La juez considera «deplorables» las condiciones de Arguineguín, pero no ve delito y archiva la denuncia

La juez que se hizo cargo de la denuncia por el trato que reciben los inmigrantes en el muelle de Arguineguín ha decidido archivarla, al considerar que la situación del campamento es «efectivamente deplorable», pero no incurre en delito alguno. La denuncia, interpuesta por la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), censuraba las malas condiciones del campamento que acogía a los inmigrantes, en el que se llegó a hacinar a más de 2.500 personas, cinco veces su capacidad.

En contexto: el archivo de esta denuncia se produce en medio del debate por la gestión de la crisis generada por la afluencia masiva a Canarias. Solo este lunes han llegado más de 100 personas en cayucos. Con esta decisión, la juez contradice los argumentos de varias organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, que han denunciado las condiciones del campamento para inmigrantes de dicho muelle.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, no señalaba formalmente en su denuncia ningún responsable concreto de la vulneración de los Derechos Humanos que, a su entender, se estaba produciendo en el campamento de primera acogida del puerto de Arguineguín, pero al registrarla sí manifestó ante la prensa que esperaba que se depurasen «responsabilidades penales» en el Gobierno.

Human Rights Watch fue más allá y afirmó la semana pasada que en el muelle de Arguineguín no se respetaban «la dignidad de esas personas ni sus derechos básicos». Ahora, la juez Yanira del Carmen González, que inspeccionó personalmente la situación en el campamento, ha argumentado que «el examen de las diligencias de investigación practicadas, así como de la presente denuncia, debe llevar necesariamente a su archivo, por entender esta instructora que los hechos denunciados no son presuntamente constitutivos de infracción criminal».

En cuanto a los avances en la gestión de la crisis, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descartó el viernes el traslado masivo o regular de inmigrantes desde Canarias hacia la Península y lo vinculó con «las políticas migratorias, que son del conjunto de la UE, y no solo de España». Además, el Gobierno anunció la semana pasada que habilitaría carpas y campamentos temporales de emergencia para acoger hasta 6.000 personas en las islas Canarias.