Ocho años de cárcel para el expresidente de Pescanova por manipular las cuentas de la empresa

La Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa a ocho años de prisión por manipular las cuentas de la empresa. Además, ha considerado culpable también al auditor BDO, que junto a otros exdirectivos y sociedades deberán asumir el pago de indemnizaciones por un valor superior a los 160 millones de euros.

Lo más importante: los jueces consideran probado que el expresidente de Pescanova y un núcleo de personas de su confianza idearon a partir de la crisis de 2008 una serie de mecanismos irregulares para seguir consiguiendo financiación bancaria, tras lo que manipularon las cuentas y otros documentos oficiales para que los resultados no reflejaran la delicada situación de la compañía. De esta forma, la compañía —que cotizaba en bolsa— decía obtener beneficios y captaba así nuevos inversores.

La sentencia, publicada este martes —con más de 600 páginas de extensión—  atribuye a Sousa y al resto de su cúpula la comisión de «prácticas irregulares» para obtener financiación bancaria a través de la manipulación de las cuentas de la entidad. Los magistrados de la Audiencia han absuelto a siete de los 19 acusados y condenado a los otros 12 a penas sensiblemente inferiores a las solicitadas por las acusaciones al entender que varios de los delitos no pueden ser penados de manera independiente al ser necesarios para cometer otros que sí han sido castigados.

Concretamente, Sousa ha sido condenado a seis años de cárcel por los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa agravada, falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera, a los que suma otros dos años por alzamiento de bienes. Se imponen tres años y medio de cárcel a Antonio Taboas, Alfredo López Uroz, Joaquín Viña, Ángel González y Carlos Turci; dos años para José Manuel Gil y Alfonso García; un año para Alfonso Paz-Andrade; y seis meses para Manuel López. Asimismo, la esposa de Sousa, María Rosario Andrade, recibe una pena de un año de prisión, mientras que los dos hijos imputados han sido absueltos. Del lado del auditor, el responsable de BDO para Pescanova, Santiago Sañé, ha sido condenado igualmente a tres años y medio de cárcel por los delitos de falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera.

El fallo fija una indemnización a los accionistas de la empresa de 51 millones para Luxempart; de 40 millones para Damm; de 23 millones para Silicon Metal; de 6,6 millones para Disa (controlada por miembros de la familia Carceller, los mismos dueños de la cervecera Damm); de 5,5 millones para Golden Limit; y de 58.000 euros para Citurrioz Inversiones. De estos pagos serán responsables los condenados y las sociedades Pescanova y BDO Auditores, de acuerdo con los magistrados, que recuerdan que en el caso de este último se hará cargo también Mapfre «hasta el límite de las cantidades aseguradas». Además, estipula un pago de casi 20 millones de euros para Bankia, unos 19 millones para UBI Banca y una «cantidad a determinar en ejecución de sentencia» para el portugués Banco Espíritu Santo (BES).

Entre las prácticas irregulares detectadas, la sentencia cita la puesta en marcha de operaciones de comercio internacional a través de filiales y la creación de sociedades instrumentales ficticias mediante las que simulaban operaciones de compraventa, un hecho este último «del que tenía conocimiento el auditor interno» y que sirvió para ocultar el pasivo bancario.

El fallo considera acreditado que Sousa y su esposa sacaron 4,5 millones de euros de cuentas españolas e ingresaron el dinero en dos entidades portuguesas poco después de que estallara el escándalo (en marzo de 2013) para transferir ese dinero a Hong-Kong y evitar así perder los fondos si se tenía que responder con su patrimonio al pago de un préstamo suscrito por el expresidente de Pescanova.

La sentencia cierra -a la espera de si se presentan recursos- un largo proceso que se remonta a 2013, cuando Pescanova solicitó el concurso de acreedores, lo que permitió posteriormente su división en dos: Nueva Pescanova (heredera de la marca y la actividad del grupo) y Pescanova S.A. (una sociedad de cartera sin actividad productiva). El juicio arrancó en diciembre de 2019 y se alargó hasta finales de julio por la COVID-19[contexto id=»460724″].