Debate en la CEOE por la postura ante los escándalos del Gobierno de Sánchez

Los escándalos derivados de las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno han sido objeto de análisis en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Ante la gravedad de las informaciones publicadas en los medios de comunicación y recogidas en los autos de la Audiencia Nacional, durante la reunión mensual de la junta directiva del jueves, un sector de la patronal pidió abordar las investigaciones que rodean al Ejecutivo, subrayando el daño a la imagen de España por la situación en la que se encuentra el Gobierno, al tiempo que planteaba expresar esa preocupación en todos los ámbitos territoriales.

Las fuentes consultadas sostienen que no hubo enfrentamiento sobre ese punto, sino una toma de conciencia colectiva de la gravedad del momento. El sector madrileño, liderado por Miguel Garrido, manifestó su preocupación por los casos de corrupción por los que se imputa al Ejecutivo. Asimismo, se habló de la importancia de denunciar la gravedad de la situación ante la opinión pública, así como la inquietud que eso puede producir respecto a la imagen de España en el resto de Europa.

La reunión se celebró dos días después de que la UCO entrara en la sede de Ferraz para buscar documentos sobre la existencia de una trama para atacar y desacreditar a todos los sectores que estaban investigando casos de corrupción que afecten al Gobierno, una semana después de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal. Por su parte, las acusaciones del caso Leire Díez son por organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencia y delito contra las instituciones del Estado.

Situación «bochornosa»

El presidente de la patronal madrileña y vicepresidente primero de la entidad puso la cuestión sobre la mesa y aunque las fuentes consultadas —tanto del sector madrileño como oficiales de la CEOE— niegan que se haya producido un enfrentamiento o discusión, sí admiten que se habló de la cuestión. Por norma general, la reunión suele abordar temas de naturaleza económica, aunque se hizo una excepción dada la «gravedad» de la situación. También se planteó la posibilidad de que cada representante en su sector territorial traslade sus inquietudes a la opinión pública, sobre cuyo punto el presidente dijo «estar de acuerdo». No se abordó, sin embargo, la posibilidad de lanzar un comunicado público, solo hacer constar la preocupación de los empresarios.

La gravedad de la trama tiene que ver con una operación presuntamente orquestada por el PSOE y en connivencia con la Moncloa para desacreditar a jueces, policías y periodistas a partir de abril de 2024, cuando un juez imputó a la mujer del presidente, Begoña Gómez. En el auto del juez que instruye el caso se hace mención a mensaje de Leire Díez a otros integrantes de la trama donde se menciona una presunta orden del propio presidente de Gobierno para hacer «limpieza» respecto a todos aquellos sectores que estaban investigando al Ejecutivo y al PSOE.

La CEOE, en efecto, ha evitado a lo largo de estos días ofrecer una lectura de conjunto para expresar su preocupación. Tampoco hay un comunicado al respecto, pero Garamendi calificó de «bochornosa» la imagen que España está trasladando al resto de países europeos por las sospechas de corrupción de dirigentes y exdirigentes del PSOE. «Pienso que lo que se está viendo todos los días, sin entrar a condenar a nadie, es bastante bochornoso», explicó. Aun así, el líder de la patronal prefirió no entrar en el debate político ni hablar de los cargos concretos vinculados al PSOE afectados por las investigaciones. Tampoco quiso entrar en la discusión sobre el adelanto electoral. El líder de la CEOE insistió, por otro lado, en la defensa del poder judicial, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la prensa.