IU cuestiona en Bruselas la gestión de los fondos UE y pregunta por las irregularidades
El eurodiputado Manu Pineda ha presentado una interpelación ante el Parlamento Europeo interesándose por el fraude
El eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda. | IU
El eurodiputado de Izquierda Unida perteneciente al Partido Comunista de España, Manu Pineda, ha registrado ante la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo una serie de preguntas sobre la presunta «trama corrupta» en la gestión de los fondos europeos, desvelada por THE OBJECTIVE y que investiga un juzgado de Zamora. El eurodiputado del Grupo de la Izquierda de la Eurocámara y cercano a Enrique Santiago, uno de los hombres fuertes de Yolanda Díaz en Sumar, cuestiona la acción del Ejecutivo del que forma parte y que hasta ahora no ha respondido a la solicitud de información del juez que instruye la denuncia.
En el escrito de preguntas a esta comisión, que preside Monika Hohlmeier, muy crítica con la ejecución de los fondos por parte del Gobierno de Sánchez, el eurodiputado pide información sobre las «medidas cautelares que ha tomado la Comisión teniendo en cuenta las denuncias de fraude que se están tramitando». Igualmente, en el documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Pineda quiere saber «cuántos millones de euros fueron adjudicados al proyecto Biorrefinería de Barcial y La Robla, y quiénes fueron los beneficiarios». Finalmente, plantea si la Comisión sabe «si los fondos de esta adjudicación están siendo derivados a otros proyectos industriales en La Robla».
Precisamente este lunes, y coincidiendo con la celebración este lunes de la reunión de la Comisión de Asuntos Generales del Consejo Europeo, la primera de la Presidencia belga del semestre europeo, la plataforma «Por una Justicia Independiente», presentó un escrito denunciando que estos casos de presunto fraude, la mayoría desvelados por THE OBJECTIVE, justifican que no se entreguen más fondos a España. Su reclamación principal es que la falta de independencia judicial es uno de los motivos para no seguir transfiriendo dinero.
El escrito se ha remitido, además de al Consejo Europeo, a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y a la del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. En esta denuncia, señalan que en España «existen unas cadenas de mando, que permiten al Gobierno y a la élite política interferir en el Poder Judicial», subrayando que «los jueces y fiscales españoles son grandes profesionales y han pedido ayuda a Europa para exigir el Estado de derecho. Si la cúpula del Poder Judicial está ideologizada, se complica la labor de los jueces para revisar la ley de amnistía, la ley de malversación, los supuestos despilfarros y casos de corrupción, etc. No está garantizado un juicio con jueces independientes e imparciales».
El origen de esta investigación que es la base de la pregunta del eurodiputado de Izquierda Unida fue una información publicada por THE OBJECTIVE el pasado 23 de marzo bajo el título «La UE vigila seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción por los fondos». El periódico desvelaba la existencia de seis peticiones de información, por parte de la OLAF, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude español. Una de ellas, con fecha 22 de noviembre de 2022, se refería a «posibles irregularidades en el marco del proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla» y pedía una respuesta antes del 15 de diciembre de este año. Esta es la respuesta a la que quieren acceder los empresarios, ya que es consecuencia de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Europea el 11 de octubre de 2022.
Los impulsores de esta iniciativa llevan denunciando, tanto ante organismos comunitarios como ante la OLAF, la Fiscalía y los ministerios de Transición Ecológica, Industria y Hacienda, una «presunta trama corrupta». Sus acusaciones se concretan en que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona», como así figura en el escrito de denuncia ante la Fiscalía europea, presentado el 11 de octubre de 2022 y que fue ampliado el 21 de abril de este año. Con anterioridad, el portavoz de este grupo empresarial, Vicente Merino, ya había denunciado el caso, en enero de 2022, a la Fiscalía Anticorrupción en España y el 7 de diciembre de 2021 ante el Juzgado número 6 de Zamora. El importe de la subvención, si ha llegado a concederse, podría alcanzar los 500 millones de euros.
A día de hoy, España ya ha recibido tres desembolsos de los fondos Next Generation. En 2021 tuvo lugar un desembolso de 9.039 millones de euros de la prefinanciación correspondiente al 13% del total asignado, 10.000 millones de euros en diciembre de 2021, 12.000 en julio de 2022 y 6.000 millones en febrero de 2023. España ha recibido 37.036 millones de euros, el equivalente al 53% del total que corresponde al país en forma de transferencias no reembolsables, que ascienden a un total 69.528 millones de euros del Plan de Recuperación.
