Óscar López dice que los saharauis tienen su «camino» para regularizar su situación

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado este jueves que el proceso que «ampara a los apátridas tiene su camino y seguirá siendo así» después de que las personas saharauis hayan quedado excluidas de la regularización extraordinaria de migrantes.

«Los apátridas están establecidos en otro mecanismo especial, el suyo. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el proceso de regularización», ha manifestado el ministro en el AMETIC AI Summit 2026, al ser preguntado sobre si el Gobierno va a regularizar a los saharauis como defiende su socio Sumar, que ha impulsado en el Congreso una proposición de Ley de nacionalización del pueblo saharaui en España.

Los apátridas, en su mayoría saharauis, han quedado excluidos del proceso extraordinario de regularización a petición del Consejo de Estado, que específicamente ha pedido no mezclar a este colectivo con los solicitantes de protección internacional porque tienen regímenes distintos, según señalan a Europa Press fuentes jurídicas.

El Gobierno ha argumentado su exclusión afirmando que no son personas en situación irregular y para evitar solapamientos. Sin embargo, estas fuentes argumentan que tampoco están en situación irregular los solicitantes de protección internacional, que sí optan al proceso. Igualmente, apuntan que el Gobierno podía haber optado por incluir en el Real Decreto una nueva disposición para incluir específicamente a los apátridas.

En 2025 se presentaron en España más de 3.000 solicitudes para el reconocimiento del estatuto de apátrida y se resolvieron 2.242 expedientes, según datos del Ministerio del Interior.

La apatridia es un procedimiento dirigido a identificar a las personas que no sean consideradas como nacionales por ningún Estado, según lo dispuesto en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, celebrada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954. Aunque el Reglamento que regula la apatridia en España establece que los expedientes deben resolverse en un máximo de tres meses, en la actualidad las fuentes jurídicas señalan que tardan entre dos y tres años y estiman que hay unas 8.000 solicitudes pendientes. Del mismo modo recuerdan que, a diferencia de los solicitantes de protección internacional, durante la resolución de su expediente no obtienen ninguna autorización para trabajar.