Colau, imputada por prevaricación y coacciones a solo tres meses de las elecciones

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, deberá comparecer a finales de marzo como imputada ante la jueza que investiga si cometió los delitos de coacciones y prevaricación al sancionar al fondo de inversión Vauras por haber intentado desahuciar a familias vulnerables del edificio Bloc Llavors, sin ofrecerles antes alquiler social.

Lo ha anunciado la propia alcaldesa durante una rueda de prensa este martes, junto a los concejales Lucía Martín y Marc Serra, en la que ha informado que la Audiencia de Barcelona ha ordenado al juez que la cite a declarar tras reabrir la causa en abril de 2022, cuando ordenó investigar a la alcaldesa después de que la causa fuera desestimada por el juez por falta de indicios.

La jueza titular del Juzgado de instrucción número 18 de Barcelona también ha citado a declarar como investigados por los mismos delitos al concejal del distrito de Sants-Montjuïc y de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, a la concejala de Vivienda y Rehabilitación, Lucia Martín, y a la jefa de la Unidad de Antiacoso y Disciplina de Vivienda del Ayuntamiento.

Presiones a un fondo

«Estoy muy tranquila. Evidentemente colaboraremos con la justicia como hemos hecho siempre. Esto acabará archivado», ha expresado Colau, que ha reivindicado el trabajo de los concejales Martín y Serra y ha asegurado que continuarán defendiendo a los vecinos.

La jueza investiga la querella de Vauras Investiments, en que se acusa a Colau y a los otros tres denunciados de presionarles para forzarlos a destinar inmuebles de su propiedad a alquiler social, bajo la «amenaza» de no concederle licencias de obras.

La primera edil ha explicado que lo que hizo el Ayuntamiento es pedir al fondo Vauras «el estricto cumplimiento» de la ley catalana 24/2015 para que ofrecieran alquiler social a las familias que vivían en el inmueble, ya que habían diversos casos de vulnerabilidad debidamente acreditada, tal y como ha señalado.

«Un requerimiento que Vauras no respetó y procedimos a poner sanciones por incumplimiento de la ley», unas sanciones que el Ayuntamiento retiró en mayo tras recibir una orden del juez.

A raíz de las sanciones, el fondo de inversión puso una querella contra el Ayuntamiento, que fue inadmitida a trámite en noviembre de 2020, ha recordado Colau: «Ni tan solo se ordenaron diligencias, tanto Fiscalía como la juez tuvieron muy claro y fueron muy rotundas diciendo que los hechos no constituían ningún tipo de delito».

Colau reprocha a la Justicia

Para Colau, llama la atención que la Audiencia de Barcelona haya decidido reabrir la causa, que para ella sigue «el mismo patrón» de grandes empresas a las que ha acusado de hacer un mal uso de la justicia y de buscar la imagen de la alcaldesa declarando, ha dicho textualmente.

«No nos intimidan, nos recuerdan lo contrario», ha señalado en referencia a las otras querellas por las que ha sido investigada (como la de subvenciones a entidades por la que también declaró en marzo de 2022), y ha insistido en que quieren proteger a los vecinos de los abusos de poder, especialmente a los más vulnerables.

«Esta mala fe procesal acaba provocando este abuso del sistema judicial que lleva a situaciones inauditas», ha resaltado Serra, que ha cuestionado el rigor de la querella y ha asegurado que les preocupa el patrón al que se ha referido Colau.

Por su parte, Martín ha recordado que en 2022 tramitaron unos cuarenta expedientes por falta de ofrecimiento de alquiler social, por lo que ha defendido que es una «práctica habitual y en ninguno de estos casos ha habido querella penal».