Más allá de la España vacía(da)

En el discurso sociopolítico español sobre la despoblación rural, se suele recurrir al término «la España vacía», un concepto popularizado por el ensayo de Sergio Molino, La España vacía. Viaje por un país que nunca fue (2016). Sin embargo, en los últimos años, la expresión «la España vaciada» ha cobrado fuerza, impulsada por movimientos del medio rural que atribuyen la despoblación a decisiones políticas adoptadas desde las altas esferas del Estado central. 

En el debate «La cuestión palpitante: La despoblación rural en España», organizado por la Fundación Juan March, Vicente Pinilla, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza, y Rosario Sampedro, profesora titular de Sociología en la Universidad de Valladolid, analizan este fenómeno, mientras cuestionan los discursos predominantes y exploran posibles respuestas.

Las causas del éxodo rural

En una España donde la despoblación rural ha cobrado centralidad en la agenda política y en la conciencia colectiva, Pinilla insiste en que este fenómeno no puede entenderse como exclusivamente español, sino como un patrón que se repite en los países desarrollados. En estos contextos, explica, la modernización impulsó el desplazamiento de amplios sectores de la población rural hacia los núcleos urbanos, atraídos por mejores oportunidades laborales.

Según el economista, el cambio estructural que experimentó la economía española entre finales de los años cincuenta y la década de los setenta propició la creación de empleo en las ciudades, ya que para las empresas resultaba más rentable operar en estos entornos. A ello se sumó la consolidación del Estado de bienestar tras la Constitución de 1978, que reforzó entre las poblaciones rurales la percepción de una brecha en el acceso a servicios respecto a las urbes. 

Una causa adicional de la despoblación fue la salida de jóvenes y, especialmente, de mujeres hacia las ciudades. Sampedro subraya que, tradicionalmente, en el campo las mujeres desempeñaban el papel de trabajadoras invisibles: «Las mujeres en la agricultura, en los negocios familiares, tenían todas las desventajas de ser trabajadoras y todas las desventajas de ser amas de casa», explica. El rechazo a este modelo, añade, se transmitió de generación en generación, a través de discursos como: «Si quieres ser ama de casa, que sea de las de verdad, de las que no tienen que ir con las vacas o a la huerta. No te cases con un agricultor», o «encuentra un trabajo, pero de verdad, con reconocimiento, autonomía y salario», en ambos casos vinculando la posibilidad de progreso a la migración hacia la ciudad.

El desplazamiento de las mujeres ha tenido un impacto directo en el tamaño de la población de las zonas rurales y en las dinámicas comunitarias: «Ya no es solo que no nazca nadie», concluye Sampedro, «es que las mujeres no solo valen para que haya niños; valen para que las comunidades funcionen, para que las actividades productivas funcionen». 

Ni vacía, ni vaciada

Para los académicos, ambos términos, España vacía y España vaciada, resultan imprecisos. En primer lugar, insisten en que no se puede hablar de una España vacía, ya que las zonas rurales siguen habitadas, mientras que la denominación «vaciada» introduce un matiz de intencionalidad que no se corresponde con las causas reales del fenómeno.

Pinilla señala que esta interpretación argumenta que durante la dictadura de Francisco Franco existió una voluntad de vaciar el campo, mantenida posteriormente en democracia. Sin embargo, rebate esta idea al recordar que «el franquismo y el falangismo eran ferozmente ruralistas» e incluso que «para el régimen la inmigración rural-urbana era la muestra de su fracaso», lo que desmiente la teoría de que se tratara de un proceso intencionado.

Por ende, más que el resultado de políticas deliberadas, los expertos defienden que la movilización de la población rural respondió a la ausencia de políticas compensatorias que facilitaran la permanencia en el territorio, como el acceso equiparable a servicios esenciales, entre ellos la sanidad. 

Fomentando la participación local

Para Pinilla, garantizar que quienes quieran residir en el medio rural puedan hacerlo requiere «políticas compactas, cohesionadas y articuladas». En este sentido, subraya la necesidad de desplazar el foco desde iniciativas concebidas por la administración e implementadas en el terreno hacia políticas elaboradas y ejecutadas en colaboración con las comunidades del territorio. 

En este contexto, valora positivamente que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) esté impulsando medidas que incluyen «dar fondos a iniciativas locales». A su juicio, los programas que refuerzan el protagonismo comunitario son «ejemplos a seguir», como es el caso del proyecto LEADER, una propuesta de la Unión Europea en la que los propios habitantes diseñan estrategias de desarrollo a partir de las necesidades que identifican en su día a día.

Por su parte, Sampedro subraya que las políticas dirigidas al medio rural deben tener un carácter interseccional, sin limitarse a «la agricultura o el emprendimiento», sino abordando también cuestiones como «la movilidad, las normas que se aplican, los servicios públicos y la generación de empleos de calidad». En este sentido, destaca la importancia de promover una «formación profesional relacionada con las actividades del territorio», que permite a las comunidades locales acceder a «empleos cualificados, no simplemente a empleos sin formación».

«La mayor parte de la gente con la que he hablado en mis trabajos de campo es gente que ama vivir en el medio rural, que además tiene una identidad local muy fuerte, que quiere a su pueblo, que le gusta vivir allí», señala Sampedro, una percepción que Pinilla afirma haber observado también en sus investigaciones. Para ambos, la clave reside en garantizar que existan oportunidades suficientes para quienes desean quedarse y, para ello, concluyen, es imprescindible reconocer las necesidades específicas de cada zona rural.