Feijóo exige 300.000 millones para que las infraestructuras no sean «tercermundistas»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado una inversión de 300.000 millones para impulsar «el cambio» en infraestructuras, ya que entiende que «no pueden prestarse servicios de país tercermundista». El dirigente popular ha realizado esta propuesta durante un acto oganizado para hablar de infraestructura, en el que ha contrapuesto el plan de vivienda de su partido con el del «absoluto y completo fracaso» del Gobierno, que ha convertido la vivienda en sus ocho años de mandato en un bien de lujo. «Un Plan de Vivienda, ocho años después de llegar a La Moncloa. Otro plan de vivienda», apunta para criticar que Armengol ha bloqueado la ley del PP durante un año.

Feijóo se ha preguntado «cuántas viviendas han prometido, cuántos anuncios han hecho, cuántos foros ha organizado Sánchez sobre vivienda, cuánto dinero se han gastado en hacer propaganda de las viviendas que no han construido», concluyendo que «ya está bien de tomar el pelo a la gente».

El presidente popular ha hecho un diagnóstico de la situación con retrasos en los ferrocarriles, que ya son habituales, autovías que se llenan de socavones sin que nadie actúe, trenes que pierden calidad, presas hidráulicas que tienen su seguridad comprometida por falta de mantenimiento, carencia de viviendas y una política energética que ha tenido como colofón el apagón. Además, se rebela contra un Gobierno que debería haber asumido las consecuencias del accidente de Adamuz pidiendo perdón y dimitiendo. «46 personas murieron por ello y ni podemos ni queremos olvidarlas», ha subrayado.

A juicio de Feijóo, «España recauda como un país nórdico y no puede prestar servicios como un país tercermundista» y ha asegurado que España «no acumula pequeños fallos técnicos, sino que sufre un fallo multiorgánico». Para paliar esta situación, ha propuesto «un decálogo de actuaciones que tendrán como finalidad invertir no menos de 300.000 millones de euros» para cambiar radicalmente la situación, mediante actuaciones en las que se apoyará cuando gobierne en la colaboración público-privada.

Igualmente, ha apuntado a tres medidas concretas: establecer y ampliar la libertad de amortización para favorecer las inversiones que necesitan las empresas; así como las deducciones en I+D+I; y la reforma de la Ley de Contratos con dos objetivos: menos burocracia para contratar y más vigilancia para evitar casos de corrupción.