La doble vara de medir de Armengol: castiga a Vito Quiles e indulta altercados de Podemos

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un escrito a la presidenta del Congreso de los Diputados solicitando amparo en relación con lo que considera «graves incidentes protagonizados por determinadas personas presentes en la tribuna de invitados del hemiciclo», invitados por Podemos, que fueron expulsadas del pleno, pero no del interior de la Cámara. Los populares reclaman que Francina Armengol debería haber aplicado el reglamento y expulsarles del recinto, según el documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Este escrito de queja se presenta justo en el momento en el que el Congreso de los Diputados está pendiente de resolver varios expedientes contra Vito Quiles que pueden derivar en su expulsión durante un periodo de tiempo de la Cámara Baja. Quiles habría podido cometer varias infracciones, que están pendientes de ser tipificadas como leves, graves o muy graves por la Mesa del Congreso. Hasta cinco denuncias acumula Quiles, que pueden ir contra el Reglamento del Congreso, cuya reforma fue impulsada por el PSOE y Sumar y respaldada por la mayoría del pleno.

En el documento al que ha tenido acceso este periódico, recuerdan que al inicio de la sesión plenaria del 21 de abril de 2026, «cuando se encontraba en el uso de la palabra la diputada del Grupo Parlamentario Popular María Soledad Cruz-Guzmán García para presentar la Proposición de ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda, desde la tribuna de invitados, una serie de personas, evidentemente acreditadas para asistir por un grupo parlamentario, han interrumpido a la oradora profiriendo gritos y arrojando octavillas al hemiciclo con el texto: ‘La vivienda nos cuesta la vida. Hay que bajar los precios. Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid’».

Antes de ser desalojadas por los servicios de la Cámara, los populares señalan que grabaron «con sus teléfonos móviles al hemiciclo (como puede observarse en el vídeo de la sesión), algo que igualmente está prohibido». El acta taquigráfica de la sesión recoge estos hechos: «Una señora invitada presente en la tribuna pública: ¡Diputados…! ¡Pase lo que pase, nos quedamos! ¡Hay que bajar el precio de los alquileres! ¡Ya está bien de subidas abusivas! ―Varias señoras invitadas presentes en la tribuna pública lanzan pasquines al
hemiciclo― Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Mixto (Podemos)».

Tras este incidente, sigue diciendo el escrito, intervino la presidenta del Congreso y «literalmente dijo: ‘Señora, por favor, no puede alterar el orden. Ruego a los ujieres que, por favor, les saquen de la sala. (Así lo hacen los servicios de la Cámara). Salgan de la sala, por favor’». Por tanto, «la presidenta, a quien corresponde esa función, pide su expulsión ‘por alterar el orden’, quedando reflejada de manera fehaciente que esas personas incurren en una conducta expresamente tipificada en el Reglamento de la Cámara».

Los populares insisten en que «no es la primera vez que un hecho así ocurre sin que por parte de la Presidencia se adopten otras medidas» y que «ha sido este un acto de enorme gravedad que no puede dejarse pasar sin más reproches y consecuencias». A su juicio, «quienes directa o indirectamente hayan participado en esta situación, deben asumir responsabilidades por sus actos, claramente calificables de desorden dentro de la Cámara reunida en sesión y que pone en evidencia la amenaza sobre la integridad física de los parlamentarios, ya que si han arrojado al hemiciclo unas octavillas sobre las cabezas de los presentes, igualmente podrían haber lanzado objetos contundentes que pudieran causar daños personales».

En su escrito de queja entiende que «al margen de que la Presidencia ha ordenado la expulsión, la calificación evidente de los mismos como alteración del orden la obligaba a adoptar todas las medidas previstas para esta conducta típica» y que
«debió ordenar a los Servicios de Seguridad su expulsión del Palacio, no sólo de ‘la sala’ y a la vista de que esa actuación no fue espontánea —llevaban preparados los pasquines—, es preciso concluir que fue una alteración del orden consciente y premeditada». Ante esta circunstancia, entienden que «es necesario actuar con toda la contundencia contra las personas que lo han llevado a cabo y que pueden ser perfectamente identificadas, ya que han debido obtener una acreditación para acceder al Congreso y a la tribuna de invitados». Los populares exigen que «se actúe contra el grupo parlamentario y la persona en concreto del mismo que ha solicitado la autorización de acceso para esas personas y que, por lo tanto, responden de su comportamiento dentro del recinto parlamentario».

