El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde ha autorizado este miércoles la extradición del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Estados Unidos, que le reclama por supuesto blanqueo de dinero, aunque la defensa ya ha adelantado que apelará ese fallo.
En contexto: Saab, de 49 años, fue detenido el 12 de junio de 2020 en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de Cabo Verde, tras una petición de EEUU a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero. Su nombre saltó a la palestra de los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser un testaferro de Maduro, pero su relación con el chavismo comenzó en 2011, cuando firmó un contrato para hacer casas prefabricadas con Hugo Chávez.
El Supremo ha rechazado el recurso de apelación de Saab presentado ante esa instancia y ha ratificado la decisión de una corte inferior de aprobar la entrega del empresario.
Cabo Verde –según los magistrados del Supremo– no está vinculado a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), bloque al que pertenece el país, y que el pasado lunes falló contra la extradición del empresario y ordenó su liberación inmediata. Por consiguiente, la sentencia de la corte de la CEDEAO no será aceptada.
El equipo legal de Saab ha adelantado que presentarán una apelación ante el Tribunal Constitucional (máxima instancia judicial de Cabo Verde), según han confirmado a Efe. «Reafirmamos nuestra confianza en que el embajador Saab será puesto en libertad».
El Gobierno del país africano ya aprobó el año pasado la entrega del supuesto testaferro y, desde entonces, sostiene que el caso debe seguir sus trámites legales en Cabo Verde, estando la Procuraduría General a la espera de la decisión definitiva de la Justicia. Sus abogados argumentan que «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela».
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con estos comités, cuyas ayudas se entregan a los más desfavorecidos, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se habrían lucrado con «cientos de millones de dólares».
Washington también interpuso cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela. Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
