Portugal controla los incendios pero mantiene el estado de alerta
Debido a las condiciones climáticas, las autoridades mantienen la alerta máxima en 29 municipios del país, en su mayoría en la región central
El fuego remite en Portugal tras cuatro días de incendios que han devastado más de 8.500 hectáreas de arbolado y monte bajo, aunque las autoridades mantienen el estado de alerta ante la previsión de vientos y subida de las temperaturas en la próximas horas.
Los dos principales frentes activos, en Vila de Rei y Maçao, en el centro del país, fueron «dominados», ha anunciado hoy Luis Belo Costa, comandante de operaciones de Protección Civil al informar sobre la situación a media jornada. No obstante, ha apuntado que un millar de efectivos continúan trabajando y la alerta se mantiene ante un posible agravamiento de las condiciones meteorológicas, aunque, incluso con un cambio, «no serán agresivas» como en la tarde del lunes, cuando el viento y el calor avivaron los focos más activos.
En conjunto, según las autoridades, 41 personas han recibido asistencia médica, aunque solo 17 resultaron heridas, una de ellas grave.
La lluvia caída durante la noche ha sido una aliada fundamental de los equipos de extinción que han trabajado sin descanso en la zona. Aunque todavía no hay un balance provisional de daños, el fuego ha arrasado desde el sábado la misma superficie que se ha quemado en Portugal en los primeros siete meses del año.
Fuentes de la Policía Judicial han explicado a Efe que el único detenido hasta ahora como sospechoso de provocar un incendio se encuentra en prisión provisional a la espera de que concluya la investigación.
Debido a las condiciones climáticas, las autoridades mantienen la alerta máxima en 29 municipios del país, en su mayoría en la región central. En poblaciones como Roda, donde el lunes fue necesario quemar un perímetro de monte bajo para evitar que las llamas alcanzaran a las casas, la situación «está en fase de resolución y de prevención», ha apuntado a Efe el jefe de bomberos del grupo, Rui Ruela.
En los alrededores, en la población de Cardigos y en la carretera que llega a la cercana Sernadas, el panorama es desolador, con kilómetros de pinares y plantaciones de eucalipto arrasados por las llamas. Los vecinos de Sernadas respiran hoy más tranquilos, después de que el foco que amenazó al casco urbano en la tarde del domingo ha sido extinguido.
Un citröen 2CV calcinado en la travesía que da acceso al pueblo recuerda la pesadilla. «Ardió todo alrededor de la aldea y las llamas quemaron una casa de primera ocupación y un pajar», explica José Augusto Farinha. «El fuego vino de repente y no sabíamos para donde ir. Los bomberos no podían atender a todo», apunta su vecino Manuel, que ha sufrido importantes pérdidas en un terreno de su propiedad.
Las críticas por la gestión de los recursos de extinción y de atención a la población se dirigieron hoy hacia el Instituto Nacional de Emergencias Médicas (INEM), responsable de la evacuación de la población y la atención a las víctimas. Y es que el único herido grave, un anciano que permanecía en coma inducido por las quemaduras que sufrió en el incendio de Maçao, tardó cuatro horas en recibir asistencia médica porque hubo «algunos condicionamientos», según las autoridades, que dificultaron su traslado en helicóptero.
Los incendios de este fin de semana han recordado la tragedia que vivió Portugal en 2017, cuando el fuego provocó un centenar de víctimas, en su mayoría en Pedrogao, muy cerca de la zona afectada ahora por las llamas.
Los alcaldes de las zonas afectadas han cuestionado el uso de los recursos empleados en la gestión, mientras el primer ministro, el socialista António Costa, ha recordado que la prevención es competencia municipal.
Costa, duramente cuestionado por la tragedia de 2017, no ha acudido a la zona de desastre, pero enviará hoy a uno de sus ministros a recorrer las localidades alcanzadas por las llamas.
El presidente del conservador PSD, Rui Rio, ha evitado la polémica por considerar que «es de mal tono» pedir responsabilidades cuando se combate contra el fuego, mientras Catarina Martins, del Bloque de Izquierdas, lamenta que una legislación obsoleta contribuya a alimentar el problema.
