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España

El Congreso da luz verde a la tramitación para despenalizar la eutanasia

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Última actualización: 26 Nov 2018, 11:41 am CEST
Foto: Congreso de los Diputados | Twitter

El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite este jueves la proposición de ley del Parlament de reforma del Código Penal para la despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio. Esto supone un primer paso para un debate sobre la posible despenalización y regulación de la eutanasia, algo que la Cámara baja ya había rechazado en 16 ocasiones.

La propuesta del Parlament solicita una reforma del artículo 143.4 del Código Penal para despenalizar la eutanasia y ayuda al suicidio, y exonerar de responsabilidad penal a quien ayuda a morir a una persona con una enfermedad terminal o incurable que le provoque un sufrimiento físico o psíquico grave.

La propuesta, que ha contado con 173 votos a favor, 135 en contra y 32 abstenciones, tiene que ser debatida, junto a las enmiendas que se presenten, en Comisión, previsiblemente en la de Sanidad o Justicia, y luego regresar al pleno, donde necesita de la mayoría absoluta para seguir su trámite en el Senado.

La defensa de la proposición ha corrido a cargo de las diputadas del Parlament Alba Vergés i Bosch, del grupo parlamentario Republicà; Assumpta Escarp Gilbert, de Socialistes i Units per Avançar; y Marta Ribas Frías, de Catalunya En Comú Podem.

Las diputadas han argumentado que la ley actual “impide que en Cataluña se facilite la muerte digna y sin sufrimiento a la persona que, en situación de sufrimiento insoportable y en plena posesión de sus facultades para decidir, expresa su deseo de morir y solicita ayuda para ello”.

Además de la negativa del PP y de UPN, Ciudadanos ha advertido de que esta iniciativa solo protege a quienes practican la eutanasia, pero se olvida de los pacientes que sufren y ha insistido en que esta reforma necesita un marco regulatorio.

Por su parte, el PSOE ha incidido en la importancia de que la despenalización de la eutanasia vaya acompañada de una regulación de la misma, como la que se incluía en la proposición de ley que los socialistas presentaron la semana pasada.

Actualmente, el Código Penal contempla penas de prisión de entre cuatro y ocho años para “quien induzca al suicidio de otro”, y a penas de entre dos y cinco años para quien coopere con “actos necesarios al suicidio de una persona”.