'Caso Sálvame': varios famosos admiten no poder concretar de qué hechos son víctimas

La instrucción de la operación Deluxe se acerca a su fin. Y lo hace después de que varios de los famosos que ejercen la acusación particular hayan admitido al juez que no pueden concretar los hechos por los que pedirán sentar en el banquillo de los acusados -por presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho- a una decena de productores, exdirectores y redactores del programa Sálvame, según nuevos escritos aportados a la causa a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

La última prórroga de instrucción del caso finaliza el próximo 26 de diciembre. El juez solicitó a finales de octubre a los casi 40 famosos que aún se mantienen como perjudicados en la causa -entre los que se encuentran Julián Muñoz, Maite Zaldívar, Omar Montes, el cantante Francisco y los hijos de José Ortega Cano y Andrés Pajares- que comunicasen expresamente si pensaban formular acusación contra los periodistas, colaboradores y directivos de La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame, investigados en la causa.

En línea con lo solicitado por la Fiscalía el pasado verano, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid pedía a los perjudicados «concretar» de forma precisa «los hechos» sobre los que iban a efectuar dicha denuncia y que les hubiesen afectado «de manera personal», con «fecha y hora de los programas en que se emitieron las informaciones» susceptibles de ser consideradas como revelación de secretos. Además, pedía a las acusaciones particulares que se posicionaran respecto del sobreseimiento de las actuaciones solicitado por uno de los agentes de policía imputados en el caso.

Piden continuar contra Sálvame

«Requiérase a todas las acusaciones particulares para que manifiesten en el plazo de 3 días si denuncian expresamente a los investigados relacionados con la Fábrica de la Tele y concreten los hechos sobre los que efectúan la denuncia que les afecten de manera personal, fecha y hora de los programas en la que se emitieron las informaciones y en concreto, si denuncian y por qué hechos concretos», señalaba una providencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid el pasado 26 de octubre.

Esa petición del juez y la Fiscalía buscaba acotar el número real de perjudicados por la difusión de información reservada sobre ellos en los programas del universo Sálvame. Tras el estallido de la operación Deluxe, en octubre de 2018, se llegó a hablar de al menos 140 famosos afectados por las filtraciones al excolaborador de Sálvame Gustavo González de información de carácter reservado que era extraída de bases de datos policiales, y de forma presuntamente ilícita, por un inspector de la Policía Nacional, A.J.F.H., que mantenía contacto frecuente con el paparazzi.

De las hasta 182 consultas presuntamente ilícitas que el agente investigado realizó en bases de datos policiales sobre famosos, tras cinco años de investigación, la Policía Nacional solo ha conseguido recopilar pruebas o indicios de 17 «casos concretos en relación con el programa televisivo Sálvame». Es decir, un total de 17 ocasiones en las que antecedentes policiales o judiciales fueron comentados y divulgados a modo de información durante la emisión de los distintos programas de La Fábrica de la Tele, y que previamente fueron extraídos ilícitamente de bases de datos policiales por el agente investigado.

Entre esos perjudicados figuran Omar Montes, Aramis Fuster, Ángel Garó, Achraf, Carmen Gahona y Chiquetete, entre otros. La Fábrica de la Tele defiende en sus escritos que la actuación de los periodistas de Sálvame cumplió en todo momento los estándares profesionales y se ceñía a acudir a las fuentes de información que gozaban de mayor credibilidad.

No pueden concretar los hechos

Sin embargo, otros de los famosos que no figuran entre los 17 casos concretos acreditados indiciariamente por la Policía Nacional también han contestado al último requerimiento del juez. Y lo han hecho manifestando su intención de denunciar expresamente a la productora de Sálvame, así como a dos de los exdirectores del programa y otros de sus redactores y colaboradores. No obstante, varios de esos presuntos perjudicados han admitido también que no pueden concretar los hechos porque no se les ha dado traslado de todas las actuaciones policiales y judiciales efectuadas durante la instrucción del caso, iniciada en el año 2018.

«Hemos de indicar la dificultad de poder atender la misma, por cuanto a esta representación procesal se le ha proveído de unas actuaciones sesgadas, así como a que nos han sido denegadas las pruebas solicitadas en nuestro escrito de fecha 7 de febrero de 2023», indicaba una de las presuntas perjudicadas, la exconcursante de Gran Hermano María José Galera, en un escrito presentado a principios de noviembre.

«Con respecto a lo anterior, hemos de recordar que nos encontramos ante una instrucción compleja, iniciada en virtud de la comisión, sin perjuicio de ulteriores calificaciones, de una pluralidad de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, como consecuencia de la ilícita utilización de información contenida en las bases de Datos de Acceso Reservado de la Dirección General de la Policía por parte de los investigados, cuestión esta que podrá ser evaluada particularmente cuando se tenga acceso a la totalidad de las actuaciones», añaden los abogados de Galera.

Julián Muñoz y Maite Zaldívar

En la misma línea han contestado Ramiro Lapiedra, Julián Muñoz y Maite Zaldívar, la exconcejal de Ciudadanos Carmen López Santana, Aranzazu Ortiz y Gemma Serrano. En sus escritos, según ha podido comprobar este diario, han expresado su deseo de seguir con la acusación contra todos los investigados. Sin embargo, varios de ellos han admitido, al mismo tiempo, no poder precisar las informaciones exactas, con fecha y hora que se habrían difundido en los programas de Sálvame informaciones obtenidas de forma presuntamente ilícita en bases de datos policiales.

Otros sí han concretado los hechos por los que se consideran víctimas de un delito de revelación de secretos por parte de los responsables de Sálvame, aunque los hechos denunciados se remontan a muchos años antes del periodo objeto de la investigación. Es el caso del cantante Francisco (González Sarriá). En un escrito, sus abogados han confirmado su intención de seguir ejercitando la acusación particular contra la productora de Sálvame, el paparazzi Gustavo González, el policía A.J.F.H. «y todos aquellos que resulten como autores, cómplices y cooperadores necesarios del delito de revelación de secretos como consecuencia de la filtración a La Fábrica de la Tele, en fecha 30 de octubre de 2012, de los datos obrantes en la base de datos de la Policía Nacional relativos al señor González Sarriá, consistente en foto y ficha policial de este último».

Por su parte, Julio Alberto Ruz, exnovio de la modelo y miss España 2004 María Jesús Ruiz, concreta que en los informes policiales se acredita que varios periodistas del programa hicieron pública información sobre él en distintos programas emitidos por Sálvame en agosto de 2017. Esa información, según los investigadores, habría sido extraída de diversas bases de datos policiales que el inspector de Policía investigado por las filtraciones a Sálvame consultó en referencia a la detención Julio Alberto Ruz el día 9 de agosto de 2017 en Jaén.

Omar Montes pide ir a juicio

En el caso de Omar Montes, uno de los 17 casos indiciariamente acreditados por la Policía Nacional, sus abogados dan por «finalizada la instrucción» y consideran que al haber quedado contrastada la acción ilícita contra su cliente, la inculpación o no de los investigados debe realizarse durante la fase de juicio oral. «Finalizada la instrucción, el único debate que cabe es dilucidar si los hechos ante los que nos encontramos deben ser conocidos por la Jurisdicción Penal para valorarse, en esta sede, el merecimiento, o no, de reproche», indicaba en su escrito Montes.

Inicialmente eran 43 los casos que los investigadores vinculaban a Sálvame en un informe de la Policía Nacional que provocó la imputación de varios redactores, directores y productores del programa por un presunto delito de revelación de secretos. Sin embargo, y pese a las sospechas iniciales, solo hay pruebas en 17 casos concretos que impliquen a Sálvame.

Sobre el resto de famosos que aún figuran como acusación particular en la causa, lo más que se ha acreditado en los informes policiales del sumario son «conversaciones de WhatsApp» entre Gustavo González y el policía A.J.F.H., en las que no consta ningún tipo de participación directa por parte de la productora o la dirección de Sálvame para solicitar información de forma ilícita.