo con las gallegas. El barón del PP tiene hasta el próximo martes para tomar una decisión, pero fuentes de su entorno consultadas por THE OBJECTIVE descartan sorpresas en este sentido y subrayan que aguantará con Vox.

El 18-F cae justo a mitad de legislatura en Castilla y León pues los ciudadanos de esta región fueron llamados a las urnas el 13 de febrero de 2022 en un adelanto electoral que pilló a todos con el pie cambiado, pero que dejó a Mañueco lejos de la mayoría absoluta. Al final, tuvo que cambiar de socio parlamentario —Vox por Ciudadanos— para poder seguir gobernando.

Mañueco ha limado asperezas con Vox en los últimos meses y ahora, incluso, tiene decidido dejar correr todo el 2024 y solo plantearse en 2025 un hipotético adelanto. Es decir, en la recta final de la legislatura, por lo que sería una disolución de las Cortes de carácter técnico si no la agota.

Hace casi un año, en enero, sí que se especuló con el adelanto electoral en Castilla y León. Fue con gran intensidad, tras el choque entre PP y Vox por el alcance del plan de natalidad que ambos partidos habían aprobado y que provocó una virulenta reacción del Ejecutivo central y las formaciones de izquierda.

Días convulsos entre PP y Vox

En aquel momento, Mañueco manejó esa opción si Vox decidía romper el pacto de gobierno y abandonar el Gobierno castellano-leonés. En ese escenario, el PP se hubiera quedado en minoría parlamentaria con 31 procuradores. Muy lejos de la mayoría absoluta que está en 42, por lo que el mandatario popular habría tenido que gobernar en solitario.

Fueron días convulsos, en los que la tensión entre los dos partidos de la derecha no se calmaba. El pulso empezó con la dura advertencia que lanzó el portavoz del PP, Borja Sémper, a la formación de Santiago Abascal, y que fue secundada, aunque con modales más suaves, por Alberto Núñez Feijóo cuando dijo que Vox se había equivocado «profundamente» en su estrategia con la interpretación política que hizo del alcance del plan de natalidad.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, respondió con la advertencia de que su partido revisaría «si seguir o no» en la Junta de Castilla y León en el caso de que no se cumpliese el acuerdo sobre el protocolo anunciado en rueda de prensa, pero el órdago no llegó a consumarse. Horas después, el entonces portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, precisó que «revisar el pacto y romper el Gobierno son cosas distintas». Desde entonces, las aguas están calmadas.

Aquel pulso entre PP y Vox se asemejó a los primeros enfrentamientos que hubo entre los populares y los naranjas de Francisco Igea en la corta legislatura anterior que acabó en elecciones anticipadas de febrero de 2022. Es más, preguntados si deberían convocarse elecciones en Castilla y León en mayo para no depender de Vox, tanto Feijóo como Sémper no cerraron en aquella semana de enero la posibilidad y se limitaron a señalar que era una decisión que competía al presidente regional.

Mañueco tomó nota de la actitud de su vicepresidente Juan García-Gallardo, al que le reprochó no haber apagado la polémica pese a varios toques de atención que se le dio. En los siguientes meses, cada vez que Vox amagaba con tensar la cuerda en Castilla y León, el propio presidente recordaba en privado a los suyos que la opción de adelantar comicios de nuevo estaba ahí.

Sin embargo, una decisión de este tipo pondría en riesgo el resto de gobiernos autonómicos en los que PP y Vox gobiernan en coalición —Aragón, Extremadura y Murcia— o con el apoyo externo a los populares del partido de Abascal —en el caso de Baleares—.

Además, Mañueco tendría difícil explicar a los votantes de Castilla y León este récord de convocatorias electorales —tres elecciones en menos de cinco años—, por mucho que las encuestas le den bien al PP. Ese escenario demoscópico ya se dio hace dos años y al final, se quedó lejos de la mayoría absoluta por el empuje de Vox.

El PP lleva gobernando esta región más de 36 años de forma ininterrumpida. Concretamente, desde la victoria electoral de José María Aznar en mayo de 1987. En los últimos años, han surgido escisiones —caso de Por Ávila— y movimientos locales —el ejemplo más claro es Soria Ya!— que han debilitado a los populares. En 2019 ya estuvieron a punto de pasar a la oposición y solo les salvó que el entonces presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no dejó a Igea negociar con el PSOE castellano-leonés de Luis Tudanca.

Además, si la actual legislatura terminase de forma abrupta, toda la oposición —desde Podemos hasta Vox— le podría afear a Mañueco la falta de estabilidad parlamentaria. De ahí que el barón popular solo se plantea en estos momentos el adelanto electoral si la formación de Abascal le abandona, subrayan en su entorno.