'Caso Deluxe': el juez prorroga la causa contra Sálvame pese a dar por agotada la investigación

Telecinco echó el cierre al universo Sálvame hace unas semanas. Sin embargo, el caso Deluxe seguirá abierto en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. Al menos durante seis meses más, hasta el 27 de diciembre de 2023, según un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha acordado prorrogar durante otro medio año una causa en la que están imputados por presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho, desde 2018, varios productores, redactores y colaboradores de Sálvame, además de un agente de la Policía Nacional. 

El juez Marcelino Sexmero ha dictado este miércoles un auto en el que acuerda prorrogar de oficio durante seis meses más la investigación judicial por la presunta revelación de secretos de un centenar de famosos en el Deluxe y el resto de programas asociados a Sálvame. El magistrado toma la decisión a pesar de que la instrucción está cerca de cumplir ya cinco años en los cuáles no se han logrado acreditar indicios sólidos del pago de dádivas al agente que, según informes del caso, filtraba datos policiales de famosos a colaboradores del programa. Información que, según los investigadores, habría sido extraída de bases de datos policiales por el agente imputado y luego era revelada como noticias en los programas de Sálvame.

Según explica en su auto, el propio juez considera que «la instrucción ha finalizado» y admite que han sido denegadas las diligencias de investigación solicitadas por las acusaciones particulares durante los últimos compases de la causa. No obstante, y a pesar de que ninguna de las partes lo ha solicitado, el magistrado estima que «procede acordar la prórroga» debido a que algunas de esas solicitudes de diligencias denegadas han sido recurridas por las acusaciones particulares ante la Audiencia Provincial de Madrid. Entre las casi dos decenas de acusaciones particulares personadas en el caso, se encuentran famosos como Omar Montes, Aída Nízar, Maite Zaldívar o El Maestro Joao.

Fin de la ‘operación Deluxe’

El juez se da otro medio año de plazo para que se resuelvan esos recursos y posteriormente decidirá si abre juicio oral o si termina por archivar las investigaciones sin sentar en el banquillo a los imputados, tal y como han solicitado en los últimos meses las defensas de estos últimos. En la causa figuran más de una veintena de investigados entre productores, periodistas y colaboradores de Sálvame. Todos ellos entendían que la investigación judicial había llegado a su fin, como ahora admite también el magistrado. Sin embargo, los imputados consideran que se llega al final del caso sin haberse hallado indicios de delito suficientes como para ser procesados y llevados a juicio. En ningún momento se acreditaron pagos al agente imputado, pero el juez no ha aceptado hasta el momento retirar el delito de cohecho de la causa.

La prórroga de la instrucción se produce un mes después de que los ocho redactores imputados en el caso solicitasen el sobreseimiento del procedimiento judicial sobre la presunta revelación de secretos. Lo mismo habían pedido en sendos escritos los directores de La Fábrica de la Tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, y el exdirector del programa, David Valldeperas. Todos ellos habían solicitado el cierre de las actuaciones respecto a la presunta revelación de secretos, al entender que el derecho a la información y el secreto profesional les amparaban a la hora de contar en televisión informaciones respecto a famosos sin revelar las fuentes de las que obtenían sus exclusivas.

El abogado de los redactores presentó en junio un escrito al Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, donde califica de «pintoresco» todo el proceso. Se investigan las presuntas filtraciones del policía A.F.H a colaboradores de Sálvame, especialmente el paparazzi y tertuliano Gustavo González, investigados ambos desde 2018. El agente reconoció en sede judicial haber filtrado datos por su amistad con el colaborador de Sálvame, pero aseguró que nunca jamás recibió ninguna retribución por ello.

Sin pistas de cohecho

En su intento por acreditar el presunto delito de cohecho, según consta en el sumario del caso, la Policía Nacional llegó a investigar a instancias del juez las nóminas y operaciones bancarias de González. Se intentaba demostrar pagos del paparazzi al agente, algo que finalmente se descartó. No se pudo acreditar ningún pago por parte de González al policía, más allá de las facturas de bebidas o comidas de los bares donde quedaban para intercambiar información. Cuentas que no superaban los 50 euros.

En su recurso, los ocho redactores imputados en la operación Deluxe afirman que ninguno de ellos conoce al agente de policía, con quien González habría mantenido relación de amistad desde su juventud. Añaden que solo algunos de ellos tuvieron trato con González durante el tiempo en que este estuvo en Sálvame. Por su parte, La Fábrica de la Tele y sus directivos imputados han defendido que la información conseguida por el paparazzi, que luego se ponía en conocimiento de los directores y productores del programa, se enmarcaba dentro de una labor periodística amparada por el secreto profesional y la libertad de información.

La defensa de La Fábrica de la Tele ha alegado desde el inicio de la causa que en ningún caso sus periodistas o colaboradores fueron quienes accedieron a esas bases de datos policiales. Por esa razón han pedido, sin éxito hasta el momento, que se archiven las actuaciones respecto del delito de revelación de secretos. Insisten en que ellos solo accedían a la información a través de una fuente, lo cual entra dentro del trabajo habitual de un periodista. No obstante, la Audiencia Nacional mantiene la investigación respecto a todos los imputados -incluidos periodistas, colaboradores y productores de Sálvame- de los presuntos delitos de revelación de secretos y de cohecho.

Investigación policial cuestionada

El proceder de los investigadores es precisamente otro de los argumentos a los que se aferran los ocho periodistas y los productores de La Fábrica de la Tele imputados, entre ellos el exdirector de Sálvame, Isaac Pulido, para pedir el sobreseimiento del caso y evitar ser enviados a juicio. Como adelantó este diario, en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, el abogado de todos ellos tachaba de «incomprensible», además de «pintoresco y con un claro sesgo», el proceder de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional durante las pesquisas.

Consideran que durante cuatro meses, según consta en los informes del caso, los investigadores asistieron en primera fila y permitieron que el agente de policía imputado cometiera de forma reiterada el delito de revelación de secretos, sin hacer nada por impedirlo. Añade que, a la vista de los propios informes policiales remitidos en abril y octubre de 2018, durante varios meses la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción habrían «venido observando impasibles» cómo el agente A.J.F.H «accedía a los expedientes policiales» u otros documentos registrados en bases de datos del Cuerpo Nacional de Policía -sin hacer nada para impedirlo- «de personas a las que luego les ha otorgado el carácter de perjudicados».

En el escrito, el despacho que representa a los procesados subraya que la actuación delictiva imputada a sus defendidos «habría sido tolerada por los propios responsables de la investigación, quienes pudiendo neutralizarla, tal y como a continuación se explica, nada habrían hecho, permitiendo su consumación».

«Se citó como investigados a mis defendidos por unos hechos que en el fondo han sido consentidos y tolerados, tanto por los agentes policiales que han llevado a cabo la investigación, como por ese Tribunal y el Ministerio Fiscal que ha monitorizado y seguido toda la investigación», indica el escrito de conclusiones de la defensa remitido al juez instructor el pasado mes de junio.

«En lugar de ser apartado de la actividad que desarrollaba o restringir su acceso a los registros policiales, se le ha permitido que continúe realizando consultas que luego los propios agentes policiales han considerado que podían constituir un delito de descubrimiento de secretos», destaca la defensa de los periodistas en el escrito de conclusiones remitido al juez instructor.