'Whistleblowing': luz verde al canal de denuncias de malas prácticas en las empresas

Ha tardado más de lo previsto, pero ha salido adelante: el Congreso ha aprobado la ley de «whistleblowing». Esta norma regula los canales de denuncias en empresas, ayuntamientos, sindicatos o partidos políticos. ¿La clave? Garantiza la protección de los denunciantes de malas prácticas y delitos para que no sufran represalias. En THE OBJECTIVE te contamos cómo se debe implementar.

Las personas denunciantes podrán poner en conocimiento de forma confidencial, con seguridad y sin sufrir ningún tipo de represalia, diversos hechos: desde situaciones de acoso laboral a prácticas relacionadas con delitos de corrupción, blanqueo de capitales. Pero también conductas que contravengan las políticas y el código ético de la organización, entre otras.

Esta es la primera vez que en España se regula la implantación y funcionamiento de los canales de denuncias a través de una norma concreta. Se trata de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta norma traspone la Directiva (UE) 2019/1937, más conocida como «Directiva Whistleblowing», que debió adaptarse a la legislación española en diciembre de 2021.

El texto final ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Al cabo de 20 días, obligará a las organizaciones del sector público y privado a tener un canal de denuncias confidencial y seguro, que cumpla con los requisitos establecidos en Europa.

Canales de denuncia sin regulación específica

Desde el bufete Cuatrecasas recuerdan que el establecimiento de canales de denuncias en empresas no es un fenómeno novedoso. En España, los antecedentes de esta exigencia ya las fijaban las leyes de igualdad y prevención del acoso sexual, por razón de sexo o moral, así como de la legislación de prevención de blanqueo de capitales.

Otros antecedentes los encontramos en las recomendaciones soft law emitidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero, sobre todo, proviene de la reforma del Código Penal del año 2010, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas y otras organizaciones) e impuso amplias exigencias de carácter general en materia de corporate compliance.

Lo novedoso es que esta es la primera vez que se aprueba una regulación sobre las características y requisitos que deben cumplir las empresas para el establecimiento de canales de denuncia.

‘Whistleblowing’: la clave es la protección del denunciante

Uno de los pilares de esta nueva ley es la protección que se debe ofrecer a todas las personas que denuncien corrupción o fraude y violaciones de la legislación de la Unión Europea (UE) y del ordenamiento jurídico interno. No puede haber represalias de ningún tipo ni contra ellas ni contra sus familiares.

Para ello, los canales de información deben ser confidenciales y estar protegidos, lo que supone un reto que también involucra a los delegados de protección de datos. Los sistemas de información deben ser sencillos y seguros y, además de cumplir con los requisitos que establece la norma, debe adaptarse a la realidad de cada empresa.

Claves del canal de denuncias o whistleblowing

• Qué es el canal de denuncias y cómo funciona. Desde Lefebvre explican que se trata de una herramienta clave para la detección precoz y confidencial de malas conductas. También para la prevención de delitos en las organizaciones. La ley exige que se informe a través de dicho canal sobre corrupción, fraudes y violaciones de Derecho de la Unión Europea.
• Quién puede denunciar. Este canal debe estar a disposición de empleados de las empresas y de terceros. Las denuncias y comunicaciones han de ser anónimas.
• Quién crea el canal de denuncias. Las propias empresas son las responsables de designar la forma de recibir dichas denuncias, siempre que se ciñan al marco legal que dictamina la ley. Asimismo, la gestión del canal debe ser confidencial y seguro.

El canal de denuncias debe contar con un sistema de alerta y detección de irregularidades, generar evidencias para la exención o atenuación de responsabilidad penal de la persona jurídica (la empresa u organización en la que se está cometiendo el delito denunciado).

En caso de ser necesario, debe proteger al informante mediante herramientas que aseguren su anonimato y facilitar que la información sensible sea tratada internamente antes de que se haga pública.

¿Quiénes deben contar con un canal de denuncias?

La implantación del canal de denuncias tiene carácter obligatorio para empresas privadas con una plantilla de 50 o más trabajadores, así como para empresas del sector público.

Hay otras organizaciones que, independientemente del número de empleados con los que cuenten, deben aplicar un sistema interno de información. Dentro de esta categoría están todos los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales.

Igualmente deberán tenerlo las fundaciones que dependan de dichas entidades, siempre que reciban fondos públicos para su financiación, y todas las administraciones locales con independencia del número de habitantes.

En cuanto a los plazos, las empresas de menos de 250 empleados y los municipios de menos de 10.000 habitantes tendrán hasta el 1 de diciembre de 2023 para implantar su canal de denuncias. Estos municipios tendrán la opción de compartir no solo el canal de información, también los recursos para investigar las ilegalidades que se denuncien.

El resto de las empresas de mayor tamaño y de administraciones públicas dispondrán de tres meses desde la entrada en vigor de la ley para implementar el sistema de información.

‘Whistleblowing’: sanciones por incumplimiento

La ley contempla la creación de la Autoridad Independiente de Protección de Informantes. El Ministerio de Justicia será el encargado de nombrar a un presidente con un mandato de cinco años que velará por la adopción de medidas de protección y la imposición de sanciones. Lo mismo harán los órganos competentes de las comunidades autónomas. Por su parte, los responsables de los canales de información de cada organización podrán aplicar medidas disciplinarias en su ámbito interno.

Para las empresas y organizaciones que incumplan con la obligación de implementar un canal de denuncias que cumpla los requisitos, la ley contempla sanciones de hasta un millón de euros, con un régimen que contempla sanciones leves, graves y muy graves.

De hecho, las multas podrán ir de 1.001 a 300.000 euros en el caso de personas físicas y de 10.001 a 1.000.000 de euros en el caso de las jurídicas (empresas u organizaciones).

Las empresas o canales que no cumplan con la garantía legal de confidencialidad y revelen las denuncias, que en todos los casos deben ser anónimas, también serán objeto de sanción. Lo mismo ocurrirá con las denuncias falsas contra la empresa o alguno de sus cargos.