El abogado de Puigdemont representa a una 'independentista' presa en Moldavia

El abogado que lidera la defensa de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, elegido recientemente como uno de los cinco mejores penalistas de España, ha elegido representar a Evghenia Gutul, la exgobernadora de Gagauzia, una región del sur de Moldavia de mayoría rusófona. Gutul fue elegida en 2023 con el partido prorruso Șor, ahora prohibido, y condenada en primera instancia a siete años de prisión, acusada de financiación ilegal procedente de Rusia. El letrado chileno considera que estamos ante un caso de represión política que evidencia el «colapso democrático» del país moldavo, que pretende entrar en la Unión Europea. En su opinión, es un claro ejemplo de lawfare.

Según la defensa, Gutul fue elegida en mayo de 2023, pero la presidenta moldava, Maia Sandu, se negó a firmar el decreto que la integraba en el Gobierno central, pese a que la ley establece que la Bashkan (gobernadora) es miembro nato del Ejecutivo. El 5 de agosto de 2025 fue condenada en primera instancia a siete años de prisión por presunta complicidad en financiación electoral ilícita. La sentencia no es firme y está recurrida. En el mismo acto, sin resolución autónoma motivada, sin audiencia previa y sin fijar plazo, el tribunal acordó su prisión provisional y la hizo efectiva sacándola de la sala.

Boye alega que una de las tres juezas, Olga Cojocaru, no superó el vetting judicial por no cumplir los criterios de integridad financiera. Es decir, el propio Estado ha declarado después que no reunía los requisitos para juzgar. Además, denuncia que el Consejo Superior de la Magistratura abrió expediente disciplinario contra uno de los letrados de la defensa, Sergiu Moraru, por sus declaraciones públicas tras la sentencia. El Colegio de Abogados archivó la queja y, aun así, el Consejo ha llevado el asunto a los tribunales. «Hemos presentado ya cuatro comunicaciones ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Jueces y Abogados», explica a este medio.

«’Lawfare’ es esto»

«Cuando hablamos de lawfare deberíamos hablar de esto: una gobernadora electa encarcelada el mismo día de una sentencia no firme, por un tribunal en cuya composición figura una jueza apartada después por no superar el control de idoneidad, con sus abogados perseguidos disciplinariamente por el órgano que controla a los jueces y con la Comisión de Venecia advirtiendo del marco legal que lo hace posible», sostiene Boye en declaraciones a THE OBJECTIVE. Para el abogado, el caso de Evghenia Gutul es un caso de lawfare «documentado, estructural y verificable».

Esto llama la atención si se tiene en cuenta que Boye no habla de lawfare con facilidad. De hecho, es muy crítico con la corrupción que rodea al PSOE, que utiliza el anglicismo para restar importancia a los casos que le rodean y que investiga la Justicia: «Banalizar el término aplicándolo en España a investigaciones penales ordinarias —como las que afectan a Santos Cerdán o las que invocan dirigentes próximos a José Luis Rodríguez Zapatero— no solo es jurídicamente impreciso: vacía de contenido un concepto que sirve para describir realidades muy graves y no simples casos de corrupción».

El caso está fuera de Moldavia: la Comisión de Venecia adoptó el 10 de marzo un dictamen sobre la ley moldava, el marco bajo el que se ha procesado a Evghenia, advirtiendo de definiciones legales amplias, plazos comprimidos y riesgos para la defensa. Por parte de esta, se ha presentado una primera demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y se prepara ya una segunda sobre la composición del tribunal.

Libro en prisión

Evghenia Gutul ha escrito un libro, El caso Gutul: Anatomía de la persecución política, que consiste en una colección de 30 cartas escritas en prisión, y relata el creciente conflicto entre la región y las autoridades centrales del país, que desencadenó la detención de la política y su posterior reclusión en régimen de aislamiento. Boye considera la colección de cartas como una «prueba irrefutable de la represión política en Moldavia».

Las acusaciones de represión política sobre Moldavia son constantes, y han sido documentadas por organismos internacionales como Amnistía Internacional, pero el Gobierno de Maia Sandu las enmarca como medidas necesarias para defender la democracia frente a una injerencia híbrida rusa. Entre estas medidas se encuentran restricciones arbitrarias a la libertad de expresión, asamblea y medios que afectan principalmente a la oposición, tildada de prorrusa.

«La naturaleza misma de este juicio fabricado y las condiciones del encarcelamiento de Evghenia Gutul resultan profundamente impactantes para cualquier activista europeo de derechos humanos. Mantener a una política legítimamente elegida y madre de dos hijos en condiciones inhumanas de aislamiento, bajo cargos completamente inventados, no es un acto de justicia, sino una medida punitiva y una venganza política flagrante», considera Boyé, que abunda: «El libro es un documento fundamental que las instituciones internacionales deben estudiar detenidamente».

El libro se centra especialmente en las controversias de la política interna. Evghenia Gutul subraya que la represión política ha asolado Moldavia, a pesar de su condición de país candidato a la UE. Los valores europeos que las autoridades del país afirman defender se violan flagrantemente en la práctica. La autora ofrece ejemplos concretos de cómo el gobierno de Chisináu está restringiendo gradualmente los derechos de Gagauzia, amenazando la existencia de la región autónoma, mientras que los valores europeos son pisoteados descaradamente en la práctica.

En sus cartas, Evghenia Gutul critica los procedimientos judiciales que condujeron a su arresto, denunciando errores procesales. Gutul señala que los juicios fueron meramente formales y que el veredicto de culpabilidad estaba predeterminado. Gutul, como candidata de la oposición, ganó las elecciones a la jefatura de la región autónoma en 2023. Las autoridades del país no reconocieron el resultado y exigieron que renunciara a su mandato. Tras su negativa, se abrieron causas penales en su contra y, tras un año de procedimientos judiciales, fue detenida. Observadores internacionales han calificado el proceso de «políticamente motivado».

Gutul también se dirige al Parlamento Europeo, a periodistas y a activistas de la sociedad civil, invitándolos a conocer una perspectiva alternativa sobre los acontecimientos en Moldavia, a ver desde dentro «un sistema donde se silencia a los medios de comunicación independientes, se bloquea la libertad de elección, se multa a las personas por votar incorrectamente y el poder judicial y la policía se han convertido en instrumentos controlables de quienes ostentan el poder».