El artículo 107 del Reglamento, argumentan en el Grupo Popular, «ya prevé que puedan darse situaciones como la acaecida en esta sesión, al establecer la obligación de la Presidencia de velar en las sesiones públicas expresamente por el mantenimiento del orden de las tribunas». Por otra parte, añaden que «quienes en éstas dieran muestras de desaprobación, perturbaren el orden y faltaren a la debida compostura, serán inmediatamente expulsados del Palacio por indicación de la Presidencia». Pues bien, en este caso, «este grupo tiene constancia gráfica de que estas personas, tras ser desalojadas de la tribuna, no han abandonado inmediatamente el Palacio, ya que han permanecido fuera de la misma amparados por diputados de Podemos o Sumar».

Ya no es sólo casualidad, apuntan, que «en los dos últimos altercados por parte de personas desde las tribunas eran invitados a las mismas por los mismos grupos parlamentarios» y subrayan que «los hechos relatados incurren directamente en todas las conductas a que se refiere el apartado 2 del artículo 107 del Reglamento, y, adicionalmente, sería sancionable arrojar objetos contra los diputados».

«Rebajar la crispación»

Estas conductas, a juicio del PP, se ven agravadas porque esa actuación muy probablemente estaba previamente organizada con el ánimo de alterar la sesión con el grupo parlamentario que ha tramitado las solicitudes de acreditación para la sesión y facilitado, por tanto, el momento y los medios para llevar a cabo de manera efectiva el incidente en cuestión». Por tanto, «resulta oportuno destacar que precisamente en el día en el que se han producido estos hechos, la presidenta del Congreso ha lanzado una propuesta condenando públicamente un incidente protagonizado por un diputado en el pasado pleno, apelando a las formaciones políticas a rebajar el clima de crispación, anunciando que actuaría con toda contundencia y castigaría de la manera más enérgica que permita la normativa vigente para mantener el orden en la Cámara, e instando a una mejora del Reglamento para dar una mejor respuesta a los conflictos».

El escrito subraya que «resulta pertinente que, tras los incidentes relatados en este escrito, aplique el mismo criterio contra el grupo parlamentario que ha organizado, o colaborado para generar los presentes hechos, y que también condene públicamente su actitud» y que, para ello, «no necesita reforma alguna del Reglamento, ya dispone de una herramienta eficaz para dar respuesta a las situaciones de alteración del orden que se ha producido en el curso de una sesión parlamentaria y contra una diputada de este Grupo Parlamentario: aplicar de la forma más enérgica y rigurosa el artículo 107».

«Actuación arbitraria»

Este escrito de queja finaliza solicitando dos cuestiones a la presidenta Armengol. Por un lado, «que, ante la conducta mencionada calificada por la propia presidenta de alteración del orden, se aplique con toda rotundidad lo previsto en el Reglamento y, en su virtud, se ordene a los Servicios de Seguridad de la Cámara la realización de las averiguaciones precisas». Y, por otro, «que, si de las investigaciones llevadas a cabo resulta probada la premeditación y participación del grupo parlamentario que ha invitado a esas personas, se actúe con la contundencia debida contra el mismo e individualmente contra las personas dentro de dicho grupo parlamentario que han solicitado las autorizaciones de acceso para esas personas y, por tanto, se han responsabilizado de su conducta».

Los populares creen que «dejar pasar el asunto sin las correspondientes consecuencias para sus autores y promotores o facilitadores cuestionaría la imparcialidad de la Presidencia y mostraría una actuación arbitraria en función de la ideología de los protagonistas».