Los saharauis amenazan al Gobierno: irán a los tribunales si les vetan en la regularización
Una asociación de abogados explica que acudirá a los tribunales si rechazan las solicitudes por agravio comparativo
Saharauis en una protesta el pasado noviembre en Madrid. | I. López Isasmendi (Zuma Press)
Los saharauis retarán al Gobierno. La abogada Fatma El Galia, secretaria de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (Aprase), presentará solicitudes de personas de la antigua colonia con la intención de acogerse al real decreto para la regularización extraordinaria. La misma determinación tiene otro grupo de saharauis con el que ha podido contactar THE OBJECTIVE, a pesar de que la normativa —a la que podrían acogerse más de 500.000 inmigrantes irregulares— deja fuera a los apátridas, condición que tienen la mayoría de los saharauis. En caso de no prosperar, amenazan con acudir a los tribunales.
El real decreto para la regularización extraordinaria aprobado la semana pasada prevé normalizar la situación de cientos de miles de inmigrantes irregulares que solicitaron asilo antes del pasado 1 de enero y de aquellas personas que se encuentren en España antes de ese día y que cumplan los requisitos de trabajo, familia o vulnerabilidad. Sin embargo, la normativa excluye a los apátridas y, por tanto, a los saharauis. El Gobierno ha explicado que tienen un estatuto específico, vía a la que tendrán que acogerse.
Fatma El Galia considera que se trata de una actuación discriminatoria y que «no hay fundamentos jurídicos que justifiquen» esa decisión, que recomendó el Consejo de Estado. Los apátridas figuraban en los borradores del real decreto de regularización extraordinaria, pero el colectivo se cayó del texto definitivo después de que el órgano consultivo que preside Carmen Calvo recomendara no incluirlos en la misma disposición que los solicitantes de asilo.
Requisito de vulnerabilidad
La secretaria de Aprase, de origen saharaui, avanza que el real decreto «castiga» a los ciudadanos de la antigua colonia española. La abogada especializada en extranjería explica que, de media, las gestiones para conseguir el estatus de apátrida se demoran cuatro años, tiempo en el que los saharauis «carecen de todo derecho básico». La abogada señala que la intención es pedir la regularización de algunos miembros de este colectivo por el requisito de vulnerabilidad.
La disposición adicional vigesimoprimera del real decreto prevé una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario para aquellas personas que llegaron a España antes del pasado 1 de enero. Eso, siempre que cumpla con los requisitos, entre los que se encuentra hallarse en situación de vulnerabilidad acreditada por entidades competentes.
Como avanzó este diario, el concepto fija hasta 12 supuestos, como «aislamiento social», «situación de sinhogarismo», «carencia de ingresos suficientes» o «riesgos psicosociales». Las encargadas de dar el visto bueno serán las entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (Recex), como la Cruz Roja. La Policía Nacional ha sido excluida del proceso, por lo que los expertos consultados por este diario alertan de que esas situaciones podrían convertir la ley en «un coladero» deliberado.
Fatma El Galia señala que los saharauis que residen en España podrían acogerse al supuesto de la vulnerabilidad, ya que lo padecen independientemente de que puedan ser reconocidos como apátridas y exista un reglamento que lo regule. El problema, incide, es que mientras eso sucede están «desprotegidos». La secretaria de Aprase considera que negar la regularización extraordinaria a los ciudadanos de la antigua colonia supone un agravio comparativo.
La sombra de Marruecos
La abogada explica que en los próximos días solicitará la aplicación del real decreto para saharauis que cumplan los requisitos. En caso de que no le concedan la regularización extraordinaria, señala que acudirán a los juzgados de primera instancia a través de un contencioso-administrativo que podría acabar en el Tribunal Supremo. Otros juristas consideran que el caso podría elevarse hasta el Tribunal Constitucional al suponer una vulneración de derechos fundamentales de personas que residen en nuestro país.
Asociaciones prosaharauis ya han alzado la voz y no descartan iniciar acciones legales. Sumar, con presencia en el Consejo de Ministros, considera que la rectificación que excluye a los saharauis es «una política hecha a medida» y sospecha que la decisión se ha tomado «a petición» de Marruecos. El Frente Polisario ha criticado la decisión porque «condena» a los saharauis a un limbo, ya que se les impide trabajar y cotizar para pagar los servicios públicos de los que, hasta ahora, no pueden beneficiarse.
España tuvo un enfrentamiento diplomático con Marruecos en 2021 por acoger y tratar durante la pandemia en un hospital de La Rioja al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, suceso que provocó la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y la retirada de la embajadora alauí en nuestro país. Los saharauis concentran el grueso de las solicitudes de apátrida en nuestro país. En 2024 realizaron el 71% de las peticiones, aunque el porcentaje llegó a ser del 96% años atrás.
El Sáhara Occidental fue colonia española entre 1884 y 1975. En las últimas dos décadas llegó a ser la provincia número 53. Su proceso de descolonización se interrumpió cuando nuestro país lo abandonó tras la Marcha Verde. Marruecos ocupa gran parte de su extensión, uno de los 17 territorios no autónomos en el mundo bajo supervisión de la ONU. En los últimos años, numerosos saharauis han solicitado sin éxito recuperar la nacionalidad española.