Varias parejas divorciadas llevan a los tribunales la vacunación de sus hijos
Raquel Manzanares | EFE
La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha alertado este martes de que algunas parejas divorciadas están acudiendo ya a los tribunales ante sus discrepancias a la hora de vacunar a sus hijos frente al coronavirus de cara al inicio del curso escolar.
Lo más importante: en el caso de que no se llegará a un consenso entre los padres y hubiera que recurrir a la Justicia, la decisión sobre vacunar o no a los menores podría retrasarse hasta un año, afirma AEAFA.
Letrados de distintos puntos de España han interpuesto demandas de jurisdicción voluntaria para dirimir esta cuestión ante la imposibilidad de los padres de llegar a un acuerdo. La dilatación de este proceso se debe a que no existe jurisdicción especializada en Familia, Menores y Discapacidad en España, denuncia la asociación, que señala que estos casos se deberían resolver en un «plazo razonable», de 15 o 20 días, con una «comparecencia inmediata y resolución» para que «no se ponga en riesgo la salud de nadie».
Los abogados recuerdan que la vacunación afecta a la patria potestad de los menores y en caso de desacuerdo en padres divorciados, ambos deberán acudir al juzgado para dirimir la controversia, algo que también se podría producir en parejas casadas.
Sobre este asunto, la asociación subraya que los adolescentes de 16 o más años tienen capacidad para aceptar o rechazar las vacunas pero los niños y las niñas de 12 a 15 años necesitan el acompañamiento y consentimiento de los padres o tutores legales.
En caso de que ambos padres conserven la patria potestad del menor y discrepen, el Gobierno apunta que «la vacunación de la COVID-19 debe considerarse a estos efectos como una vacunación de calendario oficial, pues su indicación ha sido establecida por las autoridades sanitarias».
«Los servicios sanitarios, si entienden que esta decisión comporta riesgos extraordinarios al adolescente, por sus circunstancias clínicas individuales y la situación de riesgo de exposición al virus, pueden solicitar una decisión judicial», indica el Ejecutivo.
