Marlaska repone en su cargo al coronel Pérez de los Cobos tras ordenárselo el Supremo
El ministro del Interior toma la decisión al filo de terminar el plazo dictado por el Alto Tribunal
El coronel Diego Pérez de los Cobos. | Europa Press
El Ministro del Interior ha asumido el fallo del Tribunal Supremo y ha ordenado restituir en su puesto como jefe de la Comandancia de Madrid al coronel Diego Pérez de los Cobos tras haber sido cesado de forma irregular por una supuesta «pérdida de confianza», tal y como ha avanzado El Español y ha confirmado THE OBJECTIVE de fuentes del Ministerio del Interior. Desde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska insisten en que «cumplen las sentencias, como no puede ser de otro modo, y así lo había expresado el ministro reiteradamente».
La Justicia dictó que el cese del coronel no atendía a «causas reales» y que el Ejecutivo debía readmitirle en el cargo, aunque el ministro Marlaska trató de prolongar los plazos hasta el límite. De hecho, lo hace apenas a unas semanas de que expirase. Este diario ya adelantó el pasado 1 de abril que el exjuez acataría la orden, aunque siempre ha mantenido que hubo una «pérdida de confianza» demostrable. Y que, posteriormente, volvería a destituirlo por pérdida de confianza.
En su momento, el Tribunal Supremo censuró la actuación del Ministerio del Interior que, a su juicio, fue «confusa y redundante». Si se esperaba del mando que informase sobre las pesquisas policiales, era «obvio que era con con fines de conocimiento, es decir, para conocer algo que se desconocía y que apareció en la prensa», señaló la Sala.
Contrario a derecho
Por otro lado, los magistrados exponían que si bien en lo orgánico la Unidad de Policía Judicial (UOPJ) está encuadrada en la Administración, el artículo 126 de la Constitución la sitúa bajo la dependencia de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal «en la averiguación de delitos como garantía de la independencia y la eficacia de la Justicia». De forma que lo dictaminado por el tribunal —que tumbó el cese por ser contrario a derecho—, «alcanza a la comprensión de esta garantía», indicó el Supremo.
En este caso, la UOPJ estaba a las órdenes de la magistrada que dirigía la instrucción por la celebración del 8-M contra el entonces delegado del Gobierno en Madrid. Por lo que, según critica el TS, «no es admisible injerencia gubernativa y menos si la magistrada había ordenado absoluta reserva y que solo se le informase a ella». Por lo que, culmina la Sala, «no cabe cesar a quien no formaba parte de esa Unidad y pretextar para ello ‘no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento’».
De esta forma, se confirma la reprimenda al Ejecutivo, que cesó al alto cargo de la Guardia Civil tras su negativa a facilitarles información de una causa judicial abierta, todo en contra de las indicaciones expresas de la jueza Carmen Rodríguez-Medel.
