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Envían a juicio a la alcaldesa de Móstoles y siete ediles de PSOE y Podemos por el 'caso ITV'

El Ayuntamiento condonó una deuda a una empresa dedicada a las revisiones de vehículos que pudo ser perjudicial para las arcas municipales

Envían a juicio a la alcaldesa de Móstoles y siete ediles de PSOE y Podemos por el ‘caso ITV’

Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles. | Europa Press

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado procesar a la alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Posse, y a siete ediles de su equipo de gobierno conformado por PSOE y Podemos por el conocido localmente como caso ITV Móstoles. A petición de la Fiscalía, la sección 17 de ese tribunal revoca el sobreseimiento decretado por la juez instructora de una causa en la que se investiga si la decisión de condonar una deuda a una empresa dedicada a las revisiones periódicas de vehículos supuso un perjuicio para las arcas municipales.

En un auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los magistrados de la Audiencia Provincial consideran «obvio» el perjuicio causado a las arcas del Ayuntamiento de Móstoles, la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid. Por ello, ordenan procesar a los ocho integrantes del gobierno municipal que aprobaron condonar o fraccionar, el 20 de octubre de 2020, el pago de una parte de la deuda acumulada por la empresa ITV Móstoles, que para entonces llegó a sumar con el paso de los años 2.455.725,39 euros.

«El hecho de que el acuerdo adoptado en fecha 20 de octubre de 2020 por la Junta de Gobierno Local haya permitido a la mercantil querellada ITV Móstoles S.L. cumplir parte de las obligaciones contraídas en su día, como lo demostraría los documentos 27, 28 y 20  aportados por la mercantil, no es por sí misma razón suficiente para negar la existencia de dicho perjuicio», indican los jueces de la Audiencia Provincial.

Candidata del PSOE en mayo

La causa se inició a raíz de una querella presentada por el grupo municipal Más Madrid. Según ese escrito, la empresa ITV Móstoles fue adjudicataria el 6 de junio de 2011 de una parcela en el Parque Móstoles Tecnológico. Esa mercantil tenía que pagar un canon anual de 133.000 euros y se le otorgaba la cesión del terreno por un periodo de 30 años. El inicio de la investigación judicial puso en la picota a Posse y su equipo de gobierno.

Sin embargo, y a pesar de la imputación de todo el equipo de gobierno de la alcaldesa de Móstiles, el propio Pedro Sánchez habría intervenido para evitar el cese de Posse que reclamaban sectores del PSM. Ahora, tras la orden de proceder a su procesamiento, decisión contra la que no cabe recurso, la gran incógnita es si el PSOE mantendrá a Posse como candidata a las próximas elecciones municipales de mayo.

El canon anual contraído en concepto de préstamo por ITV Móstoles en 2013 debía incrementarse cada año según el índice de precios al consumo (IPC), de forma que en 2020 llegaba ya a los 147.653,59 euros anuales, según la querella. No lo hizo hasta que en octubre de 2020 el gobierno municipal aprobó una quita del 50% en su deuda, además de una serie de facilidades para el pago aplazado a pesar de que la empresa se encontraba en fase preconcursal.

Prevaricación y malversación en Móstoles

Los jueces de la Audiencia Provincial señalan indicios de que el procedimiento fue presuntamente irregular por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. La resolución se hizo en contra de los informes emitidos por el Interventor y el secretario general del Ayuntamiento. El primero de ellos acudió como testigo ante la juez instructora y confirmó que sus informes desaconsejaron las medidas aprobadas en favor de ITV Móstoles.

«También es innegable que la mercantil ITV Móstoles S.L era morosa desde el año 2013, año en el que ya no paga el canon integro, así como que los querellados no formaba parte de la corporación local en dicho año. De igual manera, es innegable el hecho relativo a que la decisión de no optar por la resolución del contrato ante el incumplimiento de las obligaciones, suponga la comisión de un delito de prevaricación administrativa», indican los jueces de la Audiencia Provincial en su auto. 

«En dicha  fecha sí tendrían conocimiento,  o deberían tenerlo – y  en todo caso se lo proporcionaba los técnicos del Ayuntamiento, como el Interventor y Secretario- , de que la mercantil incumplía su contrato de concesión demanial desde el año 2013, que la deuda en fecha de 2020 ascendía a 1.129.570, 78 euros, y que desde el año 2017 se estaba intentado iniciar la vía de apremio contra la misma», añaden. 

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