Castilla y León y Murcia recurrirán el decreto de regularización de inmigrantes

Los gobiernos de Castilla y León y Murcia han anunciado este jueves que interpondrán un recurso contra el decreto de regularización de inmigrantes del Ejecutivo central, al considerar que tiene un impacto «grave» en la Unión Europea y que se ha aprobado «de espaldas» a las comunidades autónomas y sin responder a las alegaciones.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado que lo harán al considerar que tiene un impacto «grave» en la Unión Europea y que los cauces para acreditar los requisitos «no garantizan» su cumplimiento.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carlos Fernández Carriedo ha explicado que la decisión se ha tomado tras examinar la norma y en «defensa de los intereses de la Comunidad» y del conjunto de los ciudadanos, un punto en el que ha señalado que el Ejecutivo central ha actuado «sin diálogo» con las autonomías y corporaciones locales, a las que, como ha subrayado, no se ha informado sobre cuántas personas se verán afectadas ni en qué condiciones.

El portavoz ha fundamentado el recurso en dos cuestiones principales. En primer lugar, ha señalado la normativa europea, la unidad de frontera y la libre circulación, un aspecto sobre el que ha advertido de que el volumen de personas que podrían acceder a esta regularización puede suponer un «riesgo» para las políticas de coordinación de fronteras. En este sentido, ha recordado que la propia Comisión Europea ha alertado sobre el impacto para el resto de países miembros.

Como segundo motivo, el consejero ha considerado que los procedimientos establecidos para acreditar los requisitos por parte de los solicitantes no ofrecen garantías de cumplimiento. Así, Carlos Fernández Carriedo ha criticado que no haya existido «ningún tipo de participación ni coordinación» que permitiera a las comunidades establecer cauces adecuados ante esta medida.

Frente a este modelo, ha puesto en valor el proceso de «integración ordenada» que se realiza en Castilla y León en los ámbitos social, cultural y laboral. Al respecto, ha recordado que la comunidad ha superado el «récord histórico» de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social en un mes de marzo, con más de 101.000 personas, con un crecimiento superior a la media nacional.

Finalmente, Carlos Fernández Carriedo ha reiterado que «todo el mundo es bienvenido» siempre que acuda a trabajar, cotizar y contribuir a la sociedad, pero ha rechazado un procedimiento de regularización «no ordenado». El recurso será interpuesto en los próximos días una vez que los servicios jurídicos finalicen su redacción.

Murcia lo recurrirá por «falta de planificación» 

Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, considera que la norma se ha aprobado «de espaldas» a las comunidades autónomas y sin responder a las alegaciones presentadas por el Ejecutivo murciano.

A preguntas de los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Ortuño ha vinculado la tramitación de este plan con la situación judicial de la esposa del presidente del Gobierno, al afirmar que el decreto se utiliza como una «herramienta para tapar su corrupción» atendiendo a «intereses electorales».

En este sentido, el portavoz regional ha instado al Ejecutivo central a asumir la política migratoria como una «cuestión de Estado» que implique a la Unión Europea, actúe en los países de origen y luche contra las mafias, y ha remarcado que las autonomías son el destino de una inmigración irregular derivada de un «descontrol de fronteras».

Asimismo, el Gobierno murciano ha calificado de «preocupante» que el hecho de poseer antecedentes policiales no sea causa de exclusión en este proceso de regularización que se inserta en el marco de una política migratoria estatal que, según Ortuño, sitúa a España en «dirección contraria» a las de la Unión Europea.

También ha alertado sobre el «colapso» que ya se registra en las oficinas de Correos, Extranjería y servicios sociales, y ha acusado al Gobierno de España de «quitarse de en medio» y trasladar la «presión» y el coste económico a ayuntamientos y comunidades autónomas, que carecen de los medios necesarios para afrontar este proceso. Finalmente, ha reiterado que la aprobación de este decreto se ha realizado «de espaldas» a las administraciones locales y con una «falta de planificación total».