La Policía analiza los ordenadores de Coalición por Melilla en busca de nexos con Marruecos

La Policía Nacional analiza todos los ordenadores incautados en la sede de Coalición por Melilla (CPM). Y no solo para recabar pruebas sobre la presunta compra de votos en la ciudad autónoma, sino también para intentar esclarecer los presuntos nexos entre esa formación y el Gobierno de Marruecos, según informan fuentes del caso a THE OBJECTIVE. Las actuaciones, que han pasado a ser analizadas desde este viernes también por la Fiscalía Anticorrupción, continúan bajo secreto de sumario.

Según ha podido saber este diario por fuentes jurídicas, esa sería una de las razones por la que no se comunicó al exconsejero cesado por el Gobierno de Melilla los delitos concretos por los que se encuentra investigado. Mohamed Ahmed Al-Lal, ‘número tres’ en la lista de CPM en las elecciones de este domingo en la ciudad autónoma, se acogió a su derecho a no prestar declaración ante la juez que instruye el caso debido a que el auto por el que fue detenido no precisa por qué delitos concretos se había procedido a su arresto. El documento se limitaba a justificar su puesta a disposición judicial por «delitos indeterminados», según fuentes jurídicas. Quedó en libertad provisional con medidas cautelares poco después.

El exconsejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana y candidato número 3 de Coalición por Melilla (CPM) es uno de los diez detenidos el pasado martes en la operación desarrollada por la Policía Nacional en esa ciudad autónoma. Se encontraba en la puerta del despacho de la juez, donde había acudido para informarse sobre los motivos del operativo policial, cuando los agentes con los que conversaba mientras esperaba a ser atendido por la magistrada le comunicaron que en ese momento pasaba a estar en condición de detenido e investigado, según precisan fuentes jurídicas a este diario.

¿Vínculos con Marruecos?

En ese momento, la Policía Nacional registraba la sede del partido que gobierna en coalición con el PSOE en Melilla para recabar pruebas sobre la presunta trama para la compra de votos por correo. Tras nueve horas de registro, los agentes se incautaron de todos los ordenadores que había en el inmueble en lugar de limitarse a hacer un volcado de los discos duros para llevarse la documentación que contenían.

Según avanzó el diario El Mundo, el CNI habría detectado que personas afines a Mustafa Aberchán, líder de Coalición por Melilla (CpM), realizaron varios viajes a Marruecos, donde se habrían reunido con agentes del entorno del Gobierno magrebí en las semanas previas al posible fraude electoral que se ha producido en las elecciones municipales de Melilla.

Fuentes de CPM niegan cualquier reunión o vínculo con la inteligencia o el gobierno marroquí y enmarcan la operación en un intento por «destruir al partido» en vísperas de las elecciones de este domingo. Según añaden fuentes jurídicas, el partido liderado por Aberchán ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla para solicitar la nulidad de los registros realizados por los investigadores al considerar que carecen de legalidad y se habrían realizado para provocar un «espectáculo mediático» con el que impedir la victoria de CPM en las elecciones.

Anticorrupción asume el caso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha encargado a Anticorrupción que asuma el caso de la presunta trama de compra de voto «a gran escala» en Melilla debido a «su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular» en las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo.

En un decreto dictado el jueves, el máximo responsable del Ministerio Público detalla que las pesquisas realizadas hasta ahora por la Policía Nacional «han puesto de manifiesto la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 50 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo».

Contratos públicos para comprar votos

Además, subraya que la investigación se inició en abril y que existen indicios de que la compra de votos se habría realizado con dinero obtenido por la adjudicación de contratos públicos. Ortiz precisa que «esta operación delictiva dio comienzo el 4 de abril, a raíz de la publicación en el BOE de la convocatoria electoral, y habría sido llevada a cabo, según las averiguaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla».

«Dichos individuos conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político indicado en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma», indica. Todo ello, apunta el decreto del fiscal general, podría ser constitutivo de delitos electorales pero también de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental.