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Tribunales

La Justicia desestima la demanda de Plus Ultra contra el director de THE OBJECTIVE

La jueza estima que los artículos publicados denotan «diligencia y contraste de la información»

La Justicia desestima la demanda de Plus Ultra contra el director de THE OBJECTIVE

El director de The Objective, Álvaro Nieto. | TO

El juzgado de primera instancia de Alcobendas (Madrid) ha desestimado este miércoles la demanda que la aerolínea Plus Ultra había presentado contra el director de THE OBJECTIVE, Álvaro Nieto, y varios periodistas por intromisión en su derecho al honor por las exclusivas publicadas en Vozpópuli, en la época en la que Nieto fue su director, sobre el rescate de la compañía y los vínculos que ésta mantenía con el gobierno de Venezuela.

La jueza da la razón a los demandados aduciendo que sus informaciones «se basan en documentos e informaciones que denotan una diligencia y un contraste de la información por parte del medio». Además, la magistrada añade que de los artículos se desprende «una información basada en una búsqueda razonable y cumple con los postulados constitucionales». Por ello, desestima la demanda, absuelve a los demandados y obliga a Plus Ultra a pagar las costas del juicio.

La aerolínea Plus Ultra, que se benefició en marzo de 2021 de un polémico rescate de 53 millones de euros con cargo al fondo creado por el Gobierno para salvar las empresas estratégicas afectadas por la covid-19, demandó al director de THE OBJECTIVE, Álvaro Nieto, y otros cinco periodistas el pasado 14 de mayo de 2022 por el daño causado a la compañía tras publicar las irregularidades detectadas en la concesión de esa ayuda.

La aerolínea, que apenas opera vuelos en España y que está vinculada al régimen venezolano, consideraba que las informaciones publicadas cuando Nieto dirigía el digital Vozpópuli vulneraron su derecho al honor. Asimismo, Plus Ultra aducía que se trataba de un «ataque a su reputación comercial» que perjudicó la generación de negocio, por lo que exige el pago de 4,6 millones de euros como indemnización por el lucro cesante durante el último año.

Nieto era el director de Vozpópuli cuando en marzo de 2021 ese periódico desveló los entresijos del polémico rescate y ha sido desde entonces el periodista más activo denunciando todo el entramado que rodea ese escándalo. Hasta el punto de que en enero pasado publicó un libro titulado Conexión Caracas-Moncloa (Ediciones B, 2022) en el que narra las peripecias de las dos investigaciones periodísticas desveladas durante su mandato: el denominado ‘Delcygate’, la reunión en Barajas de la vicepresidenta de Venezuela con el ministro José Luis Ábalos, y Plus Ultra.

Un rescate polémico

Plus Ultra fue rescatada por la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) con 53 millones de euros al ser considerada una empresa estratégica para el Gobierno de España, pese a que solo disponía de dos aviones, operaba sólo el 0,03% de los vuelos con origen o destino en España y estaba al borde de la quiebra antes de la pandemia, por lo que su delicada situación financiera no era consecuencia del coronavirus, que era uno de los requisitos para obtener la ayuda.

Vozpópuli desveló además que la compañía estaba controlada por tres empresarios venezolanos (Rodolfo Reyes Rojas, Roberto Roselli y Raif El Arigie Harbie). Éstos entraron en la aerolínea en 2017 a través de diferentes sociedades registradas en España (Snip Aviation y FlySpain) y formaron parte de su consejo de administración.

El daño colateral más inmediato de la ayuda pública fue la parálisis del fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, un mecanismo dotado con 10.000 millones de euros y lanzado por el Ejecutivo en julio de 2020 para rescatar a grandes empresas que afrontaran problemas financieros por la pandemia pero fueran solventes y estratégicas para la economía española antes de la crisis.

Las exclusivas desveladas por Nieto y su equipo han derivado en una investigación judicial que, a fecha de hoy, se mantiene abierta en fase de instrucción en un Juzgado de Madrid para dilucidar si los funcionarios de la SEPI pudieran haber cometido prevaricación en la concesión de las ayudas.

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